ASTILLERO Ť Julio Hernández López

La sociedad mexicana y sus instituciones están en crisis, afectadas por los males acumulados durante la larga existencia del actual sistema político.

Parte de ese sistema, y por tanto víctima también de los males de la vejez agravados por los nuevos vientos, es la relación complicitaria entre la parte más importante de la cúpula de la Iglesia católica mexicana y los gobiernos federales priístas. Un ejemplo de esa simbiosis lo fue la actuación del anterior nuncio apostólico Girolamo Prigione, de quien se recuerdan sus oficios para impedir las huelgas de misas en la Chihuahua agraviada la década pasada por el fraude electoral contra Francisco Barrio por parte de Fernando Baeza. La figura de monseñor Prigione es, además, imposible de separar de las turbias estampas del salinismo.

Pero, a pesar de ese control político impulsado por los enviados de Roma (ayer Prigione, hoy Justo Mullor) y por sus operadores locales (Norberto Rivera, en este momento), buena parte de los curas de base, de los de a pie, de los que no fuman puro ni reciben automóviles lujosos de regalo ni viven en residencias esplendorosas, han trabajado en sus comunidades con un pleno compromiso de servicio a los más pobres.

Molestos defensores de los pobres

Tal actitud ha sido considerada subversiva por los encargados de mantener el orden actual. De allí han devenido las acusaciones y las campañas de difamación y descrédito contra, por ejemplo, el obispo de San Cristóbal de las Casas, Samuel Ruiz, asumiéndolo en los altos círculos oficiales como el verdadero promotor y comandante de las fuerzas zapatistas sublevadas en 1994.

Pero las condiciones de opresión, miseria e injusticia extremas no sólo existen en Chiapas, sino en otros lugares como Guerrero y Oaxaca. En Guerrero, sin embargo, no hay una notable organización eclesial vinculada a la defensa de los pobres y a los movimientos sociales (en todo caso, la oposición popular se organiza en derredor de un partido, el de la Revolución Democrática), como sí sucede en la región istmeña de Tehuantepec, con el obispo Arturo Lona como solidario acompañante de los pobres y los miserables.

En esa parte de Oaxaca operan, además, el llamado Ejército Popular Revolucionario (EPR) y su escisión, el Ejército Revolucionario Popular Independiente (ERPI).

Prigione, Mullor, la mano vaticana

Por ello, en una estrategia de envolvimiento político, y de desactivación de puntos conflictivos (en la que ha trabajado el ex nuncio Prigione, quien ha pasado largos meses operando políticamente en México, con una discreción indicativa de los delicados asuntos que tiene entre manos), se empujó meses atrás a la Conai a su disolución, se pertrechó el gobierno con diplomáticos y funcionarios adecuados para dividir y corromper el ámbito cercano al obispo chiapaneco Ruiz, y ahora se endereza una operación contra el obispo Lona en Oaxaca.

En el fondo de todos estos jaloneos internos está la visita de Juan Pablo II, durante la cual se pretende llegar a un acuerdo político de pacificación nacional que destrabe el caso mundialmente conocido de Chiapas y otros menos famosos pero igualmente graves, como el de Oaxaca.

La crisis de la Iglesia mexicana

Hoy, sin embargo, las maniobras del nuncio Mullor, tratando de echar fuera de su cargo eclesial a Arturo Lona, están mostrando a viva luz las divisiones y las desavenencias entre la máxima cúpula directiva de la Iglesia mexicana (regida por la representación romana directa que es el nuncio) y los sacerdotes y obispos que trabajan y luchan preferentemente por los más pobres.

Las instituciones mexicanas todas han entrado en un proceso de revisión que, además, busca corregir errores y plantear alternativas. La figura presidencial, antaño mítica e intocable, ha entrado en un proceso franco de crítica. La institución militar, por igual. (Bueno, hasta la Cruz Roja). Ahora parece llegado el turno a la Iglesia, a esa entidad milenaria que ha acumulado un gran oficio político para resolver sus problemas. Un obispo en ayuno, y la denuncia de que un nuncio pretende hacer renunciar a su cargo a ese prelado, no son sino una muestra de las batallas internas que no escuchamos, ensordecidos por el tañer de las campanas, ni vemos, cegados por el esplendor de los rituales dominicales.

La doctrina Green...

El gobierno mexicano ha conseguido en los cuatro años recientes inscribir a la nación en los peores compendios de violaciones a los derechos humanos, de desacato a convenios y recomendaciones internacionales en la materia e, inclusive, de falta de imaginación para encubrir (así fuese con buenas maneras o con imaginativas excusas) sus reiteradas fallas.

Mostrando de nueva cuenta una especie de cantinflismo ilustrado, la secretaria de Relaciones Exteriores, Rosario Green, ha vuelto a las andadas en materia de desciframientos, traducciones y entendimientos condicionados.

Refiriéndose a las recomendaciones emitidas por la Comisión Intermericana de Derechos Humanos (CIDH), en las que se censura el comportamiento del gobierno mexicano respecto a los casos del ejido Morelia, de Aguas Blancas y del general José Francisco Gallardo, la vivaz canciller ha declarado que se han cumplido ``hasta el punto donde podíamos cumplir''.

Ha añadido la diplomática que ``cuando ha sido posible cumplir las recomendaciones al pie de la letra, se han creado algunas de las instituciones que la CIDH nos ha pedido''. La lógica hace deducir que cuando no ha sido posible cumplir algo, pues simplemente... se ha incumplido.

Cumplir nomás lo que se pueda

La interpretación jurídica de la canciller muestra rasgos de un peligroso autoritarismo, pues pretende que las obligaciones jurídicas tienen grados de cumplimiento dependientes de la voluntad de las autoridades o que, como es el caso específico, debido a la falta de reglamentación específica, es posible jugar a las matatenas con las recomendaciones de una organización con la que el gobierno mexicano, en ejercicio de su soberanía, firmó un convenio internacional.

La ``doctrina Green'' podría ser reivindicada en el fuero interno por cualquier nacional que, siendo compelido a cumplir con sus obligaciones jurídicas -manutención de sus hijos, pago de un adeudo, respeto a la integridad física de sus semejantes- simplemente arguyese que llegó ``hasta el punto donde podía cumplir''.

Cuando se ha podido cumplir, se cumple, cuando no, pues no, diría el axioma de doña Rosario (que debería ser registrado de inmediato en la oficina de derechos de autor, antes que lo pesque El Filósofo de Güemes, aquel famoso pensador popular tamaulipeco que engarzaba obviedades con buen humor, pero que no pretendía hacer alegatos diplomáticos de sus frases ocurrentes).

Los casos que motivaron la recomendación de la CIDH son, todos, muestra viva del grado de agravio que en México han sufrido los derechos humanos durante los cuatro años recientes, en los que se han complicado tanto las cosas por el tambaleo de las autoridades, la falta de oficio político, y la instalación de fuerzas militares como relevo en las tareas en las que los civiles han fallado o se declaran incompetentes.

Por último, respecto a este asunto, debe anotarse que, si hay tales actitudes displicentes -propias de gobiernos con los que debería avergonzarnos el emparentamiento en materia de violaciones a los derechos humanos- en terrenos donde existen cuando menos compromisos jurídicos internacionales cumplibles, peor es el abandono y la irresponsabilidad cuando simplemente hay sanciones, denuncias o recomendaciones de tipo moral.

Fax: 5 45 04 73 Correo electrónico: [email protected]