Astillero Ť Julio Hernández López

La obsolescencia de las leyes, y el enorme abismo ente las normas jurídicas vigentes y la crítica realidad social, quedaron de manifiesto ayer, con el seco golpe sobre la mesa que asestó Vicente Aguinaco para declarar en suspenso la reunión de ministros de la Suprema Corte de Justicia que declararía válido el cobro de intereses sobre intereses.

Históricamente manipulada por el Poder Ejecutivo, la máxima instancia del Poder Judicial Federal se manifestó ayer (una parte, en realidad, pues contra el voto mayoritario del segmento oficialista de la SCJN se pronunció una digna minoría) en el mismo sentido que la Presidencia de la República respecto a los problemas de bancos, banqueros y deudores menores: privilegió el interés de quienes concentran la fuerza económica, en detrimento de los millones de mexicanos que por la vía de los cobros usureros de préstamos han perdido en los últimos años sus propiedades y la esperanza.

Dando la espalda a los genuinos intereses de las mayorías, la franja hegemónica de la SCJN ha confirmado su alineamiento pleno con el proyecto económico que defiende a capa y espada la actual administración federal: proteger y beneficiar a las entidades concentradoras (y expoliadoras) de la riqueza nacional, por encima de los intereses del pueblo trabajador.

Pero, ¿de veras hay justicia en México?

La definición de la SCJN la toma en los peores momentos en cuanto a la calificación pública de su desempeño. La procuración de justicia es una de las mayores vergüenzas nacionales actuales, con un ejército de policías, comandantes, agentes del Ministerio Público, funcionarios y procuradores convertidos en cómplices de la delincuencia. Pero, en el ramo de la administración de la justicia, los jueces, magistrados y ministros tampoco pasan por un buen momento. Al contrario, se ha fortalecido la percepción popular de que el aparato judicial se parapeta tras la letra de las leyes para finalmente acatar instrucciones políticamente superiores o delincuencialmente afines.

El peligro de tal perversión de fines y objetivos es que, al fallar la ley, y convertirse en objeto de mercadeo, o en plastilina moldeable al gusto del cliente o del patrón, se desgaja la unidad social y se rompen los pactos de la convivencia, generando rebeldías y arrojando a la población al campo de batalla en el que no hay reglas válidas ni árbitros respetables.

La presencia ayer de barzonistas y deudores, y el empuje mostrado contra el mundo de las togas y los birretes, es un dato preciso que nos muestra cómo otra de las instituciones antaño intocadas, como es el máximo tribunal del país, cuyas decisiones son inatacables, requiere también de una revisión a fondo y de correcciones que nos lleven a todos a firmar de nuevo un pacto social valedero, respetable y cumplible.

La Suprema Corte Papal

Días agitados le esperan a la nación respecto al asunto del anatocismo, que es el cobro de intereses sobre intereses. Aun cuando técnicamente la resolución de la Suprema Corte es irrevocable, lo cierto es que el impacto social de la decisión tomada -contraria a millones de deudores- puede generar transformaciones en los hechos, buscando y encontrando caminos alternos que atemperen la irritación social y, al mismo tiempo, mantengan a salvo el principio de autoridad del Poder Judicial.

Donde las cosas parecen no tener ninguna posibilidad de reversa es en Tehuantepec, pues el gesto de rebeldía del obispo Arturo Lona se ha topado ni más ni menos que con el papa Juan Pablo II, quien ha decidido respaldar la solicitud de renuncia al cargo que al prelado residente en la región istmeña hizo en días pasados el representante personal del sumo pontífice, que es el nuncio Justo Mullor.

La postura vaticana coloca al obispo Lona en una disyuntiva grave: obedecer y aceptar la indicación del máximo e incontestable jefe de su comunidad eclesial -el representante de Cristo en la tierra- o luchar para denunciar la arbitrariedad de la decisión e intentar -sin posibilidad de éxito- cambiarla.

El obispo Lona ha dicho que no cometerá la imprudencia de renunciar, pues ello implicaría traicionar los intereses de las comunidades a las que sirve. Pero, mientras en Tehuantepec así se habla, en El Vaticano se mueven con sigilo -y eficacia- entre las cortinas palaciegas tanto el nuncio Mullor como el arzobispo Norberto Rivera. Tras ellos van, silenciosos sobre las mullidas alfombras, los intereses específicos del gobierno mexicano, y las carpetas con los planes políticos asociados con la visita papal de enero del año venidero.

Astillas: No es accidental la presencia de Carlos Rojas en Baja California, para dialogar con los diputados locales priístas que han estado en el proceso de elección del sucesor del finado Héctor Terán Terán. Rojas tiene allí la responsabilidad de hacer cumplir los acuerdos políticos a los que el presidente Zedillo habría llegado con la directiva nacional panista. La pieza difícil en la operación de esos acuerdos sería el diputado local Jaime Martínez Veloz, quien ganó su curul contra la voluntad de mandos partidistas centrales y con la indolencia de otros aún más poderosos, que lo dieron por derrotado primero en la consulta interna priísta y luego en la dificilísima elección constitucional. Ganador a pesar de todo, Martínez Veloz ha avanzado políticamente en aquellas tierras haciendo una férrea defensa del derecho local de decidir su destino y de no ser mera mercancía de negociaciones federales. El diputado local priísta, que tiene una cercanía notable con los perredistas que en la correlación bajacaliforniana de fuerzas son el fiel de la balanza, ha sido impulsado en diversos momentos de su carrera política por el propio Carlos Rojas, quien ahora tiene el encargo superior de hacer que todos los diputados priístas cumplan los acuerdos que, con aquella entidad peninsular como moneda, esperan destrabar el asunto del Fobaproa... Pues dice el secretario de Seguridad Pública de la capital del país, Alejandro Gertz Manero, que la famosa Hermandad policiaca bien que existe y que inclusive amenaza a altos mandos como el declarante. Lo dicho por el funcionario contrasta con las palabras y las actitudes de la Procuraduría General de Justicia capitalina, a cargo de Samuel del Villar. ¿A quién creerle? Para no equivocarse, a la realidad diariamente comprobable: claro que existe la tal Hermandad, que es una organización secreta, informal, de policías que comparten negocios, se ayudan a tener impunidad e, instalados en mandos medios de las corporaciones, conspiran para impedir que las buenas intenciones de los civiles llegados transitoriamente a las cúpulas puedan prosperar... Entrevistado ayer en Radio Fórmula, empresa para la que él mismo conduce espacios noticiosos, Joaquín López Dóriga ha dicho que él está plenamente dedicado a pensar en el periodismo, mañana, tarde y noche, pues no tiene ni agencias aduanales ni gasolineras ni negocios que lo distraigan de lo que es su actividad vital... Manuel Lapuente era la versión futbolística del villano favorito (y no sólo por la calvicie compartida con el residente en Dublín). Derrotas, empates y victorias de poco lustre eran el saldo del entrenador de la selección mexicana, quien vivía un virtual linchamiento antes de que iniciara el torneo de Francia 98. Lapuente, en todo caso, alegaba algo que indignaba aún más a los aficionados, pues aseguraba que estaba experimentando, explorando, ensayando. Los resultados favorables para México acallaron las críticas y colocaron al entrenador en un pedestal. Ahora, don Manuel ha logrado algo que puede llevar a la Selección Mexicana a una tesitura seria, madura: trabajar cuatro años, sin presiones de la opinión pública, sin altibajos emocionales, para buscar buenos resultados en el mundial que en el 2002 se realizará conjuntamente en Corea del Sur y Japón.

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