Los contratos son ilegales, dice la PGJDF
José Galán Ť Los contratos suscritos entre la Procuraduría capitalina y la empresa Redes y Sistemas Ericsson, para la compra de equipo y sistemas de telecomunicación por cerca de 30 millones de dólares en 1995 y 1996, violaron la Constitución y la Ley de Adquisiciones, porque ``no se adjudicaron por licitación pública'', señaló la PGJDF en respuesta a una inserción pagada por la firma sueca donde asegura haber entregado sistemas de ``tecnología de punta, de gran eficiencia y alta funcionalidad''.
Además, afirma que en los 21 mil registros de la Cuenta Pública de 1997 ``se encuentran 5 mil 652 millones de pesos cuyo ejercicio no se detalla al nivel de partida, por lo que éstos no corresponden de forma alguna a la especificidad determinada por el Clasificador por Objeto del Gasto del Distrito Federal y por el Manual de Normas y Procedimientos para la Administración del Ejercicio Presupuestal, los cuales rigen todos los rubros de gasto al mínimo detalle.
``Estamos hablando de recursos sobre los cuales no tenemos certeza inmediata de su exacto paradero, lo cual puede encubrir manejos discrecionales e incluso indebidos'', resalta el documento del legislador perredista.
Por lo que hace a los 2 mil millones de pesos de sobrejercicio, el informe indica que el ejercicio de esos recursos se dio en el gasto corriente, especialmente en el sector central --que comprende las nueve secretarías y la oficialía mayor--, y fue ``superfluo, excesivo y discrecional'', pues se aplicó en alimentación de personas, pasajes nacionales, asignaciones de requerimientos de cargos de servidores públicos superiores y mandos medios, así como ayudas culturales y sociales.
En estos renglones, destaca, ``existen disposiciones legales y normativas que ordenan expresamente un manejo racional y austero; sin embargo, no se dio. Asimismo, son renglones de gasto asignados a actividades administrativas no prioritarias ni sustantivas, que comprenden acciones de manera general y sin un adecuado control de sus resultados''.
El análisis de Ricardo Martínez Atala puntualiza que mientras en gasto corriente de 1997 se sobrejercieron mil 925 millones 800 mil pesos, en gasto de capital ``se dejaron de gastar 3 millones 904 mil pesos que se tenían previstos originalmente''.
Detalla que el caso más representativo en cuanto a subejercicio en gasto de capital se dio en ``obras públicas'', rubro en el cual se dejaron de ejercer mil 700 millones de pesos, que es 29.9 por ciento menos de lo programado. En el caso de ``bienes muebles e inmuebles'', la diferencia entre gasto programado y gasto ejercido fue de 584 millones.
La tónica de la administración pasada, indica el texto, fueron las prácticas administrativas ``muy dudosas en cuanto a cumplir con lo que establece la ley, y fueron ``prácticas fomentadas por otros gobiernos que teniendo amplio margen para perfeccionar el sistema de registros, permanecieron misteriosamente en la inmovilidad administrativa, seguramente este amplio margen de maniobra fue `minita de oro' de malos funcionarios, y con toda razón ahora sus compañeros en la bancada sufren de desmemoria colectiva''.