El anuncio del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) de su voluntad de reanudar las comunicaciones con la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa), divulgado ayer, es un hecho que debe saludarse como un paso hacia la solución del prolongado y hondo conflicto que vive Chiapas desde hace casi cinco años. Asimismo cabe reconocer la positiva respuesta del gobierno -expresada por medio del coordinador de la Secretaría de Gobernación para el diálogo, Emilio Rabasa Gamboa- al comunicado zapatista.

No deben desconocerse, sin embargo, las enormes dificultades, mencionadas en el documento de los rebeldes indígenas, que han venido acumulándose y que será preciso sortear para reactivar las negociaciones orientadas a buscar una paz con justicia y dignidad. La primera de ellas será, sin duda, reconstruir la confianza y la credibilidad entre las partes, rotas por el rechazo del gobierno federal, a principios del año pasado, a la propuesta de modificaciones legales en materia de derechos y cultura indígenas, elaborada por la Cocopa con base en los acuerdos de San Andrés.

Por otra parte, será preciso remontar la descomposición política y social que desde entonces se ha enseñoreado en el escenario chiapaneco. Con este propósito es imprescindible la disolución de los grupos paramilitares organizados y entrenados bajo el amparo de autoridades locales, el cese de los movimientos amenazantes del Ejército Mexicano alrededor de las comunidades zapatistas, la procuración efectiva de justicia para los responsables intelectuales de la matanza de Acteal y de la violencia represiva en El Bosque, Chavajeval y Unión Progreso, así como la elaboración de un acuerdo de gobernabilidad entre todas las fuerzas políticas de la entidad, a fin de subsanar, en alguna medida, las gravísimas deficiencias del más reciente proceso electoral local.

En adición, ahora que se anuncia el restablecimiento de una comunicación empeñosamente buscada por la Cocopa en meses recientes, las fracciones parlamentarias del Congreso de la Unión tienen ante sí la responsabilidad de otorgar un sólido respaldo a esa comisión y de anteponer a cualquier interés partidista los objetivos de reactivar el diálogo y conseguir la paz para Chiapas.

De su lado, la sociedad civil debe relanzar la movilización por la construcción de la paz y respaldar la organización del encuentro que habrá de realizarse del 20 al 22 de noviembre en San Cristóbal de las Casas entre organizaciones sociales y representantes zapatistas.

Finalmente, al gobierno federal le corresponde ahora emitir señales inequívocas de distensión y de voluntad política para reanudar el diálogo y mostrar, en el terreno de los hechos, su pregonada determinación de paz.