Deslinda Fernando Solís a refugiados de actos rebeldes en el sureste mexicano

Kyra Núñez, especial para La Jornada, Ginebra, 6 de octubre Ť Los refugiados guatemaltecos que desde principios de los ochenta ingresaron a Chiapas, y se han asentado además en Campeche y Quintana Roo, no han estado afiliados a grupos guerrilleros -ni de México ni de Guatemala-, coincidieron en señalar a este diario los titulares de la Subsecretaría de Población y Servicios Migratorios del gobierno mexicano, y de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), Fernando Solís Cámara y Pedro Vázquez Colmenares, respectivamente.

Aunque han estado viviendo en regiones donde se han suscitado conflictos, como en Chiapas, los refugiados centroamericanos siempre se han comportado de acuerdo a la ley y han estado apegados a los postulados mexicanos de respeto a la sociedad que les dio refugio, afirmó Solís Cámara, desmintiendo así informaciones oficiales que a lo largo de estos años han tratado de vincular a los refugiados guatemaltecos con revueltas internas en el país.

El incidente ocurrido hace unos meses en el poblado La Libertad, Chiapas, en que efectivos del Ejército Mexicano intervinieron una alcaldía zapatista con el pretexto de una carta enviada por el representante del ACNUR en México, Michel Gabaudan, en la que solicitó la liberación de un refugiado preso en la cárcel del llamado municipio autónomo, no ha sido abordado con la alta comisionada para los Refugiados, Sadako Ogata, ni ha sido motivo de explicaciones porque las autoridades competentes actuaron ante un caso ``donde la ilegalidad era evidente'', explicaron los funcionarios.

El año 2000 terminará el programa de refugiados

La última repatriación de refugiados guatemaltecos se llevará a cabo en junio de 1999, y se espera que para esa ocasión la alta comisionada Sadako Ogata esté en Chiapas, expresó el subsecretario Solís Cámara, luego de reunirse con la diplomática japonesa, a quien le extendió la invitación respectiva.

El programa de ayuda a refugiados guatemaltecos -que México mantiene desde 1980 en colaboración con el ACNUR y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar)- habrá de darse por terminado en el año 2000, luego de que unos 25 mil centroamericanos reciban los documentos de estabilidad migratoria para residir en México con un nuevo estatuto jurídico, lo que les permitirá la integración social y económica, incluyendo la naturalización, por la que han optado unos 2 mil 300.

Alrededor de 40 mil refugiados (75 por ciento de los que ingresaron) han vuelto a su país mediante el Programa de Retorno Organizado, y 5 mil más lo harán en los próximos diez meses.

El programa ha tenido en estos años un presupuesto de unos 50 millones de dólares -otorgado principalmente por países europeos a través del organismo de la Organización de las Naciones Unidas responsable de la protección de refugiados- e intenta obtener para la etapa de cierre (1998-2000) 5 millones de dólares más, dijo por su parte a La Jornada el director de la Comar, Pedro Vázquez Colmenares, quien indicó que el presupuesto directo de México ha sido de apenas 15 por ciento, aunque el del suministro logístico (educación, salud, techo, trabajo) es invaluable.

Actualmente, la Unión Europea financia con 3.5 millones de dólares el programa del ACNUR para la integración socioeconómica de los refugiados.

Posible adhesión de México

a un protocolo internacional

Por otra parte, interrogado sobre la eventual adhesión de México a la Convención Internacional para los Refugiados y su Protocolo, el subsecretario Solís Cámara declaró que muy posiblemente en 1999, la Comisión Intersecretarial que revisa desde 1996 los instrumentos jurídicos internacionales, se abocará a la revisión a fondo de ese mecanismo sobre el cual, dijo, hay argumentos que plan-tearían su aceptación, pero también hay otros que harían optar por no hacerlo.

La adhesión al citado instrumento fue propuesta por la alta comisionada Ogata a Solís Cámara, a quien le expresó su deseo porque México firme el documento antes del término de su gestión previsto para el año 2000. La japonesa fue relegida hace unos días para un periodo más de dos años.

Los importante, destacó el subsecretario, es que aún sin ser parte de la convención México ha dado pruebas de una postura de la más alta nobleza en su trato al refugiado guatemalteco, promoviendo su inserción al país, naturalizando a los hijos nacidos en suelo mexicano y dando el reconocimiento de integración jurídica.

El funcionario, quien hoy intervino ante la 49 sesión del Comité Ejecutivo del ACNUR -ante el cual es miembro observador, dado que México no es signatario de la Convención Internacional sobre Refugio-, hizo la presentación de los lineamientos y logros de las acciones nacionales a favor de la repatriación voluntaria de refugiados guatemaltecos a su país de origen, y la integración de aquéllos que han optado por residir en el país que les dio asilo desde principios de los ochenta, en un documento intitulado La solidaridad internacional y la política de México en materia de refugio.

Incidentes migratorios en la frontera norte

Interrogado por este diario sobre el por qué continúan los incidentes migratorios en la frontera norte -como el reciente en que un mexicano perdió la vida-, Solís Cámara dijo que es debido a que sigue habiendo un número muy grande de mexicanos que desean cruzar la frontera, pero también porque las condiciones climáticas (ríos que se desbordan, desiertos) han vuelto aún más arriesgado el pase y porque son mucho más sofisticados los recursos tecnológicos y humanos para la vigilancia de cruces sin documentos.

Sin embargo, consideró como absolutamente inaceptable que un agente fronterizo dispare sobre un ciudadano que tiene una piedra en la mano. ``La diferencia de fuerza es totalmente desproporcionada'', dijo, refiriéndose al agente estadunidense que el pasado fin de semana disparó sobre dos mexicanos y mató a uno, con el pretexto de que ambos amenazaban con apedrear a los agentes fronterizos.

Insistió en que los mexicanos que quieren cruzar no son desempleados, todos tienen trabajo pero lo dejan porque en Estados Unidos podrían tener salarios ocho veces más altos que en México. Respecto de la frontera sur, aseguró que son infundadas las informaciones sobre un posible cerco fronterizo. ``La política migratoria por un lado promueve la inmigración de quienes habrán de contribuir al progreso nacional, pero por otro vigila que los movimientos migratorios acaten la ley. Por eso, no menos de cien mil personas son expulsadas anualmente del país, principalmente centroamericanas''.