La Jornada jueves 15 de octubre de 1998

Se inconforma porque un homicida fue elegido como alcalde en Oaxaca

Señora directora: Le saludo y la felicito. A la vez le solicito me haga el favor de publicar mi carta en su diario, tan representativo en todo el mundo.

Me he enterado por medio de éste, en la publicación del día 12 de octubre del presente mes de las elecciones en San Agustín Loxicha, Oaxaca, donde eligieron a Lucio Vázquez Ramírez, ex agente judicial, como presidente municipal.

Ante ello quisiera manifestar que Vázquez Ramírez es señalado en la recomendación 16/998 que envío la Comisión Estatal de Derechos Humanos a la Procuraduría de Justicia del Estado como uno de los responsables de la muerte de mi esposo Selerino Jiménez Almaraz; nuevamente manifiesto que en la noche del 24 de abril de 1997 entraron a la casa de mis padres, con lujo de violencia, cerca de 80 judiciales, entre ellos el actual presidente municipal, golpeándonos a todos los que dormíamos ahí. A mi esposo lo golpearon salvajemente, le dispararon, lo arrastraron y posteriormente lo mataron.

Este testimonio lo presenté el día 20 de agosto al 50 periodo de sesiones en la subcomisión de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, la cual dictó la resolución (E/CN.A /sub.a /1998 /L.18) al gobierno de México por las constantes violaciones a los derechos humanos en el país.

Ahora resulta que los asesinos plenamente identificados por los agraviados se han convertido en autoridades municipales con un claro fraude electoral, utilizando amenazas, muerte, terror y hostigamiento, como lo demuestran los escasos mil 349 votos con los que fue electo, cuando el padrón electoral es de 9 mil personas.

Los hechos demuestran que quienes participaron en las elecciones fueron los caciques, las guardias blancas y sus familiares, quienes abultan el resultado de las mismas.

¿Cómo es posible que con 70 por ciento de abstencionismo pretenden convertir en presidente municipal a los asesinos del pueblo?

Atentamente

María Estela García Ramírez

Apoya al obispo Arturo Lona

Señora directora: Le solicitamos pudiera ser autorizada la siguiente carta en apoyo moral al obispo Arturo Lona. En la sección El Correo Ilustrado.

Estimado obispo Arturo Lona, por la prensa nos enteramos de los momentos difíciles que usted y su congregación enfrentaron.

Nos alegra que hayan salido, por lo que la prensa reporta, fortalecidos y que su actividad en apoyo a los indígenas y a sus pastorales no se vea interrumpida. Sabemos del loable trabajo que el Grupo de Derechos Humanos de Tehuantepec realiza y desde este estado de México nos manifestamos porque sus labores continúen en defensa de los derechos indígenas.

Atentamente,

Asociación Pro Defensa de Derechos Humanos del Estado de México ADHEM. ONG. Misioneros Laicos Servidores del Reino. Patricia Franco, responsable de ADHEM; Silvia Veles, Sonia Osorio, José Luis Romero, Mónica Hurtado, misioneros laicos servidores del Reino

Precisiones del IFE

Señora directora: En relación con la nota publicada en la página 8 de la edición de este miércoles del diario a su digno cargo, me permito aclarar que el anteproyecto de presupuesto del Instituto Federal Electoral fue aprobado la víspera por el Consejo General del IFE con ocho votos a favor y una abstención.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente,

Víctor Avilés, coordinador nacional de Comunicación Social del IFE

Aclaración del gobierno de Naucalpan de Juárez a una nota sobre ``intolerancia religiosa''

Señora directora: En la página 13 de su edición de ayer aparece una nota de José Antonio Román donde se acusa al Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez, estado de México, de ``intolerancia religiosa'', por haber negado una licencia de construcción a una iglesia no católica.

Evidentemente tales acusaciones carecen de fundamento y razón y tal vez si se hubiera investigado al respecto, el reportero tendría en sus manos el informe que el 20 de julio del año en curso se envió a la Dirección General de Asociaciones Religiosas de la Secretaría de Gobernación, así como la respuesta puntual y precisa que se entregó al representante de la iglesia Alcance Internacional AR.

En ambos documentos, de los cuales anexo fotocopia, se fundamentan los motivos por los cuales el H. Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez, a través del Cabildo, la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología municipal y la Dirección de Desarrollo Urbano del Gobierno del Estado de México, negaron la licencia de construcción a esta asociación.

