El subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Levy, afirmó que el presupuesto de egresos del año entrante será similar al del actual, que es el más bajo de los últimos 25 años, y señaló que el gobierno requiere unos 150 mil millones de pesos adicionales para responder a las necesidades de la población. El titular de Ingresos de esa dependencia, Tomás Ruiz, manejó la idea de eliminar la tasa cero del IVA, medida que, dijo, permitiría recaudar 60 mil millones de pesos. En el mismo acto, un foro organizado por el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), el presidente de la Comisión Federal de Competencia (CFC), Fernando Sánchez Ugarte, se lanzó de manera más directa contra la exención del IVA en productos básicos, se manifestó porque se obligue a pagar impuestos a quienes sobreviven en la llamada ``economía informal'' y llamó a transferir las atribuciones recaudadoras a los gobiernos estatales -en especial, a los gobernados por la oposición- a fin de que éstos dejen de pedir recursos a la Federación.

De los señalamientos mencionados, ha de entenderse, en primer lugar, que hay grandes factores de incertidumbre sobre el presupuesto nacional del año entrante. Esa tarea está sujeta a diversos factores imponderables, tanto internos como externos, como el comportamiento de los precios petroleros, las tasas de interés y el resultado de las negociaciones legislativas en torno a la manera de saldar el Fobaproa. Para colmo, no está claro de dónde saldrán los 150 mil millones de pesos adicionales que el gobierno requiere, según Levy, y, mucho menos, cómo se pagarían los 552 mil millones de endeudamiento público adicional que implicaría aprobar la propuesta original del Ejecutivo para absorber las deudas incobrables privadas y convertirlas en públicas.

Por otra parte, resulta preocupante la sugerencia de Tomás Ruiz -que en boca de Fernando Sánchez Ugarte fue inequívoca y clara propuesta- en el sentido de suprimir la tasa cero del IVA a fin de que el erario recaude los recursos que aún necesita, después de haber efectuado tres recortes presupuestales en lo que va del año.

Antes incluso de analizar los costos sociales que semejante medida tendría en los sectores mayoritarios de la población, severamente gol-peados por una crisis que se inició en diciembre de 1994 y que pareciera dirigirse a un ahondamiento después de una atenuación temporal, el año pasado, cabría preguntarse si existe en el Congreso de la Unión una bancada dispuesta a dilapidar el futuro electoral de su partido apoyando una determinación tan manifiestamente impopular, si los legisladores del PRI estarían dispuestos a repetir el mayoriteo de 1995, cuando, bajo la batuta de Humberto Roque Villanueva, elevaron el IVA en 50 por ciento, y si otro partido se uniría a ellos en tal agresión a los bolsillos populares.