De la Barreda: Tlatelolco, acto de poder criminal y estúpido

Alma E. Muñoz Ť ``El derramamiento de sangre en la aciaga noche del 2 de octubre se debió a un acto de poder que fue tan criminal como innecesario y estúpido'', sostuvo Luis de la Barreda, y destacó que lo más relevante de aquel hecho fue que ``desde el gobierno se ordenaron y se cometieron los crímenes contra gente desarmada, sin que hubiera un solo procesado por ellos''.

El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) describió la situación de entonces: ``No había la prensa que hoy existe; no existía libertad para hacer manifestaciones callejeras; no había tampoco libertad para registrar cualquier partido; la izquierda no tenía una opción partidaria para luchar y prácticamente no había elecciones, éstas eran simplemente un trámite para legitimar en todos los casos los triunfos del partido en el poder, del PRI''.

Durante el coloquio México, 30 años en movimiento, que organiza la Universidad Iberoamericana, De la Barreda mencionó que en 1968 ``prevalecía una total impunidad respecto a los actos de poder'' y era muy común que los delitos se investigaran ``invariablemente'' por medio de la tortura.

A pesar de todo esto, el ombudsman capitalino rechazó -más tarde en entrevista- que la matanza de Tlatelolco pueda considerarse como un genocidio. En este sentido, consideró que las peticiones de castigo hacia los autores intelectuales de los hechos no procederán porque ``ya prescribieron los delitos''.

Ante unos 200 estudiantes resaltó que, gracias al 68, ``hoy tenemos una sociedad en un acelerado proceso de transición democrática'', con oportunidad para expresar mediante protestas callejeras cualquier convicción política.

De acuerdo con Luis de la Barreda, el movimiento estudiantil llenó a la ciudad de México de ``algarabía rebelde, de la algarabía y el júbilo de cientos de miles de estudiantes y de algunos cientos de miles de profesores, que básicamente decían no al autoritarismo y a la arbitrariedad''.

En el análisis sobre los hechos, aplaudió la dirección de Julio Scherer en Excélsior, la de José Pagés Llergo en la revista semanal Siempre! y la columna ``Por mi madre, bohemios'', de Carlos Monsiváis.

Ello sirvió para conocer sobre los hechos con opiniones ``no solamente disidentes sino de crítica radical a las posturas del gobierno y de la clase en el poder''.

Así, recordó los textos de Monsiváis, que en su primera entrega dedicada al 2 de octubre ironizara sobre las declaraciones del entonces secretario de la Defensa Nacional, Marcelino García Barragán, de que en México estaban vigentes todas las libertades, después del 68.

Para centrar sus declaraciones y ejemplificar sobre los ``excesos gubernamentales'' de aquella época, el presidente de la CDHDF recordó las detenciones de Demetrio Vallejo y Valentín Campa, líderes del movimiento ferrocarrilero de 1959, y cuyo encarcelamiento continuaba durante el mandato de Díaz Ordaz, hecho que ubicó a México como el único país en América Latina ``donde unos líderes obreros estuvieran presos tanto tiempo por encabezar un movimiento sindical''.

A 30 años de los sucesos del 68, De la Barreda Solórzano se declaró en contra de las posturas de militantes de izquierda, feministas o sindicalistas de avanzada para buscar desenmascarar a los culpables de esos hechos.

``La desmitificación, desde mi punto de vista, sigue una mecánica de rebajamiento conformista'', argumentó.

En estas tres décadas podemos hablar de democracia y ``en donde por primera vez en la historia de México se le da el triunfo en las elecciones a quien obtiene más votos en las urnas. Hoy tenemos una sociedad en un acelerado proceso de transición democrática que no existía con esas características en 1968''.

Por segunda ocasión, Luis de la Barreda puso de relieve que la matanza del 2 de octubre respondió a un crimen ``innecesario y estúpido''. Y al comparar la conducta gubernamental de entonces con la de hoy, sobre todo con el caso de los seis jóvenes ejecutados en la colonia Buenos Aires, dijo que ahora hay agentes y jefes policiacos sometidos a proceso, mientras que en 1968 ``prevalecía una total impunidad respecto a los actos de poder. En aquel entonces era muy común que los delitos se investigaran invariablemente por medio de la tortura; hoy la tortura es una práctica que si bien no ha desaparecido es cada vez más esporádica y tenemos a varios servidores públicos procesados'', concluyó.