Como podrá comprobar, tanto el gobierno municipal como el estatal solamente están aplicando la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de México y el Plan del Centro de Población Estratégico de Naucalpan y no se trata, de ninguna manera, de ``persecución, hostigamiento, intimidación ni de intolerancia religiosa'', como se acusa en su nota del 12 de octubre.

A fin de que sus lectores conozcan más sobre este caso, nos ponemos a sus órdenes para que la persona que usted designe, visite el lugar y compruebe que la asociación religiosa Alcance Internacional violó la ley al construir su templo sin autorización y en el lugar inadecuado y se profundice más en el caso, como corresponde al profesionalismo que ha caracterizado a La Jornada desde su creación.

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes.

Luis Alfredo Andrade de León, director general de Comunicación Social

Respuesta del reportero

Señora directora: Respecto a la nota del señor Andrade de León, quisiera precisar que no es a mí quien tienen que convencer de que no existe una campaña de ``persecución, hostigamiento e intimidación'' del municipio panista de Naucalpan en contra de la iglesia evangélica Alcance Internacional.

Tan grave e irregular consideran el caso los presuntos afectados, que el asesor legal de dicha asociación religiosa, Fernando Salazar, ha responsabilizado públicamente al alcalde José Luis Durán y la regidora Deyanira Escobedo de la integridad física y moral del pastor Fernando Sosa y su familia, así como de otros miembros de la iglesia, luego de una serie de actos documentados donde se ha usado la fuerza pública para intimidar a varios de sus miembros, actos que no tienen nada que ver con el cumplimiento, legal o no, de la construcción del inmueble.

Esto, como el contenido de la nota informativa a la que se hace referencia, no lo digo yo, sino integrantes de la misma iglesia, quienes incluso han solicitado de manera formal la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Secretaría de Gobernación, el gobernador del estado de México, César Camacho, y el mismo Comité Ejecutivo Nacional del PAN.

José Antonio Román, reportero

Comentario a declaraciones de subdelegado de Seguridad Pública

Señora directora: La nota aparecida en la edición del 13 de octubre, titulada ``Divergencias de la Benito Juárez con la SSP'', amerita un comentario para que las declaraciones del subdelegado de Seguridad Pública, Luciano Juan Cortés Luna, en las que se basa la información, sean sopesadas en toda su amplitud.

En la entrevista con Bertha Teresa Ramírez, él dice que al hacerse cargo de la SSP el doctor Alejandro Gertz Manero, ``quiso restablecer la presencia de policías afuera de las sucursales bancarias, pero nos opusimos porque la prioridad es la vigilancia en calles, esquinas y cruceros''. Esta declaración del subdelegado Cortés Luna, que para el cabecero da lugar ha hablar de ``divergencias'', fue expuesta en el contexto de la convergencia existente entre la Secretaría de Seguridad Pública y esta delegación, donde se inició la descentralización de los mandos policiacos.

Respecto a la vigilancia de bancos y empresas, existe un operativo de presencia en las áreas de afluencia de cuentahabientes, así como en las zonas de mayor actividad empresarial, lo que da cuenta de una sostenida respuesta a la encomienda de vigilar y proteger el exterior de los bancos y otras instituciones.

Para ello, así como para todas las tareas de una vigilancia ahora descentralizada, estamos en una estrecha y cotidiana colaboración con la SSP, en la que encontramos pleno respaldo para llevar adelante las responsabilidades que, en materia de seguridad pública, tiene la autoridad delegacional.

No hay, pues, divergencias en el propósito central de mejorar la seguridad pública de abatir la delincuencia en nuestra demarcación. Agradecemos el interés de ese importante diario por informar a la sociedad acerca de las acciones emprendidas conjuntamente por la SSP y las delegaciones donde se ha iniciado la descentralización policiaca, sobre lo que debemos enfatizar que se puso en marcha y ejecuta en una atmósfera de convergencia, la cual es pieza clave en el éxito contra la inseguridad y la criminalidad.

Atentamente

Alfonso Maya Nava, coordinador de Comunicación Social y Relaciones Públicas en Benito Juárez

N. de la R.

En los pies de foto de las imágenes aparecidas en las páginas 53 y 54 el día 14 de octubre, referentes a la explosión en Tultepec, estado de México, se omitió el crédito de Duilio Rodríguez. Ofrecemos disculpas a nuestro fotógrafo y a los lectores.