Una cosa es la legalidad y otra la justicia. Así se comprobó con la decisión de la Suprema Corte de Justicia en el sentido de que son legales los convenios entre los bancos y sus deudores para capitalizar los intereses vencidos y cobrar intereses sobre los mismos.
El conflicto social no es desdeñable. Suman un gran número los deudores de los bancos y sus problemas se despeñan, como en cascada, sobre sus familias y colaboradores. Como ocurrió un día antes, las protestas masivas continuaron ayer, pero esas manifestaciones no tienen efecto para cambiar la decisión de los magistrados del máximo tribunal del país.
Otra vez parecen en conflicto la realidad y lo que dicen las leyes. En términos jurídicos, la decisión de los magistrados de la Suprema Corte de Justicia no puede ser rebatida. El problema está en los efectos sociales, pues los deudores son aparentemente mayoría.
Describir el conflicto de esa manera no es suficiente. Los bancos representan las inversiones de un gran número de personas, quienes les entregan sus ahorros precisamente para que los cuiden y, en la medida de lo posible, los hagan crecer. Para cumplir con esa finalidad, los bancos tienen que prestar los capitales que les son confiados y cobrar intereses de manera que respondan a los ahorradores.
Se trata, evidentemente, de un conflicto de intereses. ¿Cómo se va a resolver?
Eso es lo que está por verse. Aunque pese a grupos mayoritarios, el fallo de la Suprema Corte de Justicia está apegado a lo dispuesto en las leyes nacionales. Mucho se habla de la vigencia de un estado de derecho y ayer se confirmó. Si se quiere cambiar, antes se tendrán que modificar las leyes.
La cosecha
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