El primer informe de trabajo del gobierno del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas tuvo como acierto fundamental el estar dirigido, en un lenguaje franco y sencillo y como rendición de cuentas, a todos los habitantes del Distrito Federal, independientemente de su filiación política o su voto en julio de 1997. No fue dirigido a sus partidarios ni a los militantes de su partido; no tuvo por objeto reivindicar o ensalzar al PRD; dejó de lado la retórica gastada y hostigante a la que nos tienen acostumbrados los políticos priístas; se distanció del triunfalismo de los que tratan de ocultar la realidad con cortinas de humo de palabras sin contenido o parecen hablar de países distintos al nuestro. Fue realmente el informe de trabajo, quizás demasiado prolijo en algunos apartados, de un gobernante republicano.
En los puntos centrales resaltó la secuencia expositiva: la situación que encontró a su llegada al gobierno y sus problemas; lo que ha hecho hasta ahora y piensa seguir haciendo; y las dificultades y límites que ha enfrentado y seguirá teniendo. En particular, fueron claros los planteamientos sobre el manejo del patrimonio y las finanzas públicas, la lucha contra la corrupción pública y privada, la seguridad y la impartición de justicia, la eficiencia de la administración y la información a la ciudadanía, la política social y la atención a los sectores más vulnerables, la acción cultural y la protección ambiental. Sin embargo, algunos ámbitos de la problemática urbana y la acción gubernamental se apartaron del esquema y no tuvieron un desarrollo tan sistemático, dando la impresión, real o equivocada, de que estas áreas no han logrado aclarar la problemática a atender o han tenido menor eficacia en la acción.
Entre ellas, cabe señalar el desarrollo económico, hoy en una coyuntura nacional crítica, con un impacto muy grave sobre los sectores sociales mayoritarios, en el que la acción del gobierno del Distrito Federal debe ser aún más creativa, por el límite que le impone su escasa capacidad real de respuesta, ya que es el ámbito privilegiado de la política federal y la acción del capital privado. Un equilibrio mayor en la información sobre estas áreas permitiría un balance más global y completo a los ciudadanos. También extrañamos un balance del trabajo en las delegaciones, donde se observan grandes diferencias en lo realizado, que han sido puestas en evidencia por las encuestas de opinión pública. Aunque los delegados harán su propio informe en unos meses, no podremos tener una visión comparativa de conjunto en ese momento.
Lo que queda claro en el informe es que el gobierno de Cárdenas ha avanzado en la inevitable tarea de tomar el control de un aparato administrativo construido para otra forma de gobernar y regido por normas propias de un régimen autoritario y discrecional, que hasta ahora la Asamblea Legislativa no ha logrado cambiar y que son un pesado lastre para la democracia; acelerar el tortuoso trabajo de los asambleístas parece un compromiso obligado de la mayoría en la ALDF. En palabras de Cárdenas, se está poniendo ``orden en la casa'' para poder trabajar mejor. Es indudable que su gobierno ha dejado atrás la acartonada postura ceremonial, prepotente y discrecional que caracterizó a sus antecesores; que gobierna de frente a la sociedad, con mayor apertura a la participación ciudadana, quizás aún insuficiente, con transparencia, honradez y honestidad.
Las tareas que tiene por delante en su corto periodo son enormes y enfrenta límites como las diferencias con el gobierno federal, el restringido y recortado presupuesto, y la permanencia de una base de funcionarios y trabajadores presa de la cultura del pasado, organizada clientelarmente por el PRI y aún controlada en parte por éste; esto es obvio en el caso de los sindicatos de trabajadores al servicio del gobierno local.
Los capitalinos debemos mantener una posición crítica y de evaluación seria y objetiva del trabajo del gobierno y los gobernantes; pero al mismo tiempo, tenemos que cumplir nuestro tarea en la transformación de la ciudad, y un balance rápido nos muestra que no lo estamos haciendo. Construir una ciudad para todos es el compromiso de todos, no sólo del gobierno capitalino. La participación democrática se conquista en la práctica, no se decreta.