¿Qué entidad internacional tendrá confianza alguna en entregar ayuda humanitaria para Chiapas al gobierno mexicano?
1. El gobierno de Ernesto Zedillo ha tratado de utilizar el desastre en la costa chiapaneca para lucrar políticamente en beneficio suyo y de su gobierno, así como de los intereses del PRI, y ahora parece empeñado en darle un impulso a los esquemas neoliberales sin importarle los afectados.
2. Los problemas de Chiapas (y de diversas zonas afectadas del país) se agravan no sólo porque el gobierno federal utiliza los recursos con un propósito clientelar y de propaganda personal, y los entrega a políticos corruptos que medran con ellos, sino por algo todavía más grave. Está disponiendo de esa ayuda con criterios y esquemas autoritarios, en función no sólo de lo que ha sido el neoliberalismo a la mexicana: desde los negocios del poder en contratos y concesiones hasta la imposición de un modelo de vida a las comunidades.
3. El gobierno actual se empeña en demostrar que sus intereses no son los de los mexicanos, pero el problema es que no puede actuar de otra manera.
4. Las comunidades de Chiapas (y de otras partes del país) no tienen derecho a decidir cómo van a utilizar esos recursos para la reconstrucción con el fin de recuperar con ellos el derecho a determinar su futuro. Cuando Andrés Aubry y Angélica Inda denuncian que en la reconstrucción de El Soconusco, las cosas prefabricadas serían de 36 metros cuadrados (La Jornada, 23 de septiembre), cuestionan algo fundamental. Zedillo ha ignorado a los damnificados y su gobierno sigue decidiendo según sus patrones neoliberales.
5. ¿Quién puede olvidar, por ejemplo, que a fines de 1993 Ernesto Zedillo y su familia estaban involucrados en un fraude de su empresa en la construcción de viviendas para el Infonavit?
6. Ernesto Zedillo tuvo una pésima lectura del terremoto de 1985, y desplegando un desenfrenado activismo propagandístico, pretende que ahora en Chiapas toda la ayuda la está brindando el gobierno, que las aportaciones privadas no se ven y se lanza contra las ONG, la Cruz Roja, el PRD y la prensa. Respondiendo a las denuncias de los damnificados sobre la ineficacia y corrupción oficiales, Zedillo pretendió pocos días después del siniestro que la emergencia ya había pasado (19 de septiembre), que la ayuda oficial era eficaz y que todo estaba bajo su control. Y, para no ser menos, Esteban Moctezuma (titular de Sedeso), luego de afirmar como buen monetarista que el Estado benefactor va a prevalecer en aquellas zonas donde los habitantes no tienen aún capacidad para ingresar ``al mercado'', anunció a Televisión Azteca que el principal problema del gobierno es, nada menos, que el de lograr que la sociedad civil tome conciencia de lo acontecido (23 de septiembre).
7. El gobierno federal ha aprovechado el desastre para intensificar el control social, pero también para desarrollar una campaña de propaganda pretendiendo, una vez más, que en Chiapas ``no pasa nada'': que no hay un conflicto armado y que las consecuencias de las inundaciones están siendo atendidas. De la misma manera que en el pasado Zedillo negó en sus viajes al exterior que hubiese un estado de guerra y una militarización, ahora por la vía de la propaganda pretende que la economía marcha bien, que vivimos en democracia y que en Chiapas el gobierno federal restauró la normalidad, y por eso se empeña en maquillar las cifras y esconder a las víctimas. Y si Televisa señalaba el día 16 que había miles de desaparecidos y El País hablaba el 18 de más de 800 muertos, Zedillo los corrigió de súbito y el 23 afirmó que sólo eran 185 las víctimas.
8. El gobierno actual ha hecho de la autopropaganda su principal tarea de gobierno, y al terminar por creérsela no se da cuenta de que la sociedad está teniendo ya por sí sola múltiples soluciones, al margen de la demagogia oficial.
9. El problema de la elecciones municipales de Chiapas del 4 de octubre tiene en ese escenario una salida. Las autoridades -y los partidos- deben reconocer que prevalece un estado de guerra agravado por las inundaciones, que el marco constitucional es insuficiente para garantizar los derechos de pueblos y comunidades y que unos comicios organizados por el gobierno ilegítimo de Roberto Albores no serían más que una simulación que agravaría la crisis, pues hundirían más a la entidad en la inconstitucionalidad. El discurso sobre la supuesta ``normalidad democrática'' no puede engañar a nadie y las fuerzas políticas deben reconocer que hasta que el gobierno federal no cumpla los acuerdos de San Andrés y se siente a negociar en serio con el EZLN y, obviamente, hasta que, a consecuencia de ello, no se cree un nuevo orden constitucional, al residir la soberanía popular en las comunidades, es legítimo que estás sigan nombrando a sus autoridades en un marco de autonomía.
10. El gobierno está fracasando una vez más en Chiapas porque la sociedad civil no puede existir en su imaginario más que como un apéndice suyo, cuando la realidad muestra algo muy distinto.