ASTILLERO Ť Julio Hernández López
En Durango se está cumpliendo la aspiración de darle bienestar a la familia. Desde que Angel Sergio Guerrero Mier tomó posesión de la gubernatura del estado, se han multiplicado los casos de funcionarios que son parientes entre sí. La apropiación de los cargos (y sus presupuestos) es tan sólo una de las muestras del estilo depredador con el que se ejerce el mando en aquella entidad.
La siguiente es una lista de funcionarios que forman parte de la familia feliz de Durango:
José Hugo Martínez Ortiz acaba de ser nombrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, y es concuño del gobernador Guerrero Mier.
Leodegario Soto Cesaretti es director de Pensiones y su hermano Fermín es subsecretario de Obras Públicas.
Marco Güereca Díaz es oficial mayor del Congreso del estado, su hermano Carlos es regidor en el ayuntamiento de Durango y otro hermano, José Ramón, es administrador de la Procuraduría General de Justicia local.
Susana Pacheco es subsecretaria general de Gobierno y su hermano Ricardo es delegado del ISSSTE.
Moisés Moreno Armendáriz es subprocurador de Justicia y su hijo Moisés Moreno Rangel es recaudador de rentas.
Víctor Palencia Alonso es subsecretario de Educación, Cultura y Deportes, y su hijo Walter es subdirector del registro civil.
Raúl Obregón Almodóvar es jefe de la Policía Judicial del estado y su hijo Raúl Obregón Maa es agente del Ministerio Público.
Jesús Flores López es secretario general de Gobierno y su sobrino Juan Manuel Flores Alvarez es secretario de la Contraloría estatal.
Olga Centeno Quiñones es directora de Averiguaciones Previas de la Procuraduría estatal, y su prima Beatriz Galindo Centeno es magistrada del Tribunal Superior de Justicia.
Todo queda entre concuños
En este paraíso de felicidad familiar destaca el caso del concuño del gobernador que ha sido habilitado como titular del Poder Judicial del estado. Resultaría altamente injusto pretender frenar las posibilidades de desarrollo profesional y político de una persona a partir de sus relaciones familiares. Hay casos muy claros de personajes que han creado su propia figura por encima de apellidos y consanguineidades. Sin embargo, no es el caso de José Hugo Martínez Ortiz, cuya vinculación y dependencia respecto a Guerrero Mier es más que evidente.
Martínez Ortiz, quien está casado con una hermana de la esposa de Guerrero Mier, ha sido dos veces rector de la universidad local y secretario de Educación del gobierno estatal. Pero, en cuanto Guerrero Mier fue postulado como candidato para suceder a Maximiliano Silerio Esparza, se convirtió en pieza esencial de la maquinaria que llevaría a Angel Sergio al poder: fue nombrado presidente del PRI estatal y, desde ese cargo, coordinó la campaña electoral de quien, en cuanto tomó posesión, lo propuso al Congreso estatal (dominado por el PRI) para que fuese nombrado presidente del Tribunal Superior de Justicia.
La evidente dependencia política del presidente del Poder Judicial respecto al Ejecutivo rompe con el mínimo de formas necesarias para siquiera aparentar una republicana división de poderes. Dos miembros de una misma familia política concentran la titularidad de dos de los tres poderes de una entidad federativa. El tercero, el Legislativo, está dominado plenamente por el Ejecutivo. Así están más que bien cubiertas las espaldas del enriquecido Silerio Esparza y las del propio Guerrero Mier, y se cumple cabalmente el mandamiento del decálogo priísta que ordena: tapaos los unos a los otros.
Posibilidades de enmienda jurídica
Pero, además (según reporta el corresponsal de La Jornada en Durango, Emmanuel Salazar), ha comenzado a tomar forma la posibilidad de que el PAN empiece un juicio de controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según adelantó el senador duranguense Juan de Dios Castro. (Por cierto, Acción Nacional es hoy el único partido de aquellas latitudes con congruencia política. Sometido el nombramiento del concuño del gobernador a la consideración de los diputados locales, los dos legisladores perredistas mostraron un vergonzoso sentido de comprensión hacia el pariente cómodo y se abstuvieron de votar; los cuatro del PT, por su parte, votaron a favor, al igual que la bancada del PRI. Los únicos que manifestaron su oposición fueron los panistas.)
La controversia constitucional estaría fundamentada en el hecho de que los párrafos decimotercero y decimoséptimo de la Ley de Servidores Públicos del Estado de Durango prohíbe a los funcionarios participar en asuntos en los que pudiesen ser influidos por circunstancias familiares. Según esos ordenamientos, los servidores públicos deben abstenerse de participar en la designación, promoción, remoción, cese o sanción de cualquier otro servidor cuando se tenga interés personal, familiar o de negocios.
Ya como mera cereza del coctel, se agrega el dato de que en la Secretaría de Finanzas del gobierno estatal se nombró a Francisco Luis Monárrez Rincón, miembro de la familia propietaria del Grupo Industrial Durango. Ese grupo, y el denominado Sector Privado Empresarial, encabezado por Jorge Saravia, fueron los principales aportadores de capital para la campaña electoral de Guerrero Mier, según declaraciones hechas en días anteriores por Adrián Alanís Quiñones, quien fue coordinador de la campaña del candidato priísta a gobernador y, ahora, despacha como secretario de Comunicaciones y Obras Públicas. Alanís Quiñones es primo de Abdón Alanís González, quien en 1997 denunció al entonces gobernador Silerio Esparza por desviar recursos del erario para remodelar su rancho Las Aguilas.
Pero, bueno, todo sea por el bienestar de las familias duranguenses que han llegado al poder.
Astillas: Las previsiones se cumplieron en Baja California Sur: Leonel Cota Montaño ha dejado el PRI y ahora encabezará un intento, desde la oposición perredista, para desbancar al estilo de gobierno (más que un grupo consolidado es una tendencia caracterizada por la corrupción y la prepotencia) que lleva 12 años en el poder en aquella porción peninsular, y que buscará otro seis con Antonio Manríquez Guluarte. Las palabras que en privado y de manera reiterada pronunció el senador priísta y general José Antonio Valdivia antes de la elección interna priísta, asegurando que no se prestaría a una cochinada y que estaría estaría dispuesto a ir hasta donde le dijera la gente para echar fuera del poder a quienes han hundido en la miseria y en el vicio a su pueblo, le comprometen a tomar decisiones claras, y en el contexto que hoy se encuentra, no le queda, para ser congruente con lo que antaño decía, más que el camino de la oposición, ya sea aliado a Cota Montaño o tomando una postura aparte... Pedro Joaquín Coldwell vivió momentos difíciles como comisionado gubernamental para el diálogo en Chiapas. Político educado en las reglas del sistema, el ex gobernador de Quintana Roo se estrelló más de una vez en esa misión, con criterios y actitudes que le resultaban inexplicables. Pero, silencioso, sin desahogarse más que en contadas ocasiones, siempre en privado, dejó el cargo y se fue a La Habana como embajador. Ahora, su hermana Addy ha sido maltratada por esa grave torpeza política con la que día tras día se enredan los hilos de la política nacional. Aparentemente beneficiada por la declinación del delfín del gobernador Mario Villanueva Madrid, Addy fue dañada luego por la renuncia pública de ese mismo delfín, Jorge Polanco Zapata. Más delante, Addy perdió la candidatura gubernamental frente a Joaquín Hendricks y renunció al PRI. En La Habana, ¿seguirá el silencio, el respetuoso cumplimiento de los protocolos? ¿La renuncia es una decisión de clan familiar? ¿Habrá un diplomático más en el futuro del PRD?
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