La detención del ex dictador Augusto Pinochet en una clínica de Londres, donde convalecía de una operación de hernia lumbar, es un acontecimiento que podría calificarse como histórico, pues es la primera ocasión en que el militar chileno debe enfrentar un proceso legal por las acusaciones de genocidio, torturas, terrorismo y violación de los derechos humanos que pesan sobre el gobierno golpista que encabezó de 1973 a 1990.

Además, resulta también muy significativo que el arresto del militar chileno -responsable del derrocamiento del gobierno legítimo de Salvador Allende y de la desaparición y muerte de miles de personas víctimas de la represión criminal- se haya registrado fuera de Chile, en Gran Bretaña, a solicitud expresa de los jueces españoles Baltazar Garzón y Manuel García Castellón, quienes investigan los asesinatos de ciudadanos españoles cometidos por instancias del aparato de seguridad de la dictadura de Pinochet.

En Chile, Pinochet ejerce el cargo de senador vitalicio -como resultado de las disposiciones de la Constitución que él mismo impuso a su país- y mantiene fuertes lazos con diversos sectores políticos, judiciales, militares y económicos chilenos. Estas circunstancias le han permitido mantener una considerable influencia y evadir su responsabilidad por el genocidio, las desapariciones y las torturas cometidos por las fuerzas represivas bajo sus órdenes. Sin embargo, en el entendido de que la exigencia de castigo a los culpables de crímenes contra la humanidad rebasa las fronteras y compete a todos los seres humanos, la detención de Pinochet, su posible interrogatorio por parte de los jueces españoles y su eventual enjuiciamiento resultan plausibles y revisten una importancia particular: son indicios concretos de que es posible hacer justicia y procesar a quienes, mediante la brutalidad extrema y con absoluto desprecio por la vida y por la legalidad, recurren al totalitarismo y al ejercicio delictivo del poder para imponer regímenes espurios y aplastar violentamente los disentimientos y las voces opositoras.

Luego de la detención de Pinochet, el gobierno chileno elevó una protesta a su contraparte británica por lo que consideró una violación de la inmunidad diplomática del militar. Londres, empero, rechazó que el arresto haya sido ilegal y señaló que el ex dictador no goza de inmunidad en el Reino Unido, pues el cargo de senador vitalicio, si bien le concede fuero -o impunidad- en Chile, no le otorga privilegios especiales en otros países. Inclusive, la portavoz de la cancillería británica afirmó enfáticamente que no debe haber lugar que sirva como escondite a los responsables de violaciones a los derechos humanos y que la Gran Bretaña ``no debe ser considerada como un refugio seguro para dictadores que buscan evitar las consecuencias de sus acciones''.

Con todo, aunque los tribunales españoles han solicitado su extradición, aún no está claro si Pinochet será sujeto a interrogatorios o a juicios posteriores. La historia ya ha emitido un veredicto condenatorio contra Pinochet pero, debe señalarse, las víctimas de la dictadura, de cualquier nacionalidad, y la sociedad chilena en general, merecen que se esclarezcan las atrocidades y se castigue a los culpables de éstas. Quizá, 25 años después del golpe contra Allende y por una vía inesperada, haya llegado el momento de hacer justicia.