La Jornada 1 de octubre de 1998

Personal de la Border Patrol, entre los principales violadores de derechos de migrantes: cancillería

David Aponte Ť El consulado de México en San Diego informó ayer que sus abogados consultores preparan una demanda civil en contra de los agentes de la Patrulla Fronteriza que el pasado fin de semana asesinaron a Abel Córdoba Vélez y a otra persona no identificada, ambos trabajadores migratorios mexicanos.

Los agentes que dispararon sus armas de fuego en contra de los connacionales se han hecho acreedores a una suspensión administrativa, mientras una fiscalía federal de la circunscripción realiza las investigaciones correspondientes, indicó.

Independientemente de la nota diplomática presentada por el gobierno de México al Departamento de Estado para expresar su preocupación por los incidentes, funcionarios de la cancillería establecieron comunicación con sus contrapartes en Washington, con el objetivo de pedir a la Procuraduría de Estados Unidos una investigación de los procedimientos utilizados por los agentes de la Border Patrol, indicó una fuente diplomática.

Los elementos de la Patrulla Fronteriza dispararon en contra de los connacionales, en dos hechos diferentes, cuando intentaban cruzar por la zona de San Diego-Tijuana. Los agentes estadunidenses argumentaron que los indocumentados intentaron agredirlos con piedras.

En declaraciones a la prensa, el cónsul de México en San Diego, Luis Herrera Lasso, descartó que los migrantes hayan pretendido agredir a los agentes de la Patrulla Fronteriza (hasta el momento no han sido proporcionados sus nombres).

``En los casos que conocemos, uno sobre todo con más datos, el del sábado por la noche, no encontramos realmente una justificación, debido a que el paisano que se acercaba al agente iba desarmado, no llevaba nada en las manos. En forma tal que encontramos difícil de explicar la necesidad de haber utilizado el arma para detenerlo. En el otro caso, desafortunadamente, no hay testigos'', explicó.

El representante consular sostuvo reuniones con personal de la fiscalía federal y con los jefes de la Border Patrol en la ciudad de San Diego para exponer los casos. Los fiscales asumieron el compromiso de investigar a fondo los dos incidentes, indicó.

Herrera Lasso mencionó que los representantes de la Patrulla Fronteriza aseguraron que los agentes no han modificado sus procedimientos para la detención de indocumentados, como el hecho de utilizar sus armas de fuego cuando no hay posibilidades de peligro.

``Ellos están también seguramente preocupados porque se hayan dado estos hechos y a una solicitud muy encarecida de nuestra parte están revisando sus procedimientos y también, con mucho cuidado, qué fue lo que sucedió, para evitar que estos hechos se vuelvan a repetir'', indicó.

Por el momento, los funcionarios del consulado mexicano trabajan en los trámites para el traslado de los cuerpos y los abogados consultores preparan los documentos para una demanda civil en contra de la Patrulla Fronteriza.

Uno de los cuerpos ha sido ya reclamado y será trasladado a México. En tanto, los agentes agresores sólo han sido objeto de una suspensión administrativa, de acuerdo con la representación consular.