Ni un tercio del equipo de mapeo ha sido instalado, según un diagnóstico jurídico
José Galán Ť En la adquisición de 2 mil 707 localizadores vehiculares, que por 50 millones de pesos realizó la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de la ciudad de México entre el 22 de diciembre de 1995 y el 22 de noviembre de 1996, no hubo licitación pública. Y la adjudicación directa de esos contratos no tuvo, tampoco, sustento jurídico.
Esta compra, por ello, ``se hizo contraviniendo las disposiciones legales'', consideradas en la Ley Federal de Adquisiciones y Obra Pública, que rige incluso para el gobierno democrático de la capital del país, según advierte el diagnóstico interno sobre esos contratos realizado por el área jurídica de la SSP.
En una tarjeta informativa elaborada por Juan Ramón López, director de Asuntos Jurídicos y Justicia Policial de la dependencia, y dirigida personalmente al secretario Alejandro Gertz Manero, revela incluso que esa adquisición se efectuó ``sin estudios ni dictámenes técnicos'', necesarios para evaluar la adquisición esos equipos, destinados al sistema de localización geográfica o ``mapeo'' de la dependencia, y que hasta ahora no han sido instalados ni un 30 por ciento.
Por ello, el diagnóstico jurídico considera que, como resultado de esas operaciones, ``funcionarios de esta institución, que autorizaron dicha compra, incurrieron en posibles delitos considerados en el Código Penal para el Distrito Federal''.
``Por ello, la Dirección General de Servicios de Apoyo, junto con la Contraloría Interna y la Dirección de Asuntos Jurídicos y Justicia Policial, deberán realizar las gestiones procedentes para deslindar las responsabilidades administrativas, civiles y penales que resulten de esos hechos'', sostiene la tarjeta enviada al jefe de la policía.
Estas cuatro áreas realizan los estudios para determinar la posibilidad de emprender acción penal en contra de funcionarios y ex funcionarios de la dependencia a cargo de aprobar la compra no sólo de esos 2 mil 700 radiolocalizadores, sino también de los sistemas de apoyo como estaciones fijas, equipo de computación y programas de respaldo, receptores y bases fijas de telecomunicación.
De hecho, en las actas del subcomité de Adquisiciones y en la revisión de la normatividad existente, no aparece hasta hoy ningún tipo de documento que sustente de manera técnica la necesidad de esa compra, a pesar de que las instancias como la Dirección de Comunicaciones de la dependencia, a cargo ahora de Javier Vinicio Rivas, han sometido a riguroso examen los archivos de la dependencia.
La Ley de Adquisiciones y Obras Públicas señala en sus artículos 28 a 79 que las contrataciones sobre adquisiciones, arrendamientos y servicios, así como obra pública, podrá hacerse por licitación pública o invitación restringida, comprendiendo esta última la invitación a tres proveedores o el procedimiento de adjudicación directa.
``En el presente caso, los supuestos que aplicó esta secretaría para las adquisiciones son `cuando peligre o se altere la seguridad pública', y `cuando existe titularidad de patentes o de derechos de autor', explica el área jurídica al jefe de la policía capitalina.
``Por lo anterior, opinamos que la compra de esos equipos a la empresa Ericsson se realizó contraviniendo las disposiciones contenidas en la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas, al no cubrir los requisitos que ésta señala, toda vez que la adquisición de los aparatos debió realizarse a través de una licitación pública, en virtud de que no se acreditó ni justificó, mediante estudio o dictamen técnico, que la no adquisición de esos equipos afecta la seguridad pública. Ni tampoco que existiera titularidad de patentes o derechos de autor'', añade el documento.
``De todo esto, resulta que los servidores públicos de esta institución, y los integrantes del subcomité de Adquisiciones que autorizaron estas compras, incurrieron en la posible comisión de un ilícito'', finaliza el documento con la rúbrica de Juan Ramos López.