En el Indice sobre la Percepción de Corrupción de 1998, elaborado por Transparency International, nuestro país obtiene una calificación de 3.3 en una escala del 1 al 10, que lo sitúa en niveles de corrupción semejantes a los de Filipinas y Senegal.

Aunque reportes de esa clase no pretenden ser concluyentes ni definitivos, resulta indudable que el documento mencionado refleja el sentir de la inmensa mayoría de los mexicanos acerca de la gravedad y extensión de las prácticas de soborno, extorsión, apropiación indebida de bienes públicos, prevaricación, desvío de recursos, venalidad, asignación fraudulenta de contratos y adquisiciones, tráfico de documentos oficiales y otras actividades ilícitas en la administración pública.

Tales prácticas distorsionan el funcionamiento regular de casi todas las esferas de la vida nacional: en la economía, desempeñan un importante papel en la gestación de las crisis cíclicas de fin de sexenio, propician la desconfianza financiera, encarecen los costos de producción de bienes y servicios y hacen decrecer, de esa forma, la productividad y competitividad del país ante el extranjero.

En materia de política social, acentúan los desequilibrios sociales, de suyo graves, la marginación y la miseria; en el ámbito de los servicios públicos, degradan la calidad y la cantidad de éstos y reducen, por consiguiente, el bienestar general; en la vida política conducen a situaciones de empantanamiento y a riesgos de ingobernabilidad, como se ha visto en el caso del accidentado y polémico proceso de regularización del Fobaproa.

Pero es en el terreno de la procuración e impartición de justicia en donde resultan más alarmantes y peligrosas las consecuencias de la corrupción. Más allá de que se traduce en impunidad, inseguridad generalizada y crecimiento descontrolado de la delincuencia, la corrupción plantea problemas que trascienden el dominio de la seguridad pública y se inscriben en la esfera de la seguridad nacional.

Tal es el caso del narcotráfico, que a decir del procurador general de la República, Jorge Madrazo Cuéllar, sigue infiltrando las instituciones y corporaciones de procuración de justicia del país mediante ``ríos de oro'' que corrompen a muchos servidores públicos.

En conclusión, la sociedad y las autoridades deben otorgar prioridad al combate a la corrupción, toda vez que una reducción drástica de las múltiples prácticas ilícitas englobadas en ese término redundaría positivamente en la formulación de soluciones para casi todos los otros grandes problemas nacionales.