Martínez Domínguez: sospechoso, reabrir el tema; el pueblo ``no es tarado''

El secretario de Gobernación, Francisco Labastida Ochoa, consideró que para investigar lo acontecido el 2 de octubre de 1968 ya fueron abiertos los expedientes del Archivo General de la Nación (AGN), y precisó que sólo queda la información clasificada, la cual seguirá reservada para cualquier intento de consulta.

A su vez, el secretario general del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Ortega Martínez, exigió ayer que se abran todos los archivos del 68 y expresó el respaldo del partido a la controversia constitucional que promueve el vicecoordinador del grupo parlamentario perredista, Pablo Gómez Alvarez, para que se obligue a las dependencias gubernamentales a entregar la información.

Mientras, en el ámbito del PRI hubo versiones encontradas. En tanto la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Consejo Político Nacional del tricolor, Cristina Alcayaga, consideró preciso que se conozca el contenido de los expedientes oficiales, los senadores priístas Alfonso Martínez Domínguez y José Trinidad Lanz Cárdenas rechazaron esta posibilidad pues afirmaron que el 68 ``es cosa juzgada'' y ``es un hecho consumado''.

Incluso, Lanz Cárdenas ironizó: Esos legisladores, ``que se sienten dioses'', al rato van a proponer que se integre una comisión investigadora de los asesinatos de Francisco I. Madero y de José María Pino Suárez o que se aclare por qué Hernán Cortés le quemó los pies a Cuauhtémoc.

Martínez Domínguez, quien hace 30 años fue presidente del PRI y protagonizara después otro de los hechos negros del país -la agresión del grupo Halcones a estudiantes en 1971-, dijo que la controversia constitucional que iniciarán los diputados del PRD ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación sólo esconde fines político-electorales.

Hecho consumado

``¡Seriedad, por favor! Es un hecho consumado'', exclamó el senador Lanz Cárdenas cuando se le preguntó sobre la posibilidad de que prospere la controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia, sostuvo que el procedimiento no es una panacea jurídica, ``ni procede en todos los casos que se le antoje a alguien''.

Por su parte, Gerardo Estrada, ex integrante del Movimiento Estudiantil del 68, consideró que la apertura de los expedientes de hace 30 años no contribuiría a simplificar la tarea de los investigadores.

Cristina Alcayaga planteó que si finalmente se tiene acceso a los archivos oficiales que contienen los datos sobre ese año, éstos deben utilizarse no para buscar responsables, sino con el ánimo de evitar que se repita un suceso ``doloroso y triste'' como ese. (José Gil Olmos, Enrique Méndez, Andrea Becerril, Georgina Saldierna y Alma Muñoz.)