Creció la represión en México en 98, acusa el Centro Pro ante la OEA

Triunfo Elizalde /I Ť ``México se sigue enfrentando a un gobierno autoritario, vertical, impositivo y represivo. El país está lejos de la voluntad política de las autoridades para dar los pasos necesarios que conduzcan por caminos democráticos hacia la justicia'', afirma el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh) en el informe ``Represión y violencia política en México en el primer semestre de 1998'', entregado en Washington a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la Organización de Estados Americanos.

En el documento se hace notar que de enero a junio de este año la violencia política y represiva se incrementó de manera alarmante en los estados considerados ``focos rojos'' como Chiapas, Guerrero y Oaxaca, así como el Distrito Federal. La primera entidad sobresale tanto por las violaciones individuales como por las colectivas, ya que aparece con un total de mil siete y 153 denuncias, respectivamente.

La diferencia entre todo 1997 y el primer semestre del 98, radica en que mientras el año pasado las violaciones individuales sumaron 750 y las colectivas 108, en sólo seis meses se incrementaron las quejas en más de ciento por ciento.

En el caso de Guerrero, y ``en algún grado el de Oaxaca'', el informe destaca que ambos se caracterizan por tener ``un gobierno autoritario, una militarización intensa y la presencia de grupos armados como el Ejército Popular Revolucionario (EPR) o el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), que sirven de pretexto para que policías y militares sometan a la población a infinitas vejaciones''. En ambos estados -agrega el documento- son intolerables la oposición y las organizaciones independientes, ``que restan poder a los caciques locales''.

Al hablar de las violaciones de derechos humanos que ``ya se han hecho comunes y son bien conocidas por los mexicanos'', Prodh hace notar que hay dos nuevos tipos de violación: ``la fabricación de delitos y la expulsión inmediata de extranjeros, cuya presencia en México obedecía a motivos humanitarios''; a tal grado ha llegado la situación -indica el informe-, que en los primeros seis meses de 1998 hubo 153 expulsiones ``arbitrarias'' de observadores extranjeros de derechos humanos.

En esta ``política represiva'', dice Prodh a la CIDH, el papel que han desempeñado las fuerzas armadas no corresponde a la imagen pública que se ha querido dar de ellas; por si no fuera suficiente, existe la presencia de paramilitares, guardias blancas, encapuchados y sicarios, todos ellos, ``agentes encargados de ejecutar y accionar la violencia en las zonas de mayor conflicto''.

De las violaciones de derechos humanos por entidad federativa, sobresalen Chiapas con 137; Guerrero, 70; Distrito Federal, 44; Oaxaca, 32, y estado de México, 11, entre otros.

En un conteo de 374 casos en el país, resultaron afectadas mil siete personas en Chiapas; 330 en Guerrero; 197 en Oaxaca; 146 en el Distrito Federal, y 101 en Tabasco.

Del total nacional que da Prodh a la CIDH en su informe sobresalen: 724 detenciones ilegales, 19 agresiones con lesión, 153 expulsiones de extranjeros, 124 homicidios, 91 casos de personas incomunicadas y 82 desapariciones, 59 privaciones ilegales de la libertad, 56 amenazas, 55 negaciones de asistencia jurídica, 47 hostigamientos y 46 casos de tortura, entre otros.

En cuanto a violaciones colectivas, el documento señala que fueron: 78 casos de intimidación; 52 hostigamientos, 39 retenes de control de tránsito, 36 agresiones con lesiones, 22 desalojos de plantones y manifestaciones, 17 desalojos de predios e inmuebles, 16 amenazas y 15 destrucciones con daños en propiedades.

De acuerdo con el documento mencionado, los autores de las violaciones cometidas contra individuos, comunidades y organizaciones civiles independientes, en los seis meses que comprende este reporte fueron: en 80 casos, elementos del Ejército Mexicano; en 54, de Seguridad Pública estatal; en 45, de Policía Judicial estatal; en 20, del Instituto Nacional de Migración; en 18, afiliados al PRI; en 13, personas que se acreditaron como agentes judiciales; en 13, policías municipales; en 12, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, y en 11, miembros del grupo paramilitar Paz y Justicia.

Por sectores, los más afectados son: campesinos e indígenas, con 149 violaciones a derechos humanos; organizaciones sociales, con 65; partidos políticos, con 53; medios de comunicación, con 31; observadores extranjeros, con 22, y civiles, con 20 casos.