ASTILLERO Julio Hernández López

Arturo Durazo Moreno y Miguel de la Madrid podrían tirarse en las playas de Cancún, sin temor de que el sol azteca les queme.

Ellos dos, y otros priístas de renombre, tienen ahora un buen amigo (acaso socio, o representante de intereses económicos, como se dice allá) que es el candidato del Partido de la Revolución Democrática a gobernador de Quintana Roo.

El nuevo abanderado de los principios y la ideología del PRD tiene amigos como los citados (con Miguel de la Madrid fue coordinador de una área de su campaña presidencial), intereses compartidos y, además, su propia historia, digna de ganar un eventual concurso de los Valores PRD.

Gastón Alegre, que tal es el nombre del citado candidato a gobernador, ha sido acusado (antes de investirse con el manto exorcizante de candidato presuntamente opositor) de talador de manglares, de engañador de autoridades indígenas, de simulador agrario, de evasor de pagos de impuestos, de no pagar servicios públicos en sus empresas, de patrón arbitrario e injusto y de manipulador informativo a través de sus estaciones radiodifusoras.

Pecados menores

Pero, ¿qué importan esos detallitos a cambio de los muchos beneficios que su candidatura reporta al PRD? Por ejemplo, la difusión en vivo, a través de las tres estaciones de radio del Grupo Turquesa, de su registro como candidato a gobernador. Los escuchas pudieron deleitarse con la interpretación de un trío musical que compuso de inmediato melodías especiales para don Gastón, en una de las cuales se le menciona agradecidamente como Nojoch Tatich, es decir gran guía, en lengua maya. A los asistentes al acto de registro, provenientes de diversos municipios, se les entregó gratuitamente una dotación de tortas y refrescos.

Bueno, ¿es posible que los más crudos intereses del pragmatismo hayan llevado al PRD a postular al señor Alegre porque tiene verdaderas posibilidades de ganar? No. No hay tales posibilidades. Don Gastón es entendido en el panorama quintanarroense como un candidato ``a modo'' para facilitar el triunfo del priísmo.

De hecho, hay quienes ven en su postulación una maniobra más del gobernador Mario Villanueva Madrid con quien, desde luego, el candidato Alegre tiene una buena relación. ¿Ha buscado de inmediato el abanderado perredista desvanecer tan malévola suposición? No. Cuando los reporteros le pidieron un juicio crítico sobre el siniestro gobernador Villanueva, don Gastón respondió con heráldica alegría: ``Están haciendo una evaluación del gobierno del estado, por lo que ahora no podría opinar sobre su desempeño como gobernante''.

Garantía de triunfo priísta

El gobernador Villanueva debería estar profundamente agradecido de que el PRD hubiese postulado a Alegre como candidato. Con tal designación el miembro de número del sindicato de gobernadores, Villanueva, tiene el camino despejado para que a pesar de todos los tropiezos, enredos, venganzas e impudicias cometidas por la familia priísta en este proceso de sucesión, el poder continúe en manos de la mafia tricolor de aquella entidad.

Alegre aporta elementos importantísimos para la estrategia del PRI: desalienta y amarga a los perredistas que creyeron que en la crisis de ese partido pudo haberse levantado una opción popular, acaso en alianza con el PAN. Además, dejó fuera a Tulio Arroyo Marroquín, coordinador estatal de Alianza Cívica, con presencia y trabajo propio al que, sin embargo, es inevitable mencionar como hermano de Romárico, el labastidista secretario de Agricultura.

Villanueva ha conocido el éxito de esas maniobras de infiltración. En 1993 hubo una deserción importante del priísmo, pues Eduardo Pacho renunció a su partido para ser postulado por una alianza PAN-PRD a la presidencia municipal de Cancún. A dos días de las elecciones renunció a la candidatura pues, según dijo después, lo subieron a la fuerza a un avión, lo llevaron secuestrado a la ciudad de México y posteriormente, bien amenazado, lo soltaron. El corresponsal de La Jornada en Cancún, David Sosa, asegura que Tulio Arroyo ha dicho que la parte de las amenazas es cierta: amenazaron con hacer inmensamente rico a Pacho... y le cumplieron.

Ahora, la historia de Gastón Alegre hace que el panorama político de la oposición quintanarroense se empobrezca (éticamente) y se entristezca:

Los propios trabajadores de Grupo Turquesa se quejan de que les escamotean las prestaciones laborales correspondientes. Ejidatarios de las comunidades mayas de Tulúm, reserva de la biosfera de Sian Ka'An, Kantunilkin y Majahual, lo acusan de quitarles terrenos valiosos, algunas veces hasta tratando de hacerse pasar por ejidatario.

Alejandro Lamadrid, el delegado de la Procuraduría Federal de Protección del Ambiente, conoció una denuncia contra Alegre de parte de habitantes del municipio de Solidaridad, por talar manglares.

Aguakán, la concesionaria de agua potable y alcantarillado de Cancún, reveló que las empresas de don Gastón deben más de cien mil pesos por consumos que datan hasta de 1993. Representantes de comunidades mayas han dicho que los engañó para que le entregaran la simbólica Cruz Parlante maya.

Tal es el candidato perredista a gobernador. Con él, y con los sufrimientos del PAN para presentar alguna opción viable, el PRI tiene todo para seguir tranquilamente en el poder. Se pelearon los grupos del gobernador Villanueva Madrid y de Pedro Joaquín Coldwell. El gobernador se enfrentó públicamente a Carlos Rojas Gutiérrez. Hubo jaloneo fuerte entre el senador Jorge Polanco Zapata y Addy Joaquín Coldwell. El candidato priísta, Joaquín Hendricks, tiene presiones de todo tipo y riesgos de división.

Pero no hay una verdadera oposición que ofrezca alternativas serias.

Lo único bueno de todo esto es que, en caso de que Gastón Alegre ganase la gubernatura, Arturo Durazo y Miguel de la Madrid podrían pasearse tranquilamente por Quintana Roo, bien protegidos por el sol azteca.

Represión política en Querétaro

Cinco dirigentes queretanos del Frente Independiente de Organizaciones Zapatistas (FIOZ) se encuentran en huelga de hambre en el penal de San José el Alto, al igual que cuatro mujeres a las afueras del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.

Los ayunantes protestan de esa manera porque entienden que son víctimas de una represión política, disimulada entre vericuetos jurídicos, que busca castigar su activismo en diversas luchas sociales.

El 5 de febrero del presente año, el FIOZ escenificó un incidente que tuvo resonancia nacional e internacional. Exigiendo atención para sus demandas, se manifestaron a las afueras del recinto en el que el presidente de la República y su gabinete conmemoraban la promulgación de la Constitución mexicana. Como ha sucedido miles de veces a lo largo del país (con éstos y otros manifestantes), no fueron ni vistos ni escuchados, hasta que en un momento de desesperación lanzaron diversos objetos contra una parte de los secretarios de Estado que se aprestaban a subir a un autobús oficial.

La agresión popular, que forma parte de la creciente irritación social, generó una escalada represiva contra el FIOZ. A la fecha, el gobierno panista de Ignacio Loyola Vera mantiene una vengativa presión contra los dirigentes, al extremo de revivir expedientes y estirar al máximo las posibilidades jurídicas de mantener a esos líderes en prisión.

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