Nuevamente vuelven a escucharse las descalificaciones, las agresiones y las calumnias procedentes de grupúsculos moralistas contra los programas de combate a la epidemia del sida y de salud reproductiva que desarrolla la Secretaría de Salud. La reciente andanada se desencadenó tras el anuncio formulado el pasado lunes 12 por el titular de esa dependencia, Juan Ramón de la Fuente, en cuanto al inicio del programa Lazo Rojo, que busca incorporar a las farmacias, estéticas y salones de belleza del país a la difusión de información sobre el sida, con el propósito de incrementar el uso del preservativo entre la población y difundir conocimientos que permitan evitar el contagio con VIH.

Es oportuno puntualizar que ésta y otras actividades desarrolladas por el sector salud están fundamentadas en consideraciones de orden sanitario y epidemiológico, se realizan en coordinación con el Programa de las Naciones Unidas contra el Sida (Onusida) y cuentan con el respaldo de la comunidad científica y médica internacional y nacional. Son respetuosas de los hábitos y de las preferencias sexuales de la población mexicana, en la medida en que no aspiran a cambiarlos ni a influir en ellos, sino, simplemente, a tomarlos en cuenta para colocarse en una mejor posición en el combate a la epidemia.

En contraste, las manifestaciones de repudio a los programas sanitarios, encabezadas por ProVida, la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) y otros membretes oscurantistas, esgrimen argumentos seudocientíficos insostenibles, para descalificar las medidas epidemiológicas adoptadas por el gobierno. Dicho sea de paso, resulta incomprensible que el presidente de la Cruz Roja Mexicana, José Barroso Chávez, se haya prestado de forma irresponsable a secundar la falacia alarmista de que el condón ``no sirve'' para protegerse del sida.

Con todo, lo más grave no es la falaz obsesión antipreservativo de individuos como Jorge Serrano Limón, Ricardo Esponda Gaxiola, Barroso Chávez o diversos voceros del sector más atrasado y fundamentalista de la jerarquía eclesiástica, sino el hecho de que sus alegatos contra el condón buscan imponer a la ciudadanía reglas de conducta determinadas para su vida privada. La abstinencia, la monogamia y monoandria, así como la heterosexualidad son opciones indiscutibles, consideradas como producto de la decisión individual, pero la pretensión de que todos los individuos se sometan a esos patrones de conducta es totalitaria y violatoria de los derechos humanos, además de quimérica e irrealizable.

Los intentos de Serrano Limón por asociar las campañas sanitarias en curso con una supuesta aspiración presidencial de De la Fuente, o la declaración de Esponda Gaxiola en la que equiparó la actividad sexual al alcoholismo -es decir, se refirió a una innata función fisiológica, afectiva y cultural como a una enfermedad- dan prueba de la lógica torcida con la que razonan y operan tales activistas y sus seguidores.

La única consecuencia posible de los sabotajes moralistas a las campañas antisida del sector salud es la desinformación, el incremento de la indefensión de grandes núcleos de población ante la epidemia y, por consiguiente, un mayor avance de ésta. En esa perspectiva, las contracampañas de ProVida, la UNPF y sectores de la jerarquía eclesiástica no son expresiones de vida, sino invocaciones a la muerte.