De la Fuente: en la Cruz Roja debe haber absoluta transparencia
Angeles Cruz Ť Para el secretario de Salud, Juan Ramón de la Fuente, debe investigarse cualquier posible irregularidad en la administración de la Cruz Roja Mexicana, ``por estar cerca del afecto de los mexicanos''. En tanto, ayer la Junta de Asistencia Privada (JAP) inició una auditoría a la institución por considerar que realizó un pago no justificado por 2 millones de pesos a la Fundación de Apoyo Social (FAS) y porque durante este año ha operado sin un presupuesto autorizado.
Se trata, explicó Víctor García Lizama, presidente de la JAP, de verificar si hubo o no desviación de los bienes y recursos en la benemérita institución. Afirmó que en 30 días habrá un dictamen y sólo en caso de encontrar alguna irregularidad será posible plantear la remoción de José Barroso Chávez como presidente nacional de la Cruz Roja. No es función de la JAP pedir renuncias, precisó.
A su vez, el secretario de Salud consideró que debe preservarse la institución y dijo que las personas que están al frente de ella deben estar a la altura de las circunstancias que la sociedad reclama. Entrevistado al término de la inauguración de la Primera Semana Nacional de Salud Bucal, el funcionario destacó que, como en todo el país, debe haber transparencia absoluta en el manejo de los recursos. Nadie ni nada por encima y por algún lado de la ley, agregó e hizo un llamado a la JAP para que proceda conforme a sus atribuciones.
Ayer, García Lizama entregó una serie de documentos en los que consta que en diversas ocasiones la JAP solicitó al patronato de la Cruz Roja Mexicana la entrega de su proyecto de presupuesto para 1998.
También hay oficios en los que consta el rechazo de la Fundación de Apoyo Social para recibir a los auditores de la JAP, cuya misión era aclarar el ejercicio de los recursos. En particular, se buscaba precisar la información acerca de ``importantes y numerosos créditos personales, sin intereses, otorgados a los empleados y directivos de esa institución, en perjuicio directo del objeto asistencial''.
Dichos préstamos, señala una de las misivas, requieren de la autorización de la JAP. Además, se detectó la entrega de ayuda económica a los empleados durante 1996 y 1997. Estos pagos se hicieron fuera de nómina y se respaldaron con recibos que no reúnen los requisitos fiscales.
El donativo de medicamentos
Por otra parte, respecto al donativo de medicamentos que FAS recibió de la Fundación Americares y que posteriormente entregó a la Cruz Roja Mexicana, la JAP destacó que la distribución de los fármacos debió ser gratuita y que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los liberó del pago de impuestos por importación. Esto significa que no está justificado el pago de 2 millones de pesos que hizo la Cruz Roja por este concepto.
Estas circunstancias motivaron que la JAP solicitara a la SHCP se realice una auditoría fiscal a FAS, institución de asistencia privada presidida por José Barroso Chávez.
García Lizama detalló que como parte de las investigaciones se citará a los nueve ex presidentes de comités que la semana pasada presentaron la denuncia por un supuesto desvío de recursos. Requerimos que los quejosos, dijo, se comprometan con su palabra y, en su caso, con los documentos que sustenten sus acusaciones.
Comentó que también habrá una reunión con los integrantes del Consejo Nacional de Directores, a fin de conocer sus puntos de vista. La auditoría de la JAP no se limitará a la revisión de los documentos fiscales, sino que también verificará que los gastos hayan sido los idóneos, conforme a las funciones y misión social de la Cruz Roja, apuntó.
Entre las irregularidades a investigar también está el préstamo otorgado al Centro Cívico de Solidaridad por un millón 500 mil pesos y uno más a FAS de 250 mil pesos. En ambos casos no se contó con la autorización de la JAP, según consta en la documentación entregada ayer por García Lizama.
La asistencia privada y la ley
Todos los requerimientos hechos a la Cruz Roja Mexicana y a FAS tienen su fundamento legal en la Ley de Instituciones de Asistencia Privada, la cual establece la obligación para esos organismos de presentar un proyecto de presupuesto cada año, el cual debe ser aprobado por la JAP.
La ley otorga a la JAP la autoridad para sugerir a las instituciones de asistencia formas para ejercer una buena administración de sus recursos, de acuerdo con sus objetivos. Establece que la distracción o inversión de fondos de la agrupación con fines distintos a los asistenciales es causa de remoción de los patronos.
García Lizama explicó el procedimiento a seguir en el caso de la auditoría que se realiza a la Cruz Roja Mexicana: en caso de comprobarse que hubo irregularidades en el manejo de los recursos, el consejo de vocales de la JAP evaluará si procede la amonestación o remoción del cargo del presidente nacional de la benemérita institución, luego de haber escuchado sus argumentos de defensa.
En ese caso, Barroso Chávez podría interponer un recurso de inconformidad ante el juzgado de lo civil. Este proceso, explicó García Lizama, puede durar varios meses, incluso años. El dictamen confirmaría la remoción o lo devolvería en el puesto de presidente nacional.