La Suprema Corte de Justicia zedillista, al violar leyes fundamentales y fallar a favor de los bancos y en contra de los deudores, lo que ha hecho es evidenciar que en México prevalece la más absoluta ilegalidad.

1. El Poder Judicial Federal tiene en el régimen constitucional mexicano el papel fundamental de actuar como defensor de la Constitución, pero en el ``sistema'' político se le ha rebajado al nivel de instancia convalidadora de las políticas del gobierno, y tal situación está llevando a ahondar la crisis nacional.

2. El fallo histórico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del 7 de octubre, por el que el pleno de los ministros resolvió a favor de los bancos que cobraban ilegalmente intereses sobre intereses (el anatocismo), y en contra de los deudores, víctimas de las políticas financieras del gobierno, es por eso una provocación más del gobierno a la sociedad.

3. La historia del Poder Judicial muestra a lo largo del siglo una permanente falta de independencia de jueces, magistrados y ministros, cuya casi absoluta sujeción al gobierno ha recordado a los mexicanos en todo momento la inexistencia de un estado de derecho, y el hecho de que la tutela a sus derechos fundamentales se hace de manera discrecional por las autoridades, pero nunca se había llegado, sin embargo, a un escándalo tan grande. La actual Suprema Corte de Justicia, que ha incumplido sus atribuciones constitucionales al no impedir que el gobierno federal siga violentando el orden jurídico en Chiapas y en otras regiones, y que ha avalado el uso anticonstitucional del Ejército y la violación sistemática de los derechos humanos de los pueblos indios, por favorecer a una minoría oligárquica, ahora ha fallado contra el derecho, pero también contra ella misma.

4. El fallo sobre el anatocismo, contrario a la razón y al derecho, ha marcado un hito en la historia mexicana, pues nunca antes el Tribunal Supremo del país había cometido una aberración de estas dimensiones ni generado un escándalo tan descomunal. Los ocho ministros que votaron esta resolución evidenciaron, sin embargo, cuál es la nueva venalidad de la Suprema Corte, orientada ahora abiertamente a desmantelar el orden jurídico tradicional y a tomar las decisiones que hagan viables las nuevas políticas económicas. Ese y no otro fue el fundamento de la decisión tomada por Ernesto Zedillo al reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal en 1995: ``recomponer'' a la Suprema Corte para hacerla funcional al proyecto neoliberal.

5. La administración de Ernesto Zedillo quiso a través de esta decisión enviar a financieros, especuladores y narcotraficantes el mensaje de que sus intereses serían protegidos por todos los medios, aun en contra de la ley, pero lo que hizo de hecho fue también enviar a los mexicanos otro mensaje muy claro: el que en el escenario neoliberal no tienen sus derechos garantizados y que los únicos privilegios tutelados son los de la minoría oligárquica que controla la economía del país. Y esto es de suma gravedad.

6. Los ocho ministros de la Suprema Corte de Justicia zedillista, acusados de venales por su fallo aberrante sobre el anatocismo, han llevado al Poder Judicial mexicano al peor descrédito de su historia, aunque no serían los primeros magistrados acusados de corruptos por el pueblo. La historia gusta de las repeticiones, y en los veinte hubo otros jueces que tampoco fueron impolutos, ocho también por coincidencia, a quienes la opinión popular identificó por su corrupción y a los que apodó los ocho cárdenos, en referencia a un encierro de pinta negra y blanca entrepelado, de tono plomizo, proveniente de la vacada de Piedras Negras, que con gran expectación se había lidiado uno de los domingos anteriores en El Toreo de la Condesa.

7. ¿Qué hacer entonces cuando el órgano supremo encargado de velar por el respeto a la legalidad constitucional del país, la viola por consigna política ante la mirada de la Nación? ¿A quién pueden acudir los agraviados por una decisión judicial equivocada cuando ya no hay otra instancia más elevada en el país?

8. La resistencia civil de los deudores mexicanos a este acto injusto e ilegal de las autoridades (que es por otra parte la vía seguida en todas las sociedades ante los abusos de poder cuando no hay ya una salida legal a una controversia), ha sorprendido al gobierno confiado en que tras el fallo de la Suprema Corte, lo mismo El Barzón que las otras agrupaciones de deudores se someterían a la ``fuerza del Estado'', que en realidad es la fuerza del ``sistema'': a la lógica neoliberal de que todo es negociable (incluso la ley), por lo que se suponía que aceptarían la oferta gubernamental de negociar sus créditos en Bucareli a cambio de desmovilizar a sus bases, y que el sistema político prevalecería, una vez más, sobre el régimen legal.

9. La iniciativa para llevar a estos ocho ministros, los nuevos ``ocho cárdenos'', a juicio político, propuesta por varios juristas y por barras y colegios de abogados, no es por lo tanto en este escenario más que un episodio, más por buscar una incipiente legalidad.

10. La desobediencia civil es hoy la principal arma de la sociedad.