La Suprema Corte ``legalizó la usura'', acusa el PRD en el Senado

Andrea Becerril y Alonso Urrutia Ť El controvertido fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre anatocismo provocó un largo debate en la tribuna del Senado de la República, instancia hasta donde el Partido de la Revolución Democrática (PRD) llevó su demanda de juicio político a los ocho ministros de ese tribunal que ``legalizaron la usura''.

La fracción perredista denunció las ``prebendas recibidas'' por los integrantes del Poder Judicial -créditos restructurados a tasas preferenciales-, a lo que sumó la ``presión'' del Ejecutivo federal a los ministros en vísperas del fallo.

Sin justificar la decisión, PRI y PAN salieron en defensa de los cuestionados. Ex integrante de la Corte, Trinidad Lanz Cárdenas exigió no usar la tribuna senatorial ``para denostar ni para escarnecer la respetabilidad y la honorabilidad de dignísimos funcionarios del Poder Judicial''.

Férrea defensa panista

Corresponsable en el proceso de renovación de la Corte, a fines de 1994, el panista Juan de Dios Castro rechazó las imputaciones a los ministros que en su momento fueron aprobados por el Senado, con base en propuestas mayoritariamente panistas. ``No se debe politizar la jurisdicción ni tampoco jurisdiccionar la política, y no debemos debilitar a uno de los tribunales que, al margen de discrepancias en los votos, hacen su mejor esfuerzo por dar justicia a México'', dijo.

Pese a las diferencias en torno al desempeño de los ministros, hubo consenso en la necesidad de reformar la ley para evitar fallos de este tipo. También ex integrante de la Suprema Corte, el priísta Salvador Rocha Díaz pidió reflexionar en ``los 22 años de negligencia'' del Poder Legislativo, que hoy ``le queremos endosar'' al máximo tribunal.

Resaltó que la responsabilidad de los senadores ``no es levantar la voz con una soberbia inusitada para criticar a los ministros de la Corte'', sino buscar la reforma necesaria al marco jurídico para normas protectoras de los deudores y que haga viable al sistema financiero.

Fue el dirigente de El Barzón, Juan José Quirino, quien inició la discusión cuando responsabilizó a los ocho ministros de ``sucumbir al encanto de los milloncejos'' de los banqueros, al recibir obsequios y someterse a las ``presiones'' del presidente Ernesto Zedillo.

Sostuvo que un mes antes del fallo, el Ejecutivo citó en Los Pinos a los ministros y como ``chantaje directo'' les dijo que serían responsables de la inestabilidad financiera y del desorden social y económico, si su resolutivo iba en contra del sistema bancario.

Recordó que el 9 de mayo de 1995, El Barzón hizo pública una circular en la que el Banco Bital se comprometió con el Poder Judicial a mantener congeladas las tasas de interés vigentes hasta diciembre de 1994, en las transacciones que llevó a cabo con ministros, jueces y magistrados, y se preguntó por qué la banca no tuvo esa misma consideración con todos los deudores. Por todo ello, pidió el enjuiciamiento político de los ocho ministros que aprobaron el fallo

``Me gustaría que hubiera un pronunciamiento de esta honorable Cámara para que el señor José Vicente Aguinaco nos contestara por qué recibió esos obsequios de los banqueros'', apuntó.

De inmediato y a nombre de la fracción del PRI, Lanz Cárdenas fue a la tribuna para cuestionar el fundamento del juicio solicitado por el PRD. Consideró que el Senado no era la instancia para promoverlo ni se tenían las pruebas necesarias para acusar de corrupción a los ministros.

``Podré en lo personal no coincidir con la interpretación de los ministros de la Corte, pero de ninguna manera me atrevería a sostener que ese criterio de interpretación obedece a situaciones torcidas, mezquinas, indignas o no respetables'', manifestó.

Tras la defensa del panista Juan de Dios Castro y su insistencia en llevar a cabo reformas legislativas de fondo, vendría la perredista Layda Sansores Sanromán a reforzar la demanda de su partido de fincar responsabilidades:

``¿Quién puede creer que la resolución de los ministros fue imparcial? ¿Quién puede creer que respondieron al interés público y que no privó lo privado? ¿Fue la interpretación justa de la ley o fue el pago de favores?''. Enseguida, refutó a Lanz Cárdenas: ``No son calumnias, hay evidencia de que no solamente hace cuatro años recibieron esas prestaciones, sino que actualmente siguen recibiendo tasas preferenciales''.

Otro priísta, Eduardo Andrade, expuso que a él tampoco le gustó la decisión de la Suprema Corte, pero reconoció la legalidad de su determinación y su carácter de inobjetable.

También somos deudores...

Rocha Díaz, integrante del grupo Galileo, y quien se reconoció deudor, dijo que ``la triste situación'' de los afectados por la legalización del cobro de intereses sobre intereses, ``no la generó la Suprema Corte, sino un modelo económico que ha probado que es insuficiente para atender el crecimiento de México, un modelo que tenemos que debatir y discutir, que tenemos que corregir porque de lo contrario, estas crisis serán cada día más profundas y más injustas''.

Coincidente con la argumentación del priísta, la senadora del PRD, Amalia García Medina, consideró sin embargo que los ministros sí tenían otras opciones para no lesionar con su fallo a cerca de diez millones de mexicanos e impedir que se generara mayor irritación social y ambiente de descontento.

Finalmente, el perredista Enrique González Pedrero criticó la obsolescencia de la ley, y propuso que el Senado de la República solicitara a la Suprema Corte de Justicia todo el expediente con la información y la discusión en la que se basó el fallo, a fin de contar con más elementos de juicio para las reformas. Esto fue lo único que el PRD logró que se aprobara.