La Jornada 7 de octubre de 1998

Acusan a García Lizama de intentar supervisar a toda asociación altruista

Angeles Cruz Ť Consecuencias graves y preocupantes traerá en el corto plazo el conflicto suscitado en la Cruz Roja Mexicana, porque la gente pudo haber perdido la confianza en la institución. Sin embargo, también servirá para renovar a los organismos de asistencia social, liberarlos de los protagonismos de sus dirigentes y fomentar la participación ciudadana, afirmó Jorge Villalobos, presidente del Centro Mexicano para la Filantropía.

Respecto a la Ley de Instituciones de Asistencia Privada, señaló que debe modernizarse. Fue concebida el siglo pasado en el contexto del conflicto liberal-conservador, buscaba impedir que la Iglesia recuperara algunos de sus privilegios y propiedades y por eso privilegia la sobrevigilancia del Estado sobre el ciudadano.

Ahora, con una nueva realidad, explicó Villalobos, la ley debe modernizarse, fomentar y estimular la acción de los ciudadanos e incorporar controles de vanguardia para evitar abusos.

Una nueva ley debiera dar a los notarios la responsabilidad, además de dar fe de la constitución de las asociaciones, de asegurarse que en los documentos constitutivos quede claramente asentado que no se pueden distribuir remanentes, y en caso de liquidación de la agrupación, sus recursos e infraestructura se entregarán a otro donatario autorizado.

La transparencia en el sector no lucrativo se va a lograr cuando las asociaciones tengan consejos directivos actuantes, que gobiernen más y administren menos. Ellos serán los encargados de evitar los protagonismos de sus presidentes, sostuvo.

En el altruismo, abundó Villalobos, no tiene por qué haber protagonismos personales, porque es un sector que promueve el servicio de los ciudadanos. Al referirse a la controversia suscitada recientemente en la Cruz Roja y el supuesto desvío de dos millones de pesos a la Fundación de Apoyo Social (FAS), ambas presididas por José Barroso Chávez, comentó: ``tal como se han presentado los hechos y las declaraciones, pareciera que hay un pleito personal de Barroso Chávez con Víctor García Lizama'', presidente de la Junta de Asistencia Privada (JAP).

Descartó la posibilidad de que el resultado de las auditorías a la Cruz Roja y a la FAS pudiera concluir en que hubo algún acto ilícito. En el sector del altruismo, dijo, ``el mayor tesoro son los principios éticos. Cuando hay cosas qué lamentar, la mayoría son errores administrativos y los abusos son los menos'', apuntó.

No obstante, el conflicto actual en la Cruz Roja es natural en un proceso de evolución del sector no lucrativo, y el hecho de que un grupo de directivos y consejeros nacionales de esa institución hayan decidido poner en juego su prestigio y hacer una denuncia pública, ``es síntoma de que algo está pasando y debe ser atendido''.

En entrevista, Villalobos -quien tiene amplia experiencia en el campo de la filantropía- comentó que la forma de dar transparencia a las actividades de asistencia y, en general, de desarrollo social, se logra mediante la autoregulación, e incluso con la obligación de las instituciones (privadas o civiles) de presentar públicamente sus informes financieros.

En la actualidad, tanto las asociaciones civiles como las instituciones de asistencia privada tienen la obligación de informar de sus actividades financieras a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), con el fin de que anualmente se renueve el permiso para tener recibos deducibles de impuestos.

Sin duda, se requiere de un organismo que supervise las actividades de las asociaciones, sin que ello signifique coartar las acciones de altruismo. En el caso de la Junta de Asistencia Privada y la ley que rige a las instituciones, responden a una visión, la de García Lizama, pues ``quisiera que todos los organismos que trabajan en beneficio de la comunidad fueran instituciones de asistencia privada, así lo hemos visto varias veces''.

Explicó que en una ocasión García Lizama pretendió que ninguna fundación podía constituirse como asociación civil, sino como institución de asistencia privada. Con notarios intentó determinar que cualquier persona que quisiera constituir una asociación tendría que ser institución de asistencia privada, ``pero esto es falso, pueden ser asociación civil y de cualquier forma la Secretaría de Hacienda les otorga las prerrogativas.

``Hemos visto -agregó- un afán de García Lizama de que todos queden bajo la supervisión de la Junta de Asistencia Privada'', y precisó: ``no tenemos nada contra la asistencia privada, es un sector muy respetable, que aporta muchos recursos a México, pero sí es indebido pretender llevar a todos los organismos a este esquema''.

La Junta de Asistencia Privada señaló que considera ilegales a aquellas asociaciones civiles cuyo objeto sea la realización de actos de beneficencia, como el sostenimiento u operación, sin propósito de lucro, de hogares para ancianos y orfanatorios, entre otros.

No se investiga a Barroso

Villalobos puntualizó que las auditorías en Cruz Roja Mexicana y la Fundación de Apoyo Social se refieren a las operaciones financieras entre ambas instituciones y la asociación civil Centro Cívico de Solidaridad, por lo cual no se investiga a su presidente, José Barroso Chávez.

Llamó a no distraer la atención y destacó que las investigaciones iniciaron desde el año pasado, ``lo que demuestra que nada tiene que ver con asuntos de orden político, religioso o ideológico''.

Por su parte, la Junta de Asistencia Privada afirmó que no se requiere un nuevo marco regulatorio de esas instituciones, ``la que se tiene es suficientemente fuerte para prevenir y, en su caso, sancionar desviaciones en las que puedan incurrir patronos y directivos de la asistencia privada''.