Salidas de lo más profundo de los modos y naturaleza íntima del sistema de gobierno, dos grandes corrientes coinciden en el presente para marcarlo de manera indeleble. Una se conforma a partir de las crisis ética, social y política implicadas en la conducta y las actitudes oficiales, que desemboca en la masacre del 68. La otra se forma a raíz de la toma de conciencia por la crisis financiera del 95, que da por resultado el famoso rescate bancario (Fobaproa). Ambos sucesos, mentiras y crímenes de la represión social violenta y quiebre económico sin salidas asequibles, tienen un denominador que los unifica: el modelo imperante.

El vocinglerío sobre lo acaecido en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco no ha cesado, pero ya pueden extraerse varias conclusiones a cual más de graves y preñadas de consecuencias. Una es la incontestada exigencia de buena parte de la sociedad enterada de sujetar al gobierno a una serie de reglas para que rinda cuentas de su comportamiento. Sin tal respuesta precisa y oportuna a los reclamos y el dolor colectivos, la transición democrática seguirá pendiente.

Pero por abajo o por encima de la terca sordera del oficialismo a dar cabida y aceptar la sed de justicia de lo que llamaremos la sociedad crítica, va quedando un sedimento de ilegalidad, encubrimiento, torpeza y cerrazón de una manera de gobernar por demás conocida y que malguía, desde hace ya muchas décadas, a esta nación. Las tropelías se han evidenciado al compás de un recio golpeteo que durante 30 años ha sido, ahora lo apreciamos, constante e inmisericorde. La paralización de las ideas del grupo gobernante es notable. Sus adalides y voceros no atinan, ni siquiera, a defenderse y se refugian en negativas infantiles (Labastida) para abrir archivos, aceptar responsabilidades y sólo piden un olvido cómplice por lo pasado (AMD). Nada dicen que sea inteligente o verosímil y menos aún se atreven a solicitar perdón por lo hecho. Queda por tanto descartado, por ahora, el asumir, ante tribunales, la culpabilidad de ciertos personajes en concreto (LEA, GDO y otros varios menores). Ya habrá tiempo para ello pero, mientras tanto, hoy se espera que se materialice un fenómeno electoral de castigo en el cercano 2000.

Se entrevén ciertos indicios de que, en efecto, se habrá de enjuiciar con rigor al sistema, a juzgar por la manera en que la historia de lo acontecido se ha ido escribiendo. Las letras en la asamblea que reconocen el martirio de los protestatarios de entonces y las banderas a media asta en las plazas públicas son algunos indicativos de una segunda conclusión que ya se extrae, la historia alternativa que se asienta en el imaginario popular. Tal historia redobla su fuerza con los muchos y valiosos libros escritos, las repetidas publicaciones externas, los exhortos de organismos privados junto a los de ciertos gobiernos que abren sus indiscretos archivos, las tupidas y alegres marchas, los sesudos artículos, las múltiples voces callejeras e, inesperadamente, los programas de la radio y la televisión privada, aún aquella otrora recalcitrante defensora de la teoría conspirativa de talante comunista.

Faltará sin embargo por ver si esa fuerza que ya camina acompasada por buena parte de la sociedad, podrá ser recogida por algún partido político y, más importante aún, que éste logre el respaldo del resto de la ciudadanía. No está claro y menos seguro que así sucederá. Más bien se apunta hacia lo opuesto a pesar de que las dramáticas derivaciones de la crisis del 95 se le puedan sumar al desprestigio del grupo en el poder y, en particular, a sus autocráticas costumbres, fundamentalismo y pensamiento excluyente. Un hálito de pesimismo informado recorre el ambiente.

Las esperanzas de una recomposición seria de la propuesta gubernamental para asumir como deuda los pasivos del Fobaproa se diluyen en la medida de los respaldos del PAN a la nueva versión presentada en días pasados y la expulsión del PRD de la mesa negociadora se concretizan. Los cambios anunciados son cosméticos y se intentará que la hacienda pública asuma todos los costos que ya se preveían y que los mexicanos no quieren, ni podrán aceptar sin ser depurados y cargados a la cuenta de los responsables. Lo cierto, de suceder tal infortunio emanado de la voluntad y los deseos imperantes, se condensará un achatamiento de las oportunidades de desarrollo del país hasta bien entrado el próximo siglo. Este, por lo pronto, terminará bastante mal y puede que aún peor.