Hasta ahora, según datos del Banco Mundial, las crisis rusa y asiática han costado 800 mil millones de dólares (equivalentes a 2 por ciento del producto interno bruto mundial); sin embargo, de no frenarse a tiempo la bola de nieve, lo peor estaría aún por venir.

Por lo tanto, es lógica la propuesta francesa -que el nuevo gobierno socialdemócrata alemán ha hecho suya- de negociar una regulación mundial de las finanzas para establecer, en cierto modo, un nuevo acuerdo de Bretton Woods e imponer controles a los capitales especulativos que giran por el globo como balas perdidas. El mismo presidente Clinton habla de ``una tercera vía'' entre la política keynesiana y la teoría, hasta ahora imperante, del libre mercado. Por su parte, los gobernadores de los bancos centrales de los países integrantes del Grupo de los Siete (G7), donde están representadas las naciones más industrializadas del mundo, discutirán en los próximos días una reforma de largo alcance del sistema financiero internacional.

Mientras a escala global importantes funcionarios y hombres de negocios -tanto de países desarrollados como de las naciones llamadas emergentes- han comenzado a analizar el establecimiento de mediaciones al modelo de libre mercado, en nuestro país las autoridades hacendarias y del Banco de México parecen empecinadas en sostener, contra viento y marea, un sistema económico que ha mostrado, mucho más allá de las graves turbulencias financieras recientes, su injusticia y efectos nocivos: la riqueza nacional se ha concentrado en unas cuantas manos, no se cuenta con un sistema bancario capaz de incentivar la actividad productiva y la generación de empleos, además, millones de mexicanos se encuentran actualmente reducidos a la pobreza extrema.

En este contexto, no deben pasar desapercibidos los señalamientos formulados por la Corporación Financiera Internacional (CFI), un organismo del Banco Mundial, en los que se afirma enfáticamente que el gobierno mexicano no ha proporcionado información satisfactoria ni suficiente en torno a la situación real de los bancos del país, ni ha realizado, hasta ahora, las reformas adecuadas para fortalecer el sistema financiero nacional. Incluso, directivos de la CFI han señalado que las autoridades mexicanas deben dar más transparencia a la conversión en deuda pública de los 552 mil millones de pesos utilizados, vía el Fobaproa, en el ``rescate'' de la banca mexicana.

A juzgar por los objetivos de la reunión de los representantes del G7 y por las declaraciones de diversos mandatarios del orbe, los gobiernos de los países más industrializados habrían comprendido que no será posible recuperar la estabilidad perdida ni sostener el crecimiento y las finanzas internacionales sin imponer controles a la especulación y sin que los estados intervengan para compensar los desequilibrios económicos y sociales -volatilidad financiera, desempleo generalizado, elevada concentración de la riqueza, baja del precio de las materias primas, entre otros- provocados por la apertura indiscriminada de las economías al mercado mundial.

Por ello, convendría que el gobierno mexicano abandonara la defensa a ultranza del modelo neoliberal y se abriera, no sólo en su posición ante los acontecimientos mundiales sino en la praxis económica interna, a los vientos de renovación y búsqueda de transparencia y equidad que, cada vez con mayor fuerza, surcan el horizonte internacional.