Por séptimo año consecutivo, la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas demandó al gobierno de Estados Unidos que ponga fin al embargo económico, financiero y comercial que ha mantenido contra Cuba a lo largo de casi cuatro décadas. El rechazo a esta medida de intromisión política ilegal e inmoral fue abrumador. La resolución respectiva fue aprobada con 157 votos a favor, dos en contra (los de Estados Unidos e Israel) y 12 abstenciones.

El número de naciones que exige el cese del bloqueo ha ido creciendo desde 1991. Por el contrario, los grupos de gobiernos que apoyan a Washington o que se abstienen se han reducido en forma significativa. Todavía el año pasado, los votos contrarios a un levantamiento del embargo fueron tres, y 17 las abstenciones.

Tal tendencia puede explicarse por cuatro razones. La primera es la transformación de las relaciones internacionales tras el fin del orden bipolar y de la guerra fría que enfrentó a Estados Unidos con la Unión Soviética. Terminada esa confrontación, las medidas de presión de Washington contra Cuba constituyen un grosero anacronismo y una deplorable reminiscencia de tiempos pasados.

Por otra parte, los avances que, a pesar de todo, han experimentado la legalidad internacional y la causa de los derechos humanos en la década que está por terminar, contribuyen a evidenciar lo injusto y lo ilegítimo del embargo, el cual pretende estar dirigido contra el gobierno de La Habana, pero afecta principalmente a la población de la isla y, de manera adicional, a todas las empresas e individuos del mundo que desean hacer negocios con el país caribeño.

En tercer lugar, en el contexto de una economía globalizada, y cuando el impulso al libre comercio se ha convertido en una de las principales consignas de prácticamente todos los gobiernos -empezando por el de Estados Unidos-, el bloqueo comercial contra Cuba representa una contravención ideologizada y absurda de los principios que rigen a la economía mundial.

Desde otra perspectiva, la coartada estadunidense de mantener el bloqueo como una manera de promover los derechos humanos en la isla ha perdido toda verosimilitud, no sólo por los crecientes señalamientos de organismos internacionales -Amnistía Internacional entre ellos- acerca de las graves transgresiones en esta materia en territorio de la Unión Americana, sino también porque el embargo vigente priva a los cubanos de alimentos, medicinas y otros productos indispensables y se constituye, en sí, en un mecanismo violatorio de derechos humanos.

Cabe esperar que el casi total aislamiento estadunidense en la ONU sea percibido por la clase política de Washington y que ésta termine por entender el daño que Estados Unidos se causa a sí mismo con su empecinamiento en mantener, a contrapelo de la comunidad internacional, una medida inhumana, injusta y delictiva como lo es el embargo contra Cuba.