Se aplicó en gasto corriente: Martínez Atala
Raúl Llanos Samaniego Ť La administración de Oscar Espinosa Villarreal incurrió en 1997 en un sobrejercicio de casi dos mil millones de pesos, revela un análisis elaborado por el presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), Ricardo Martínez Atala, en el cual precisa que ese monto significa 5.2 por ciento del presupuesto total del gobierno capitalino para el año 1998.
Reveló que con base en los antecedentes del caso --equipos incompletos y defectuosos, adquiridos sin licitación de por medio--, la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la dependencia presentó una denuncia ante el Ministerio Público el pasado 2 de septiembre, con la guía de averiguación previa HPSSP/37/98-02, y lamentó que la justificación de la empresa para incumplir con los términos de entrega de equipo, bajo el argumento de que ``el retraso en la última entrega --programada para junio de 1998-- se debió a un asalto'', se pretenda sostener con base en una denuncia presentada prácticamente un año antes de la fecha en que se entregó dicho equipo.
Ante la postura de la subsidiaria de la firma sueca en México, que en publicidad pagada lamentó la ``falta de información veraz'' sobre los equipos de telecomunicación, rechazados incluso por los propios detectives de la corporación, y donde aprovechó para dar su propia versión de los hechos, la dependencia subrayó que el contrato del 30 de noviembre de 1995, por un monto de 7 millones 48 mil 113 pesos, y del 16 de diciembre de 1996, por 26 millones 770 mil 577 dólares, fueron celebrados ``en contravención de las leyes mexicanas'', porque no fueron adjudicados en licitación pública, ``como exige el artículo 134 de la Constitución, y los artículos 80 y 81 y demás aplicables de la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas''.
Consideró, además, que mientras la PGJDF hizo entrega de los montos requeridos, la empresa Redes y Sistemas Ericsson no cumplió con las contraprestaciones bajo su responsabilidad, ``que deberían haber sido cubiertas por dichos cargos'', adicionalmente al hecho de que los sistemas de telecomunicaciones ``adolecen de fallas graves desde su planeación y diseño''.
``La empresa Ericsson ofreció comunicaciones de alta seguridad para impedir filtraciones, lo que en la práctica no sucede, ya que se ha demostrado que el sistema es en extremo vulnerable'', añadió en sus consideraciones la dependencia. ``Además, no cubren ni el 60 por ciento de la zona metropolitana, cuando equipos anteriores abarcaban 93 por ciento; no cumplen con normas de funcionalidad ni con características técnicas en materia de digitalización especificadas en el contrato''.
``La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal ha informado regularmente a las empresas Ericsson los hechos conducentes, y mantiene la comunicación debida con sus representantes para satisfacer los derechos e intereses de esta institución'', finaliza el comunicado.
No hay frecuencias para esos equipos: Cofetel
Por otra parte, la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) informó el pasado 5 de marzo de 1998 a la Procuraduría capitalina que ``no es posible'' satisfacer su solicitud de un mayor número de frecuencias asignadas a la corporación en la banda de 800 megahertz, utilizada precisamente por los equipos Ericsson, ya que ``esta banda se encuentra totalmente saturada en la ciudad de México y su área metropolitana''.
Con la guía de ``Area General de Ingeniería y Tecnología'' CFT/Do4/-DGIAE/174/98, y dirigido al oficial mayor de la PGJDF, Alejandro Tello Macías, el oficio informa que, sin embargo, la comisión analiza ``medidas de solución provisional'' que pudieran resultar útiles.
Firmado por el comisionado Enrique Melrose, el oficio resalta la importancia que representa en materia de seguridad pública ``la eficaz operación del sistema de comunicación móvil troncalizada de la PGJ'', que opera en una frecuencia saturada, sin alternativas para equipos que costaron a los contribuyentes cerca de 30 millones de pesos.