Si hay responsables, se procederá penalmente

Raúl Llanos y Juan Antonio Zúñiga Ť La Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa (CMHALDF) detectó irregularidades por 41 millones 686 mil 600 pesos en la Cuenta Pública del Distrito Federal correspondiente al ejercicio fiscal de 1996, por lo que interpondrá 149 ``promociones de acción'', que pueden ir desde la imposición de sanciones y el resarcimiento, hasta la denuncia penal contra los responsables del daño al erario.

El Informe de resultados sobre la revisión de la cuenta pública de 1996, segundo año de gobierno de Oscar Espinosa Villarreal --que será entregado mañana oficialmente a la ALDF--, revela que el monto de las anomalías supera en 47 por ciento al de 1995, que fue de 28 millones 367 mil pesos. De ese periodo de Espinosa, la contaduría ha denunciado irregularidades en el ejercicio presupuestal por más de 70 millones de pesos.

De esta cantidad, se han logrado recuperar, hasta el 11 de septiembre, 8.5 millones, es decir, 12 por ciento del faltante total: 6 millones 176 mil corresponden a los resarcimientos de 1995 y 2 millones 348 mil a los de 1996.

Para la cuenta de 1996, la Contaduría Mayor efectuó 152 auditorías en diez dependencias, 16 órganos desconcentrados --incluidas 13 delegaciones--y diez entidades paraestatales. Del total, 84 fueron de carácter financiero, nueve de sistemas, 31 de obra pública, 13 programático-presupuestales y 15 de legalidad. Además, 54 se calificaron como especiales.

Luego de la revisión, el monto de las irregularidades encontradas en las secretarías de lo que fue el Departamento del Distrito Federal asciende a 31 millones 858 mil pesos; en los órganos desconcentrados es de 8 millones 496 mil, y en las entidades paraestatales llega a un millón 332 mil pesos.

Derivado de las auditorías se integraron mil 372 resultados --que se refieren a las observaciones que formuló la contaduría a las entidades con problemas--, y mil 250 recomendaciones de carácter preventivo o correctivo. En el primer caso, los organismos auditados deberán implantar mecanismos que impidan la recurrencia de las deficiencias observadas; en el segundo caso, la contaduría promoverá la intervención de los órganos de control interno de dichos entes para que se apliquen las medidas correctivas procedentes. A estas dos se suman las 149 promociones ya mencionadas.

Sobrepago y asignacion de obras sin concurso

El Informe de resultados está en cinco gruesos volúmenes en los cuales se detallan las anomalías detectadas; entre las principales se localizaron: incumplimiento de la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas; del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y del Código Financiero para el Distrito Federal, principalmente, que se tradujeron en pagos excesivos, asignación de contratos de obra pública a constructoras propiedad de funcionarios o de familiares, omisión en sanciones a contratistas por el incumplimiento de programas de ejecución, aprobación de trabajos de mantenimiento y conservación en obras no entregadas, pago de consumos de energía en instalaciones particulares. Asimismo, pagos por servicios que no se comprobaron, como llamadas telefónicas en exceso que no tenían carácter oficial, no se recuperaron anticipos otorgados a contratistas ni se hicieron efectivas las correspondientes fianzas; pagos con recursos presupuestales de 1996 de servicios devengados en 1995, sin notificación oficial e integración deficiente de registros contables, administrativos y financieros que dificultaron la fiscalización adecuada de programas y recursos presupuestados.

En el apartado de conclusiones generales se precisa que la Subtesorería de Administración Tributaria no dispuso de un padrón de contribuyentes actualizado y confiable para la adecuada recaudación de los impuestos predial y sobre nóminas, y no ejerció un control apropiado de los cheques devueltos por las instituciones bancarias.

Las direcciones generales de Regularización Territorial (DRT), de Reclusorios y Centros de Readaptación Social (DGR), y de Construcción y Operación Hidráulica (DGCOH) adjudicaron directamente algunos contratos de adquisición de bienes y prestación de servicios que por su naturaleza y monto debieron asignarse mediante los procedimientos de licitación pública o de invitación restringida. Detalla que en la revisión de los contratos en varias áreas del sector central se encontró que los anticipos no fueron puestos con oportunidad a disposición de los contratistas; existieron diferencias entre los volúmenes de obra reportados y ejecutados, así como en la aplicación de precios unitarios para el pago de estimaciones.

Obras sin permisos ni licencias

En la DGCOH, Servicios Urbanos y Construcción y Operación del Sistema de Transporte Colectivo (STC) se detectó que se ejecutaron obras sin contar con los permisos ni licencias de construcción correspondientes, y no se realizaron los estudios de factibilidad técnica, económica y ecológica de las obras.

Algunas auditorías de legalidad arrojaron que, por ejemplo, en la Oficialía Mayor del DDF no se presentaron los documentos justificativos y comprobatorios de ``gastos originados en eventos con los medios de comunicación'' durante 1996.

A nivel delegacional se corroboró con las auditorías que en muchos casos no se contó con oficios de autorización de movimientos presupuestales y tampoco se observaron las disposiciones que regulan las adquisiciones de bienes y servicios.

El documento precisa que en Azcapotzalco y en la Dirección General de Servicios de Apoyo ``no se presentaron documentación justificativa respecto de los pagos de remuneración al personal de carácter transitorio y de estímulos al personal civil y paramilitar, respectivamente''.Sobre la Dirección General de Planeación y Proyectos de Transporte y Vialidad, de la Secretaría de Gobierno, no formalizó oportunamente los contratos de servicios que tuvieron por objeto prestar el apoyo técnico para la concesión de rutas, elaborar los proyectos de los reglamentos de tránsito del DF y de servicios público de transporte de pasajeros y realizar el estudio de opinión relativo a la publicidad integral en autobuses articulados, entre otros. Se verificó que ninguno de esos contratos ostenta la firma del representante legal del DDF. Asimismo, algunos carecieron del dictamen de visto de la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobierno.

Las auditorías practicadas al sector paraestatal revelaron debilidades de control interno contable, ya que se registraron operaciones sin la debida justificación y comprobación, registros extemporáneos e incumplimiento de la normatividad aplicable a la adquisición de bienes y la contratación de servicios

El informe también contiene propuestas para revertir las situaciones mencionadas, entre las principales están implantar sistemas que faciliten la actualización constante de los padrones de contribuyentes y garantizar la recaudación oportuna de las contribuciones y el establecimiento de normatividad que regule la coordinación entre las autoridades competentes del DF para fortalecer la recaudación de ingresos en la Tesorería.