Plan para sellar la frontera sur y el Mar de Cortés al narco: PGR

Alonso Urrutia y Andrea Becerril Ť En medio de las críticas de los senadores por la ineficacia de la Procuraduría General de la República (PGR) en la investigación de Acteal, crímenes políticos, actuación de paramilitares y en el combate contra el narcotráfico, el titular de la dependencia, Jorge Madrazo Cuéllar, informó que México ha instrumentado un ambicioso plan de intercepción que pretende ``sellar'' la frontera sur y el Mar de Cortés al tránsito de drogas, mediante un despliegue importante de personal y acciones de inteligencia.

Con ese programa se pretende impedir las acciones de organizaciones de narcotraficantes provenientes de Sudamérica, a través de un despliegue en el triángulo Yucatán-Belice-Guatemala, punto central utilizado como ruta de paso a Estados Unidos. Para ello se ha reforzado la denominada ``Alerta temprana que proviene del Sistema Hemisférico de Información.'' Hoy, dijo, las vías empiezan a cambiar y se ha comenzado a optar por la zona del Caribe.

Comparecencia marcada por una crítica generalizada de los tres partidos a las acciones y omisiones de la PGR en sus múltiples ámbitos de competencia, y por un enfrentamiento verbal con la perredista Layda Sansores. Volvieron a relucir los nombres de Luis Donaldo Colosio y José Francisco Ruiz Massieu; la violación a la soberanía que significó la operación Casablanca; la violación a garantías individuales implícitas en la iniciativa presidencial en seguridad pública y las masacres de Acteal y Aguas Blancas.

``Rey que no hace justicia, no debiera reinar. Las viudas y los huérfanos de Acteal y Coyuca, señor procurador, sienten que en esta patria nuestra no hay justicia'', resumió el panista Juan de Dios Castro.

La perredista Amalia García hizo énfasis en la impunidad del ex gobernador de Chiapas Julio César Ruiz Ferro e inquirió sobre la denuncia de su partido en el caso del Fobaproa y las campañas políticas del PRI, sugiriendo la necesidad de impulsar una operación similar a la que en su momento se realizó en Italia para combatir la corrupción.

Esta vez, la fijación de postura del PRI no resultó en un momento de remanso para el compareciente. Juan Ramiro Robledo abrió su intervención: ``Reconozcamos que existe una crisis de procuración de justicia en México...'' Luego hizo un recorrido por los ámbitos de inoperancia, desde el narcotráfico, la ineficiencia de la leyes y la impunidad en los asesinatos de connotados priístas.

Las críticas incesantes no alteraron al procurador, quien dio a conocer el nuevo plan antinarcóticos. Con éste buscamos ``sellar la Península de Yucatán, la frontera norte de Guatemala y Belice, así como el Mar de Cortés al tránsito de drogas, fundamentalmente de clorhidrato de cocaína que se produce en países sudamericanos y que pretende alcanzar por nuestro territorio a los Estados Unidos, principal mercado de consumo de drogas'', dijo.

El procurador precisó que la realización del plan ha implicado el despliegue de personal y ``el desarrollo de labores de inteligencia más profundas para detectar la presencia de miembros de las organizaciones criminales en esta parte del territorio''.

Para el efecto, Madrazo dijo que se intercambia información con Belice y Guatemala; se refuerza la alerta temprana que proviene del Sistema Hemisférico de Información; hay un permanente patrullaje marítimo y aéreo de las costas litorales y se instalan nuevos puntos de revisión sobre las rutas carreteras.

Inevitable abordar el tema Casablanca y sus consecuencias. Señaló que el próximo 30 de noviembre se abrirá la Corte en la ciudad de los Angeles, la cual ``resultará crucial'' para determinar la probable responsabilidad penal de los agentes que participaron en esa acción encubierta, que habría violado la legislación y la soberanía mexicana.

Más adelante, dijo que por lo que hace a los empleados bancarios mexicanos involucrados en el lavado de dinero por esa operación, cinco se encuentran bajo detención provisional para efectos de extradición, pero serán la cancillería y jueces mexicanos quienes decidan dónde se desahogarán esos juicios.

¡Que nos descertifiquen mil veces!

El procurador refutó la sugerencia formulada por el senador independiente Adolfo Aguilar Zínser, en el sentido de que los resultados de la operación Casablanca puedan ser utilizados para ``descertificar'' a México.

``Si el costo por defender la soberanía, la jurisdicción territorial y el orden jurídico es que en marzo próximo el Congreso de Estados Unidos dé un dictamen de descertificación, que nos descertifiquen ahora y mil veces''.

