¿Cuándo termina la fase de construcción de una democracia? El seguimiento que se ha hecho de las etapas de tránsito en países que claramente han pasado de un tipo de régimen autoritario o dictatorial a uno supuestamente democrático, tiene que ver con un algún acontecimiento fundante como una elección, en la que el poder pasa de los mandos militares a manos civiles o con la formulación de un pacto social que se fija en una nueva constitución.

Aquí en México no se han dado ninguno de los dos hechos porque no venimos de un régimen militar ni tampoco hemos pasado por un nuevo constituyente. En este país hemos pasado en las últimas décadas por un largo proceso de avances y retrocesos, hasta llegar a tener varios indicadores de lo que implica un sistema democrático.

Al mismo tiempo, existen pendientes, que se refieren principalmente a dos aspectos: la construcción de instituciones democráticas y al criterio de oro, según el cual todos los intereses están dispuestos a someter sus intereses al juego de las reglas democráticas. Un caso muy ilustrativo al respecto es, sin duda, el Distrito Federal, donde se está procesando una amplia reforma política.

El DF comenzó su tránsito democrático con la elección directa del jefe de gobierno que se llevó a cabo en 1997. Después de que ganó el PRD este importante territorio del país, empezó un periodo que tiene como objetivo central construir las nuevas reglas del juego político para responder a la realidad que se vive hoy en esta ciudad capital.

A diferencia de otras alternancias en algunas regiones, donde también se han elaborado reglas que han desembocado en nuevas instituciones democráticas, en el DF existen huecos enormes en su legislación y sus estatutos jurídicos, producto de su anterior condición -nada democrática- de dependencia completa de la Federación.

El punto de partida de esta reforma política, hoy en proceso, es que esta ciudad necesita elaborar, nada más y nada menos, un gobierno propio. El hecho de que la oposición sea la que gobierna hoy esta capital abre una coyuntura favorable para hacer esta reforma, si es que los partidos políticos no dicen otra cosa.

En este contexto, se acaba de presentar a dichos partidos un amplio documento de propuestas ciudadanas para la reforma política del DF, en el que están asentadas las principales líneas para hacer de la ciudad capital un espacio con instituciones democráticas.

Ese texto contiene 91 propuestas que se organizan en varios capítulos: Constitución local, estructura orgánica del gobierno, mecanismos de responsabilidad de los servidores públicos en la rendición de cuentas, órganos electorales y mecanismos de elección, y formas de participación ciudadana.

Las propuestas responden a los vacíos que tiene la ciudad en materia de reglas democráticas. Hay varios aciertos en ese documento, entre los que destacan, en primer lugar, la generación de condiciones para una futura gobernabilidad democrática mediante reglas y, en segundo, el fuerte impulso en la intervención de la ciudadanía en materia de gobierno (referéndum, plebiscito, consulta, audiencia, revocación de mandato, iniciativa popular, candidaturas independientes, demarcaciones municipales, cabildos, etcétera), como un requisito indispensable para que esta ciudad pueda funcionar de forma eficiente y democrática.

El punto de partida es construir un gobierno representativo que opere con base en una Constitución, la cual quedará a cargo de la Asamblea Legislativa, que tendrá la autonomía que tienen los estados de la Federación y con ello se terminará con esa condición de minoría de edad del DF.

Después de una amplia consulta pública existen ya importantes puntos de acuerdo, una agenda definida, propuestas explícitas y bien articuladas. Es posible que sólo falte concluir los consensos entre los partidos. Esperemos que exista la suficiente voluntad política en ellos para llegar a los acuerdos necesarios.

Esperemos que la respuesta de los actores políticos responda a los deseos ciudadanos de contar con buenos gobiernos democráticos, que no es otra cosa que gobiernos eficientes y eficaces que den cuenta de sus decisiones y propicien la participación social.

Tener instituciones y reglas democráticas no necesariamente conducen automáticamente a buenos gobiernos, pero quizá una cosa sea cierta: sin ellas será prácticamente imposible gobernar este complejo conglomerado de necesidades e insuficiencias.