Miguel Concha
Dos parteaguas
Hace años que muchos intelectuales consideraron al movimiento del 68 como un verdadero parteaguas en la historia contemporánea de México en el ahora Centro de Estudios Interdisciplinarios en Ciencias y Humanidades de la UNAM. La interpretación fue pacíficamente aceptada como evidente dentro y fuera del país, cuando dentro de un gran proyecto de investigación sobre los movimientos sociales en América Latina, con la Universidad de las Naciones Unidas, se comenzaron a analizar, en forma más sistemática a partir de esa fecha, los múltiples y variados movimientos sociales en México. Algo muy parecido a lo que ha comenzado a suceder en este año también espontáneamente con Acteal en el mundo académico, dentro y fuera del país, lo que a la luz de lo que este mes acontece con el 68, debiera hacer reflexionar profundamente a los agentes tradicionales de la represión, que en vano se afanan por ocultar sus fechorías de la memoria del pueblo y la mirada escudriñadora de la historia.
Hoy se habla en México con todas sus letras de dos parteaguas en nuestra historia reciente, ambos en búsqueda de un total y cabal esclarecimiento: el 68 y Acteal. Tiene por ello razón el presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, cuando en entrevista con La Jornada aseguró, el pasado lunes, que ``es muy saludable y muy sano para toda sociedad el que cualquier hecho de esta naturaleza se investigue, que se conozca a los autores materiales e intelectuales, que se les castigue y se busquen las causas profundas para poner remedios eficaces (p. 3)'', pues tanto para las personas como para las instituciones es indispensable aprender a purificar la memoria, para poder construir sobre bases sólidas un futuro más digno y más justo.
Por ello nos hemos de congratular que el Archivo de Seguridad Nacional, con sede en Washington, organización no gubernamental dedicada a la colección, difusión y análisis de documentación secreta gubernamental, dé a conocer esta semana 30 documentos recientemente desclasificados y relacionados con México, en los que entre otras cosas se aclara que ni la CIA, ni el FBI, ni la embajada estadunidense aceptaban como consecuente, si existía, la participación directa de extranjeros en el movimiento del 68, y más bien pensaron que esto era una estratagema del gobierno ``para desacreditar al movimiento estudiantil y tal vez, en cierto grado, distraer la atención de las profundas raíces locales del problema''. Y hemos en cambio de lamentar que al cabo de 30 años nuestras autoridades no abran todos nuestros archivos a los historiadores honestos, imparciales y probos, pues es solamente sobre la verdad histórica como se puede disculpar a las instituciones.
No obstante las afirmaciones pertinaces que todavía se escuchan, en septiembre de ese año se reunió, en torno a don Sergio Méndez Arceo, obispo de Cuernavaca, un importante grupo de católicos pertenecientes a instituciones como el Secretariado Social Mexicano, el Centro Nacional de Comunicación Social, la Corporación de Estudiantes Mexicanos, la Acción Católica Obrera (ACO) y la Juventud Obrera Católica (JOC), para elaborar un documento de reflexión e información que ayudara a los grupos de iglesia a comprender el trasfondo estructural y las aspiraciones de justicia como móviles del movimiento estudiantil. El desplegado, firmado por 37 sacerdotes, al que posteriormente se adhirieron otros de la Unión Mutua de Ayuda Episcopal, la ACO y la JOC, llevó por título ``Al pueblo de México'' y fue publicado en el diario Excélsior el 10 de ese mes. Fue lamentablemente, entonces, la única voz de la Iglesia que se escuchó durante la crisis, pero en él no se interpretan los acontecimientos como derivados de la ``conjura comunista internacional''.
Luego de los trágicos acontecimientos del 2 de octubre, la propia opinión pública nacional reaccionó fuertemente. Para la misma jerarquía eclesiástica la cuestión no era ya creer o no en la confabulación comunista. Como escriben Patricia Arias, Alfonso Castillo y Cecilia López en su pequeña obra Radiografía de la Iglesia en México, publicada en 1981 por el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, el 9 de octubre el Episcopado mexicano expresó, por medio de su presidente, que ``en toda sociedad democrática deberían existir mecanismos de diálogo'', y que ``muchas veces los conflictos son reveladores de su ausencia o mal funcionamiento''.