En su momento, el senador panista Francisco Molina Ruiz cuestionó la participación del Ejército en la lucha contra el narcotráfico, pues ``desafortunadamente no ha dado los resultados adecuados y, por el contrario, los militares se han visto inmiscuidos con organizaciones criminales. ¿Qué no se suponía que garantizarían la honestidad y la eficacia para la seguridad pública?''.

Madrazo reivindicó la labor del Ejército en la acciones antinarcóticos. ``Hemos tenido problemas con algunos elementos,pero es muchísimo más lo que nos han apoyado.''

La PGR, triángulo de las Bermudas

Desde un principio, PRI, PAN y PRD exigieron cuentas sobre las investigaciones de las matanzas de Acteal y Aguas Blancas, y de los asesinatos de Colosio y Ruiz Massieu.

``Me da la impresión de que la PGR se parece al Triángulo de las Bermudas. Las investigaciones que entran nunca salen y las que salen, muchas veces salen desorientadas y sin rumbo legal claro'', le dijo el senador Aguilar Zínzer. Sobre ese punto, el panista Juan de Dios Castro demandó explicaciones a las interrogantes en torno del caso Colosio. Juan Ramiro Robledo dejó claro que ``los priístas son los principales agraviados'' por esos homicidios y ``nuestra indignación persiste''.

La masacre de Acteal fue uno de los cuestionamientos centrales de la perredista Amalia García, quien dijo al procurador que no se puede aceptar que grupos paramilitares formen parte de la vida cotidiana. ``Han pasado nueve meses desde que habló de las guardias blancas, ¿qué ha hecho para detener su acción? ¿Qué ha pasado con la responsabilidad del entonces gobernador interino, Julio César Ruiz Ferro? ¿Y la responsabilidad criminal del señor Roberto Albores -interino del interino- en las muertes de El Bosque?

La senadora por Chiapas Irma Serrano también cuestionó la inoperancia de las investigaciones, así como la impunidad de paramilitares y ex funcionarios.

Madrazo respondió que se negaba a calificar de paramilitares a estos grupos armados por finqueros. ``Por respeto al Ejército no les llamo así, sino agrupaciones sociales probablemente armadas''. Dijo también que se continúa con las investigaciones y ya han declarado 74 personas, incluido al entonces gobernador Ruiz Ferro, su entonces secretario de Gobierno, Eraclio Zepeda, y el ex procurador estatal.

El funcionario recalcó: ``No tengo elementos para proceder penalmente en su contra. En otras instancias se tendría que examinar que existe responsabilidad política, pero lo cierto es que no se ha abierto un solo ápice de impunidad en los hechos de Acteal.

Durante su comparecencia, el procurador defendió las iniciativas en materia de seguridad pública (paquete anticrimen) en cuya elaboración participó, y rechazó que su contenido lleve implícitas violaciones a las garantías individuales, como lo increparon los senadores García y Aguilar Zínzer.

Madrazo Cuéllar dijo que no ha cambiado la óptica de derechos humanos que tenía cuando él era ombudsman. La impunidad en materia de seguridad pública es una violación a los derechos. Resaltó que hay 50 mil órdenes de aprehensión y reaprehensión por cumplimentar y no debe escapar al Congreso que ``un alto porcentaje de mandamientos obedece a la facilidad que han encontrado los presuntos responsable para burlar la libertad caucional''.

Los perredistas llevaron a tribuna asuntos que han denunciado en la PGR: las presuntas operaciones ilegales de financiamiento a la campaña de 1994 del PRI y el espionaje telefónico en Campeche. Sobre el primer tema, Madrazo precisó que ya solicitaron información a Hacienda para seguir la investigación.

El caso del espionaje suscitó un ríspido debate entre Madrazo y la senadora Layda Sansores, quien acusó a la PGR de realizar investigaciones parciales, pese a las pruebas en contra del gobernador de Campeche, José Antonio González Curi, de su antecesor Jorge Salomón y otros funcionarios estatales. ``¿De qué lado están sus lealtades?'', le increpó.

Madrazo le respondió: ``Usted había ofrecido pruebas que se consiguieron de manera ilícita, porque usted incurrió en un allanamiento de morada. Eso lo sabe''. Era el final de la comparecencia, ya sin derecho a réplica, Sansores enfrentó al procurador cuando bajó de tribuna. ``Es usted un irresponsable, debe ser más cuidadoso para lanzar calificativos''. No hubo respuesta.