Sí hay indicios de irregularidades en la Cruz Roja, dice el titular de la JAP

Angeles Cruz Ť Sí hay indicios de irregularidades en el manejo de los recursos en la Cruz Roja Mexicana y del Fondo de Apoyo Social (FAS) presididos por José Barroso Chávez, afirmó Víctor García Lizama, presidente de la Junta de Asistencia Privada (JAP), organismo regulador de las instituciones de asistencia particular. A lo largo de este año han existido dudas respecto de ambos organismos; sus procedimientos financieros no han sido aclarados, dijo.

Un dato inquietante, señaló, es que la Cruz Roja no solicitó a la JAP autorización para su presupuesto de ingresos, egresos e inversiones de 1998, y hasta ahora no ha respondido a las peticiones por escrito para subsanar esta ``falta grave a la Ley de Asistencia Privada''.

Por eso, por primera vez y con base en esa misma ley, la Junta enviará una visita de auditoría a la benemérita institución, con lo que también se buscará aclarar el ejercicio de 300 mil dólares donados por la embajada de Estados Unidos y, en particular, el destino de dos millones de pesos que, se supone, se utilizaron para pagar al FAS el traslado de una donación de medicamentos.

Asimismo, desde finales de 1997 la Junta encontró anomalías en el reporte contable del FAS sobre el cobro de dos millones de pesos por concepto de importación de medicamentos que serían donados a la Cruz Roja. Debido a que la JAP no recibió la aclaración correspondiente, hace 15 días solicitó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) que practique una auditoría fiscal a ese fondo.

Víctor García Lizama detalla que el desarrollo de estos acontecimientos es preocupante. En sus revisiones periódicas, la JAP ordenó la inspección al FAS en la que se encontraron ``cuentas poco claras''; se pidió la información aclaratoria y la respuesta fue que no había los documentos de respaldo porque las oficinas del fondo habían sufrido un asalto en el que se perdieron computadoras e información contable.

Su directora ejecutiva, Julieta Conroy, había ofrecido que la contabilidad sería reconstruida para poder responder a los requerimientos de la Junta. ``Dejamos pasar unos meses -relata García Lizama- pero al no haber ninguna señal, nuevamente enviamos una visita de auditores''.

La respuesta, entonces, fue definitiva: el Fondo de Apoyo Social no aceptó la auditoría porque ``traía altos costos para la institución, además de que estaban muy ocupados en sus actividades humanitarias'', asegura García Lizama.

Debido a que ya no hubo visita de auditoría, no pudo comprobarse la existencia de la solicitud de importación de medicamentos; no hubo facturas de gasto, de fletes y almacenaje, que justificasen la entrega al Fondo de dos millones de pesos por parte de la Cruz Roja Mexicana, apuntó. De acuerdo con la información obtenida, los fármacos eran para apoyar a los damnificados por el huracán Paulina.

Por lo anterior, el consejo de vocales de la Junta pidió intervenir a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

El director de la Junta dice que, ahora, con la denuncia de los nueve presidentes de comités de Cruz Roja Mexicana -algunos de los cuales también son miembros del Consejo Nacional de Directores-, el problema ``toma otro tinte''.

Destaca el hecho de que los inconformes son personas de reconocido prestigio, que cuentan con 30 a 50 años de servicios voluntarios en la benemérita institución. Son ellos quienes realmente hacen el trabajo en las distintas actividades de asistencia: salvamento, acopio de materiales y recursos, capacitación, supervisión de delegaciones, comité de damas, rehabilitación, entre otros, indicó.

De acuerdo con la denuncia de los ex presidentes de comités, la Cruz Roja, tampoco se ha justificado el gasto de 300 mil dólares que fueron donados por la embajada de Estados Unidos en México, en particular de dos millones de pesos con los cuales se supone la institución pagó a FAS los costos de traslado de los medicamentos aludidos.

Esto, aunado a la falta de información sobre el presupuesto de ingresos y egresos de la Cruz Roja, originó el acuerdo de la Junta de Asistencia Privada para que se realice una auditoría. En caso de que no sea aceptada, comentó García Lizama, también se recurrirá a la SHCP.

La auditoría, explicó, implica la revisión de cientos de pólizas, cheques y facturas, lo cual llevará algún tiempo. Por lo grave e importante del asunto, la Junta asignó a tres personas para hacer las verificaciones, y si fuera necesario, ``pondremos más''.

El trabajo tendrá tres objetivos: averiguar el ejercicio del presupuesto, las presuntas desviaciones y clarificar la aplicación de los 300 mil dólares.

Lamentablemente, agregó, el hecho de que no se nos haya permitido la visita de auditoría al FAS, y luego se dijera que los documentos fueron destruidos y robados, ``nos hacen tener indicios, no suficientes, que nos llevan a pensar que podría haber alguna irregularidad''.

De su lado, los ex presidentes de comités que el miércoles pasado renunciaron a sus cargos señalaron que no habrá más denuncias respecto de la gestión de José Barroso Chávez al frente de la Cruz Roja Mexicana, por lo que esperarán los resultados de la auditoría de la Junta y la resolución que tomen los miembros del Consejo Nacional de Directores en su próxima sesión