Decía Clemenceau que el destino de una guerra era algo demasiado importante para dejarla en manos de los militares. ¿Podría decirse algo semejante de las cuestiones estratégicas de la política? ¿Habría que sacar a los políticos de la reforma política? Por supuesto que se trata de una pregunta humorística. Los políticos nunca dejarían que los sacaran de la política. Ellos y sólo ellos son los únicos protagonistas válidos en un cambio profundo de la estructura jurídica y política de la Nación. Sin embargo, la parte pensante y participativa de la población seguramente se está preguntando de qué sirve todo el dinero que el pueblo invierte en los políticos. Hasta hoy, a pesar de existir un Congreso plural, elecciones libres y partidos con capacidad competitiva, los políticos no han logrado no digamos aprobar un acuerdo de reforma de Estado, sino ni siquiera de proponerlo.

Esto cobra un perfil dramático por lo que toca a la reforma política del DF. El tema es mucho menos complejo y polémico que el de la reforma nacional. Los cinco partidos están básicamente de acuerdo con que el DF adquiera una organización de gobierno democrática y autónoma, en conceder calidad municipal a las demarcaciones, en crear un estatuto de derechos ciudadanos, en que la Asamblea Legislativa adquiera plenitud de facultades, en que exista un sistema de rendición de cuentas y en que el DF tenga órganos electorales como cualquier estado. Sin embargo, las resistencias para completar el acuerdo y cerrar la transición política son implícitas y enormes. El actual jefe de Gobierno, Cuauhtémoc Cárdenas, convocó el pasado 5 de febrero (cuando cumplía apenas dos meses en el poder) a los partidos a lograr la reforma por consenso. Todos los partidos acudieron. Se integraron a las mesas secretarios técnicos sin afiliación partidaria encargados de facilitar el proceso de negociación. Los partidos políticos y el gobierno reconocieron que el objetivo de sus trabajos era lograr un conjunto de acuerdos que diera una estructura jurídica al DF. Todos los participantes convinieron que había que ir más allá de simples ajustes a la legislación vigente. Las mesas trabajaron arduamente durante nueve meses. Lograron 219 acuerdos que abarcan más de 80 por ciento de la agenda original. Cuando estaba a punto de enviarse el conjunto de acuerdos a la Asamblea, el PAN se ha retirado de la negociación y el PRI, que pronto había revocado su actitud de ir hasta el fondo de la reforma, se abstiene a continuar. Sin que quepa duda, se trata de un bloqueo táctico vinculado con las polémicas de las directivas nacionales de los partidos o con la lucha por el poder presidencial en el año 2000. Ni PRI ni PAN han expresado argumento alguno para oponerse a la reforma radical.

Quizás en este contexto adquiera importancia la propuesta de reforma integral que los secretarios técnicos ciudadanos hemos ofrecido a los partidos y al gobierno del DF. La mesa central de la reforma nos mandató para que invitáramos a un grupo de asesores que, además de tener experiencia profesional en la estructura legal y política del DF, hubieran tenido una participación en las instituciones públicas. Los secretarios convocamos a un seminario de reforma política integral que trabajó con discreción durante los pasados meses de julio, agosto y septiembre. El seminario hizo un análisis riguroso de las principales líneas de consenso de los partidos y de las opiniones mayoritarias en las mesas. No recibió ni presión ni influencia de ninguna organización política ni del gobierno del DF. Después de un amplio y riquísimo debate se concretaron 91 propuestas en los tres capítulos fundamentales: la consolidación de la autonomía y la responsabilidad del gobierno democrático del DF la creación de los órganos electorales y las reglas para estimular y garantizar la participación ciudadana.

Las propuestas fundamentales apuntan a las grandes coincidencias de las plataformas, ofertas y promesas de todos los partidos respecto del DF. Algunas de las más importantes serían: 1) Una Constitución del DF que ponga las bases para un gobierno local representativo, que a la vez cuente con las facultades de los gobiernos de los estados y establezca las relaciones fluidas con el régimen federal, el cual tiene su asiento en el DF; 2) una estructura municipal con cabildo para las demarcaciones político-administrativas; 3) un órgano legislativo de plenos poderes; 4) un órgano ejecutivo emancipado de la tutela del Presidente de la República; 5) órganos judiciales modernos, inclusive, un tribunal constitucional; 6) para garantizar la exigibilidad y rendición de cuentas, un órgano de Estado, que siga en esencia el esquema de autonomía e imparcialidad del IFE; y, 7) un régimen electoral local que incorpore la experiencia de aplicar el Cofipe en las pasadas elecciones federales y locales.

La propuesta, que ha sido elaborada por investigadores, organismos autónomos, consejeros electorales del IFE, servidores públicos, expertos en participación ciudadana, no contiene ningún elemento utópico. Es una agenda integral y realista para una reforma definitiva del DF. Intenta hacer coherente a una estructura de gobierno para que la ciudad capital funcione bien, independientemente del partido que la gobierne y para terminar con las incongruencias jurídicas, políticas e institucionales por no haber completado la reforma política que arrancó desde 1986 y que encontró su cauce definitivo con la reforma constitucional aprobada por unanimidad el verano de 1996. ¿Cuánto más tendremos que esperar los ciudadanos a que los partidos se decidan a completar la tarea de emancipación jurídica y política del DF? ¿Cuándo podremos contar con órganos de gobierno con plenos poderes como cualquier entidad de la Federación? ¿Cuándo dejaremos atrás el carácter de súbditos y nos convertiremos en plenos ciudadanos?