Los policías de Tláhuac son culpables: PGJDF

José Galán Ť Para la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, no existe duda en la responsabilidad de los 15 policías del agrupamiento de la Montada acusados de violación, abuso sexual y privación ilegal de la libertad en contra de tres mujeres -dos de ellas menores de edad- en el cuartel general de Tláhuac. Margarita Guerra y Tejada, subprocuradora ``A'', sostiene incluso que en la dependencia existe el ánimo de que ``persista el derecho y se cumpla la justicia ante todo''.

Luego de insistir en que la Procuraduría capitalina ha hecho hasta el momento ``todo lo que en derecho y justicia corresponde a favor del caso de las tres jóvenes mujeres ofendidas'', la funcionaria hizo énfasis en que ahora ``la decisión corresponde a un poder autónomo, el Poder Judicial, a través de la juez 47 penal, María del Refugio Méndez Hernández''.

En entrevista con La Jornada, la funcionaria dice que es allí donde está la decisión del caso, y donde los grupos organizados de mujeres y a favor de los derechos humanos deben mantener una actitud vigilante, porque la PGJDF es ahora parte acusadora y la decisión está en manos de la juez''.

``Es una decisión que a nosotros ya no nos corresponde, porque somos parte acusadora. Para nosotros --consideró-- son culpables de violación, privación ilegal de la libertad y abuso sexual''.

Por ello, expresó su desconcierto ante la actitud adoptada por los grupos de la sociedad civil, que han exigido a la PGJDF cumplir ``justamente con lo que estamos haciendo'', y además con la postura exhibida en más de una ocasión por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal ``porque, a pesar de que hemos cuidado y respetado los derechos humanos de las jóvenes violadas, e incluso de los propios violadores, nos reclama que hemos actuado erróneamente''.

Para Margarita Guerra, la Procuraduría General de Justicia es una dependencia que debe velar por el respeto a los derechos humanos de todos, ``sin las actitudes selectivas de que otros han hecho gala'', y buscar que prevalezca no sólo el respeto al derecho considerado en las leyes vigentes, sino también que se haga justicia en contra de quienes son culpables de delitos graves, ``tomando en cuenta la inquietud social, pero también el ejercicio apegado a la acción de esa justicia''.

En respuesta a las críticas vertidas en contra de la dependencia por permitir, el 18 de septiembre pasado, la primera y única audiencia y careo entre las tres mujeres violadas y sus agresores, Margarita Guerra dijo que ese encuentro obedeció a un mandato constitucional que lo permite, ``y que a nadie se debe negar'', pero coincidió con la postura de organizaciones civiles en el sentido de que este procedimiento ``merece'' el diseño de reformas no sólo al Código Penal del Distrito Federal, sino también al Código de Procedimientos Penales.

``El asunto está en manos del Poder Judicial, de la juez 47 penal, que es un poder autónomo, y estamos seguros de que actuará conforme a derecho y a satisfacción de las demandas de la sociedad capitalina'', agrega la funcionaria. ``Ahora se nos achaca que por qué hemos permitido irregularidades en el juicio, cuando ya está en manos del tribunal, y nosotros, como parte acusadora, no podemos intervenir ante un poder autónomo''.

Luego de considerar como ``obsoletas'' las condiciones y circunstanciales materiales en la presentación de víctimas y de presuntos culpables en audiencias de careo o de desahogo de pruebas, de ``carencia de condiciones materiales adecuadas ejemplificadas en juzgados que se inundan, al lado de reclusorios, sin salas privadas para llevar a cabo audiencias sin condiciones ni garantías, lo que está fuera de nuestro control por ser parte y no juez en este proceso'', Margarita Guerra afirmó que los movimientos civiles de apoyo a las víctimas deben demostrar ahora ``preocupación por el futuro de la decisión del Poder Judicial'', ante la posibilidad de un fallo adverso.

``Siempre tenemos el temor de que pueda surgir un fallo adverso'', dice. ``Pero la PGJDF tiene la certeza de que, técnicamente y con estricto apego a derecho y justicia, los 15 policías de la Montada recibirán una sentencia condenatoria, porque para nosotros son penalmente responsables de los delitos en su contra''.