Expropiará el gobierno capitalino inmuebles para su plan de vivienda

Ricardo Olayo Ť El gobierno capitalino diseñó un plan de expropiación y compra de inmuebles para destinarlos a vivienda en cinco delegaciones del centro de la ciudad, informó el secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, Roberto Eibenschutz. Se prevé la adquisición de inmuebles que en su conjunto aporten entre 300 y 400 casas habitación, y de otros 110 edificios o viviendas intestadas, que podrían significar otras mil.

Un programa de esta magnitud no se podrá concluir este año, entre otras cosas porque se requerirán los recursos presupuestales de 1999, precisó en entrevista.

En tanto, diputados federales de las comisiones de Vivienda y del Distrito Federal analizan someter al pleno de la Cámara de Diputados una prórroga para que el próximo 19 de octubre no entren en vigor las medidas ``antiinquilinarias'' aprobadas en 1993, informó el legislador David Cervantes.

La intención, explicó, es diferir estas acciones hasta el próximo año, en que la Asamblea Legislativa tenga facultades en la materia y elabore su propio código civil, en el cual se integre una relación más equitativa entre inquilinos y dueños de inmuebles en renta.

De no lograrse cambios, se harán juicios ``sumarios'' en los que la peor parte la llevarán los inquilinos, pues se les podrá cobrar renta en moneda extranjera; los contratos ya no serán obligatorios a un año, sino en los plazos que decida el dueño y, aunque los habitantes se opongan a desalojar la vivienda, lo tendrán que hacer en corto plazo.

Parte de los problemas de vivienda fue ayer detallado por la Secretaría General de Gobierno del DF, en el informe de actividades de su titular, el cual fue enviado a la ALDF. En él, Rosario Robles expresa que cada día hay dos solicitudes de apoyo de la policía para efectuar desalojos en inmuebles o viviendas, y anuncia que se preparan modificaciones a la legislación en materia de arrendamiento.

Ayer, el secretario de Desarrollo Urbano, Roberto Eibenschutz, indicó que la situación demanda también dar atención a 500 viviendas que están en riesgo de derrumbarse por el deterioro, a fin de procurar certeza y seguridad en ese renglón.

Explicó que ante la proximidad de las medidas que entrarán en vigor el lunes 19 de octubre, los inquilinos deberán negociar el monto de las rentas, pues cifras preliminares permiten establecer que alrededor de 2 mil 500 familias tendrán que redefinir su situación, aunque de ninguna manera se trata que de un día para otro serán lanzadas de su casa.

El programa preparado por el gobierno es un paquete de expropiaciones, sobre todo de inmuebles con problemas de posesión y otros en mal estado. Para la compra se tienen disponibles 15 millones de pesos que no son suficientes, por lo que se requerirán de recursos del ejercicio de 1999, lo mismo que en las expropiaciones.

El delegado de Cuauhtémoc, Jorge Legorreta, explicó que en la demarcación hay 400 inmuebles de riesgo y que durante la temporada de lluvias se hicieron trabajos de apuntalamiento para evitar desastres. Sin embargo, no se puede confiar en la estructura de las viviendas, algunas de las cuales en el pasado estuvieron bajo el régimen de renta congelada.

En la Cámara de Diputados, dictamen para diferir medidas inquilinarias

En este momento lo que está en discusión, precisó el diputado federal David Cervantes, no es el descongelamiento de rentas, pues ese proceso fue gradual, ya concluyó, y de hecho generó juicios ante los tribunales.

Ahora el asunto es la entrada en vigor de medidas inquilinarias, que son parte de una reforma aprobada en el Congreso desde 1993. Aquella disposición indicaba que el 19 de octubre se aplicaría una serie de medidas, que hasta ese momento sólo se destinaban a inmuebles de uso comercial.

Esa votación, recuerda el diputado, salió adelante sólo con el PRI y no mereció una discusión a fondo. Desde entonces, las nuevas condiciones se aplican para las rentas de locales comerciales.

Entre otras acciones que pueden presentarse a partir del próximo 19 está que los arrendadores podrán inconformarse ante los jueces y éstos efectúen juicios fast track, en detrimento de los plazos de defensa del inquilino. Incluso, la Procuraduría Federal del Consumidor se verá limitada en su acción ante las medidas, aseguró el legislador perredista.

Por ejemplo, agregó, si un propietario no quiere ampliar el contrato de renta, podrá recurrir a los tribunales y ganar el caso para que en un corto plazo sea desocupada su propiedad. Además, podrá cobrar la renta en dólares y los contratos ya no serán obligatorios por un año.

Si hay un adeudo será casi inmediata la orden de desalojo de los jueces, quienes tendrán que aplicar la nueva normatividad. Por esta razón, dijo Cervantes, se prevé que los más afectados sean las familias de escasos recursos.

Así, los partidos representados en la Cámara de Diputados dictaminan una iniciativa para diferir la entrada en vigor y hasta ahora, explicó, se ha avanzado. Las subcomisiones respectivas efectúan los trabajos que en breve podrían llevar a que el dictamen sea votado en el pleno.