Durante las Jornadas Sociales organizadas por el Centro de Atención al Indígena Migrante las organizaciones indígenas participantes pusieron sobre la mesa los condimentos de lo que puede llegar a constituirse como la agenda de los derechos indígenas para la ciudad de México.

Antes que nada, la demanda de visibilidad, esto es, de asumir que los pueblos indígenas y las poblaciones indígenas migrantes son parte de la ciudad, que ésta es, aunque aún no lo haya asumido, un espacio pluriétnico y multicultural. Una ciudad de ciudadanos y barrios, pero también de pueblos y comunidades. Una entidad plural.

En el DF se va constituyendo, por lo pronto en dos pistas, un movimiento indígena con las particularidades de la ciudad. La primera, más depurada teóricamente y que adapta a situaciones específicas elementos comunes del movimiento indígena nacional: la demanda de integridad territorial, de control y uso sustentable de recursos naturales, de reconocimiento y validación de autoridades propias, y que encuentra su expresión fundamental en los pueblos indígenas originarios asentados en las delegaciones políticas del sur de la ciudad.

La segunda pista, la de las poblaciones indígenas migrantes y su cúmulo de reclamos por la falta de acceso al goce de derechos sociales básicos como la vivienda, la salud, la educación, con lo cual tienden un puente de entendimiento con otros sectores sociales depauperados de la ciudad, pero también señalan las particularidades en contenidos que estos servicios deben tener en una perspectiva pluricultural. No se trata de cualquier tipo de salud, de educación o de distribución del espacio doméstico y comunitario.

No obstante esta distinción de énfasis entre los pueblos originarios y las poblaciones migrantes se articulan con demandas comunes. De manera destacada, la necesidad de que la ciudad deje de ser un espacio de discriminación de lo indígena y los indígenas, que se erradiquen las prácticas institucionales y la cultura social de la discriminación que segrega a pueblos, comunidades, organizaciones e individuos indígenas de la dinámica sociocultural de la ciudad, limita su peso político y les recuerda su pertenencia a un medio ancho y ajeno. De la mano va el reclamo de que la procuración e impartición de justicia no sólo sea pronta y eficaz, sino sobre todo que se adecue a las peculiaridades culturales de los pueblos indígenas, empezando por cumplir eficientemente con las normas jurídicas procesales que ya están establecidas.

En un horizonte de demandas dispersas, como las de todo movimiento social en construcción, el derecho a la justicia y el derecho a una identidad cultural propia sin discriminación, aparecen como fluidos vasos comunicantes de reafirmación de la presencia indígenas en la ciudad, como instrumentos articuladores. A ellos se suman la aspiración de ampliar el uso público de las lenguas indígenas y el acceso a los medios de comunicación.

Los indígenas en el DF habían permanecido hasta ahora invisibles o con una visibilidad denigrada. En un ambiente de exclusión prefirieron permanecer en la sombra o mimetizados. La discriminación aconseja silencios y nutre disfraces. La condición oculta de lo indígena empieza en las propias estadísticas que no dan cuenta por los criterios con los que se construyen, de la magnitud de la presencia indígena. Pero aún así, de acuerdo a datos oficiales disponibles, se sabe que en la ciudad de México vive uno de cada 20 indígenas del país y hay presencia individual o colectiva de todos los pueblos indígenas de la nación. Sirva ello de indicador de la magnitud de la densidad indígena en el DF.

En la medida en que se desmonte la práctica social de la discriminación se manifestará la riqueza pluricultural de la ciudad. Sólo así podrá establecerse un verdadero diálogo intercultural. Pero ello requiere que los derechos indígenas sean asumidos como un asunto de todos, como parte del nuevo orden jurídico y moral de la ciudad y, por lo tanto, de la agenda para la reforma política del DF.