Si un rasgo persiste, en el régimen actual, del autoritarismo que caracterizó al gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, se expresa en las evasivas civiles y en las negativas militares a poner a disposición del Congreso de la Unión los archivos y documentos sobre el movimiento estudiantil de 1968 y la violenta respuesta represiva oficial.

Ante la incompresible cerrazón del poder público a ventilar a fondo, y de una vez por todas, los trágicos sucesos de aquel año, la Cámara de Diputados se dispone a llevar una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia para que ésta ordene al Ejecutivo --y particularmente a la Secretaría de la Defensa Nacional-- que entregue a los legisladores la documentación hasta ahora negada por razones de supuesta ``seguridad nacional''.

El esclarecimiento pleno de ese ``acto de poder criminal, innecesario y estúpido contra gente desarmada'', como describió la masacre de Tlatelolco Luis de la Barreda Solórzano, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal --en su intervención de ayer en el coloquio México: 30 años en movimiento, organizado por la Universidad Iberoamericana--, es una imperiosa necesidad para la sociedad mexicana contemporánea.

El anuncio de los legisladores y el señalamiento del ombudsman capitalino representan, cada uno a su manera, expresiones de la sociedad contra lo que pareciera ser un empeño oficial por diluir en el olvido el crimen de la Plaza de las Tres Culturas, así como demostraciones de que la nación no está dispuesta a aceptar, sin más, el adormecimiento de su propia capacidad de indignación, así hayan transcurrido tres décadas desde aquellos sucesos.

El hecho de que hayan prescrito legalmente los homicidios perpetrados contra un número aún ignorado de personas no atenúa en nada el carácter criminal de las decisiones tomadas en las más altas esferas del poder público para asesinar civiles. El que los responsables intelectuales y materiales de la masacre hayan logrado permanecer en la impunidad legal definitiva no debiera traducirse en una impunidad moral ni dar paso a la resignación histórica.

Como lo señaló el ombudsman capitalino, el México contemporáneo, empeñado en culminar su transición a la democracia, tiene una deuda política, social y humana con el movimiento estudiantil de 1968 y con sus mártires: los notorios avances en el establecimiento de mecanismos electorales confiables, la libertad de expresión que existe para todos aquellos que quieran ejercerla y la conquista de importantes posiciones de poder por parte de las oposiciones partidarias, entre otros logros, constituyen el tramo actual de un proceso iniciado por los dirigentes obreros disidentes en los años cincuenta y por los estudiantes inconformes, una década más tarde.

Reconocer la existencia, en el pasado nacional reciente, de un régimen que fue capaz de cometer actos como los del 2 de octubre, resulta fundamental para valorar los avances políticos logrados por la sociedad mexicana y defenderlos frente a las tentaciones del autoritarismo que, sin duda, persisten en algunos ámbitos de las instituciones.