La Jornada viernes 25 de septiembre de 1998

Denuncian impunidad de paramilitares en Oaxaca

Estimada señora directora: Nuevamente en Mazatlán Villa de Flores, un grupo armado paramilitar ha propiciado el derramamiento de sangre sin que las autoridades judiciales de Oaxaca apliquen la ley, todo lo contrario, continúan protegiendo a los que con las armas violaron la constitucionalidad del municipio.

El 19 de septiembre fue asesinado en su domicilio Germán López Merino. Misteriosamente, las dos mujeres con las que vivía afirman en su declaración munisterial que no se percataron de la hora del crimen ni de quién lo cometió.

Las dos mujeres dieron parte del homicidio al agente municipal Vidal Rojas Cano, quien avisó al agente del Ministerio Público, Agustín Reyes Aguirre, para que actuara. Con base en la denuncia presentada por la madre del occiso, Modesta Merino León, se inició la averiguación previa 23/19/98, realizándose todos los peritajes y la necropsia de ley. Las dos mujeres en presunción quedaron bajo arresto domiciliario en la comunidad de Aguacatitla; el martes 21 integrantes del grupo armado dirigidos por Maximino Marín Zaragoza, Gabino Enríquez Filio y otros, ofreciéndoles protección a las mujeres, las sacaron del municipio y las llevaron ante el procurador del estado. Ahí, juntos planearon la desviación de las investigaciones con falsedad en las declaraciones, culpando al señor Rojas Cano, a Jesús Carrizoza Hernández y a Alberto Hernández Robles. El mismo procurador, violando todo procedimiento, llegó a acuerdos con el grupo armado --en una minuta firmada el 22 de junio el gobierno de Oaxaca reconoce la existencia de ese grupo y se compromete a ejecutarles las órdenes de aprehensión. Existe un proceso en la PGR fundado en la averiguación 6246/BAFMI/98, para investigar a ese grupo armado, el cual goza de impunidad--; luego comenzó una nueva averiguación, expidió una orden de aprehensión en contra de la autoridad y, violando la ley, desconoció la averiguación y el levantamiento judicial que se realizó en el lugar de los hechos.

La gravedad reside en el hecho de que fueron integrantes del mismo grupo armado quienes secuestraron al agente municipal y a la señora Modesta Merino León y los trasladaron ante el Ministerio Público de Teotitlán. ¿Porqué se permite que este grupo tenga derecho a deliberar y a hacer justicia por sí mismo?

Llamamos a la Procuraduría General de la República para que acuda al lugar de los hechos, que éstos sean reconstruidos con base en la averiguación 23/19/98, y sea restituida por ese medio la constitucionalidad en el municipio.

Apolonio García Palacios, presidente municipal indígena constitucional; Cenobio Carrizoza Aguilar, regidor de Educación; Salomón Rayón Jiménez, agente de Aguacatitla

Pide ayuda para resolver caso de violencia intrafamiliar

Señora directora: Recurro a usted confiando en el apoyo humanitario que ha dado a las causas difíciles.

Señora Nilda Patricia Velasco de Zedillo, presidenta del DIF nacional:

Recurro a usted como mujer que soy y porque pienso que puedo ser escuchada por otra mujer.

Desde hace aproximadamente dos años mi hija perdió la vida a causa de violencia familiar que caracterizó su relación de pareja, responsable directa de su muerte. Desde entonces mi esposo y yo hemos venido luchando por la patria potestad de nuestras nietas, que tienen ahora cinco y siete años.

Ahora el padre de mis nietas está en la cárcel por haber perjudicado a otra mujer y sus hijos. Estamos solicitando la patria potestad de mis nietas debido a la violencia psicológica en la que viven. ¡No tengo el derecho ni de verlas! Lo que solicité al juez segundo de lo familiar en esta ciudad, licenciado Sergio Fernández Villagrán, y lo negó.

Las leyes del estado de Mi- choacán no han tenido ninguna modificación en materia familiar, pese a la lucha que grupos de mujeres hemos emprendido desde hace más de dos años por lograr la tipificación de violencia intrafamiliar, que contempla aspectos relativos a la patria potestad en el sentido de las modificaciones que ya se dieron en las leyes respectivas del DF: ``A falta de ambos padres o por cualquier otra circunstancia prevista en este ordenamiento, ejercerán la patria potestad sobre los menores, los ascendientes en segundo grado en el orden que determine el juez de lo familiar, tomando en cuenta las circunstancias del caso''. Pero en el estado de Michoacán el Código Civil da preferencia a los abuelos paternos. En tanto la ley no cambie, casos como el mío son y seguirán siendo frecuentes.

Tendría que recordar que mi hija fue víctima de violencia familiar y ni siquiera pude acusar al culpable porque la ley no contempla la violencia familiar como delito. He sido acusada de ser responsable de todo esto, e incluso de intento de secuestro por querer saludar a las hijas de mi hija. He recurrido a todas las instancias oficiales del estado de Michoacán. En este momento el juicio se encuentra en apelación ante la quinta sala civil, número I-277/98.

