Maniobra CSG para limpiar su imagen
Juan Manuel Venegas Ť A través de su representante legal en México, el ex presidente Carlos Salinas de Gortari solicitó ayer a la Procuraduría General de la República (PGR) la comparecencia de los ex procuradores Enrique Alvarez del Castillo, Ignacio Morales Lechuga, Jorge Carpizo McGregor, Diego Valadés Ríos y Humberto Benítez Treviño, como testigos de que en el sexenio 1988-1994 se ``combatió enérgicamente la producción, tráfico y consumo de estupefacientes''.
Según el abogado Mariano Albor, el testimonio de los cinco procuradores de la República que nombró Carlos Salinas de Gortari ``pondrá en evidencia las virtudes de la organización social, jurídica y política'' de México, y establecerá un ``contraste objetivo en relación con los dichos de criminales que están cautivos en cárceles extranjeras y son utilizados para que se desahoguen turbiamente diligencias por las autoridades de otros países''.
Este nuevo alegato jurídico de Salinas y su abogado se da a unos días de que, oficialmente, la procuradora de Suiza, Carla del Ponte, dé a conocer las conclusiones de la investigación que realizaron en su país en torno a las actividades de Raúl Salinas de Gortari -hermano del ex presidente- y que todo hace indicar lo vincularán con sobornos del narcotráfico, a partir de las declaraciones que han vertido diversas personas acogidas al programa de protección de testigos estadunidense, según publicó The New York Times.
La defensa de Salinas, a partir del argumento de que con estas acusaciones se atenta contra la soberanía del Estado mexicano y las instituciones nacionales no es nueva. Hace tres meses, en ocasión de la visita a México del juez Patrick Fievet, Albor acudió ante la PGR para acusar al funcionario judicial francés de atentar contra ``la integridad de personas e instituciones mexicanas de primera importancia para la vida nacional''.
Fievet, en filtraciones a algunos medios de comunicación, vinculó a Carlos, Raúl y Enrique Salinas de Gortari en presuntas operaciones de blanqueo de dinero. En Francia, según lo informado por Fievet, las investigaciones están en curso e incluyen los nexos de los Salinas con el ex director de Aeroméxico, Gerardo de Prevoisin.
Ahora, Albor Salcedo reaccionó a una nota de The New York Times, en la cual se adelanta que el informe de las autoridades suizas ubican a Raúl Salinas controlando ``prácticamente todos los embarques de drogas'' en México, por lo que podría haber recibido hasta 500 millones de dólares en sobornos de los narcotraficantes.
La información del matutino neoyorquino indica además que en el sexenio deCarlos Salinas hubo pasividad en el combate al narcotráfico y resalta la probable relación de empleados del gobierno salinista con los cárteles de la drogas.
En relación con esa nota periodística, Albor dirigió un primer escrito a la PGR, en la que la recuerda a su titular, Jorge Madrazo Cuéllar, que él también formó parte de la administración de Salinas (lo designó presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos) ``por lo que no escapa a los reproches o señalamientos de los testigos falsos'', en los que se basó la conclusión de las autoridades suizas y, por tanto, la información del Times.
El ataque del diario ``a todos alcanza'', dijo Albor en su presentación primera ante la procuraduría, que por su parte le respondió en un comunicado, advirtiéndole que no caerá en ``las provocaciones'' ni en ``las maniobras'' que pudiera pretender el abogado, ``que busca propiciar un litigio paralelo ante los medios de comunicación''.
También, ratificó la PGR, continuarán las investigaciones en torno de las actividades de Raúl Salinas de Gortari por delitos de narcotráfico. El hermano del ex presidente se encuentra actualmente bajo proceso por su presunta participación en el homicidio de José Francisco Ruiz Massieu y enriquecimiento ilícito.
Los ex procuradores, testigos de la ``eficiente'' lucha contra el narco: Albor
En el nuevo escrito que dirigió ayer a la PGR, Albor Salcedo pidió que los cinco procuradores que Salinas de Gortari nombró en sus seis años de gobierno, comparezcan ante el Ministerio Público, toda vez que sus manifestaciones ``son relevantes, porque intervinieron en el diseño de programas y políticas y desarrollaron acciones encaminadas a combatir los delitos contra la salud pública. En su momento, cada uno de ellos realizó actividades de carácter nacional e internacional (y) cuando convivieron con sus homólogos de otros países recibieron el reconocimiento por la calidad de su trabajo en este campo social''.
Albor sostiene que las instrucciones presidenciales ``confirman que México, como un Estado de Derecho que propugna por el hombre en su dignidad y salud, combatió enérgicamente todas las manifestaciones materiales, económicas y financieras relacionadas con la producción, tráfico y consumo de sicotrópicos y estupefacientes''.