No me queda más remedio que solicitar su intervención de la manera que usted crea pertinente. Considero que al ayudarme a resolver el problema de mis nietas, ayuda usted a solucionar los problemas de muchas mujeres michoacanas que siguen viviendo en situaciones de violencia.

Yolanda García Ambriz de Cano. Organizaciones que apoyan esta solicitud: CAMVI, Centro de Atención a la Mujer Violentada; Ayuda Mutua, AC; Laboratorio de Investigación y de Educación Ambiental de la Facultad de Biología de la UMSNH; COESPO, Coordinación de la Oficina de Atención a la Mujer; EMAS, AC; CEMIF Vasco de Quiroga, AC; Coordinación de ONG de Mujeres; Casa de la Cultura Purépecha de Paracho; Red de ONGs de Derechos Humanos; Coordinadora Estatal de la Promoción de la Mujer del PAN y CEE del PRD Michoacán

Advierte contra probable brote de dengue en Guerrero

Señora directora: Reciba un modesto reconocimiento de este lector, quien durante 14 años se ha hecho acompañar de La Jornada, al mismo tiempo que le ruego publicar la siguiente carta dirigida a:

Juan Ramón de la Fuente, secretario de Salud

Gobierno de Guerrero:

En días pasados visité a mí madre en el poblado de Axoxuca, municipio de Tlapa, en la montaña de nuestro estado, por encontrarse enferma. Pude constatar la existencia de otros casos con cuadros clínicos muy semejantes al de ella. Dicha situación epidemiológica me obliga a hacerle una sugerencia: practicar exámenes serológicos para descartar la presencia del flavivirus causante del dengue, medida que debera acompañarse de la participación comunitaria en el sa- neamiento básico y otras actividades del sector salud, para eliminar el mosquito trasmisor, que ha aumentado con las lluvias. Agradezco por anticipado la gentileza de su atención.

Dr. Humberto Merino Cortez

Exigen la libertad de académico encarcelado

Señora directora: Nos permitimos solicitarle atentamente la publicación de la siguiente carta.

Hace casi seis meses, el profesor Sergio Valdez Ruvalcaba, maestro de la Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco, fue detenido sin orden de aprehensión con otros diez compañeros en la comunidad de Taniperla, Chiapas, acusados de participar en la constitución del municipio autónomo Ricardo Flores Magón.

Hasta el momento se ha seguido un proceso plagado de irregularidades legales, a pesar de las cuales se les han retirado las cuatro acusaciones más graves; sin embargo, se les sigue acusando falsamente de los delitos de despojo y daño en propiedad ajena.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos, por medio de una recomendación enviada al licenciado Roberto Albores Guillén, demostró la inconsistencia de las acusaciones, pese a lo cual el gobernador sustituto se negó a aceptar dicha recomendación. Recientemente Amnistía Internacional, en visita al penal de Cerro Hueco, verificó la inconsistencia mencionada. No obstante, se persiste en mantener las acusaciones y en pretender que ellos acepten delitos que no cometieron, otorgándoles a cambio la libertad bajo fianza.

La parte defensora ha interpuesto el recurso de incidente de libertad, sobre todo teniendo en cuenta que los denunciantes declararon que habían sido coaccionados para presentar la denuncia, ya que ni siquiera conocían a los acusados; además los acusadores que debía presentar la Procuraduría de Justicia, en cuatro ocasiones se han rehusado a presentarse a declarar.

Todo lo anterior manifiesta la inconsistencia del proceso, evidente situación de ``desvanecimiento'' de los delitos que se les atribuyen.

Por lo tanto, los abajo firmantes, miembros de la Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco, demandamos la libertad inmediata e incondicional del profesor Sergio Valdez Ruvalcaba y de los demás que aún permanecen injustamente en prisión.

Dr. Guillermo Villaseñor García, director de la División de Ciencias Sociales y Humanidades. Bulmaro Villarruel Velasco, Ernesto Montes Hernández, Griselda Cortés Martínez, Benita Rodríguez Sánchez, Laura Piña, Eloy Rubio de la Rosa, Perla Romero Rodríguez, Adriana Desentis Vázquez, Ma. Luisa García A., Margarita Castro y otras 147 firmas

N de la R: En la información publicada en la edición del jueves 24 del presente mes acerca de la comparecencia del secretario de Educación Pública, Miguel Limón Rojas, ante la Cámara de Diputados, equivocadamente citamos que el funcionario evadió la segunda ronda de cuestionamientos de los legisladores. En realidad, los propios diputados aprobaron un nuevo formato para las comparecencias, mismo que elimina la segunda ronda de preguntas. Ofrecemos una disculpa a nuestros lectores y al propio secretario.