La detención de Pinochet, caso judicial, señala Blair

Afp, Dpa, Ap y Reuters, Londres, 21 de octubre Ť El primer ministro británico Tony Blair reiteró que la detención del ex dictador chileno Augusto Pinochet es un caso estrictamente judicial, al tiempo que un grupo de legisladores se manifestó en pro de que el ex militar sea juzgado en Inglaterra si fracasa la extradición a España.

``No se trata de una decisión del gobierno británico ni de una decisión del gobierno español, sino que se refiere a dos sistemas judiciales ligados por una convención de extradición'', aseveró, y dijo que en su país existen reglamentos que son aplicados de igual manera a todo mundo, y que cada quien saque sus conclusiones.

Por lo demás, asentó que corresponderá a su ministro del Interior, Jack Straw, la decisión final de si se autoriza la extradición del acusado hacia España si el procedimiento culmina en Madrid. Pero, subrayó, el ministro actuará como un juez y no como un hombre político, ya que nada más tendrá que juzgar los hechos.

Blair insistió: ``los hechos son los hechos'', al rechazar las acusaciones de sectores pinochetistas sobre presuntas motivaciones políticas en la detención. Ironizó diciendo que le gustaría saber qué opinará José María Aznar cuando lo acusen de formar parte de una ``conspiración internacional socialista''.

Tras reafirmar con exasperación que pese a todo lo que se ha escrito, Pinochet fue arrestado por procedimientos judiciales que emprendió un magistrado español y que fueron aplicados vía Interpol por la policía inglesa, a pregunta expresa el gobernante dijo condenar todo cuanto hizo Pinochet mientras estuvo en el poder.

Por su parte, el grupo de derechos humanos del Parlamento británico, integrado por todos los partidos, comenzó a presionar al señalar que el anciano ex militar podría ser juzgado bajo la Ley de Justicia Civil por actos de tortura, en caso de fracasar la extradición a España, como lo solicitaron Amnistía Internacional (AI) y otros grupos.

Un vocero del grupo parlamentario anunció que se estudiaría la posibilidad de investigar este caso, y la presidenta laborista del comité integrado por 150 miembros, Ann Clwyd, dijo que ya se solicitó una reunión con el procurador general John Morris para discutir la propuesta.

Pero ante el señalamiento de Clwyd de que ``deberíamos aprovechar esta oportunidad de llevar ante la justicia a uno de los dictadores vivos más malignos'', trascendió que en el mismo comité de derechos humanos del Parlamento hubo un bloqueo contra el intento de AI de juzgar a Pinochet en Gran Bretaña.

Si bien por lo pronto 31 laboristas y demócratas liberales de la Cámara de los Comunes firmaron una moción de bienvenida a la medida y urgieron al gobierno a colaborar con España, 11 conservadores unionistas del Ulster firmaron en contrario, con objeto de que el senador vitalicio chileno regrese a su país.

En tanto que expertos aclaraban que, de todos modos, hay obstáculos jurídicos para juzgar al ex militar en Gran Bretaña dado que la ley respectiva rige a partir de 1988, la ex primera ministra conservadora Margaret Thatcher reclamó la liberación inmediata de Pinochet, al reconocer que contribuyó con su gobierno durante la guerra de las Malvinas.

Mientras Gran Bretaña daba la misma respuesta que ya dio al embajador chileno en Londres a un abogado enviado por el gobierno del país andino, en el sentido de que el caso Pinochet es estrictamente judicial, los legisladores chilenos que llegaron a este país dijeron no tener prevista acción legal alguna para impedir la extradición a España.

Tal respuesta --igual a la que recibió el embajador Mario Artaza--obtuvo el jurista Santiago Benaveda. A su vez, Artaza dijo que Pinochet se hallaba en ``misión especial oficial'' cuando fue detenido el viernes, pero admitió que desconocía el motivo de la misma, aunque añadió que Pinochet visita con frecuencia a fabricantes de armas ingleses.

En España, luego de la declaración del fiscal Eduardo Fungairiño en el sentido de que Pinochet no puede ser juzgado en su país por genocidio, ya que entre sus víctimas ``no hay un nexo racial común'', el fiscal de Estado Jesús Cardenal admitió la posibilidad de que el juez Baltasar Garzón tenga competencia para pedir la extradición del acusado y juzgarlo.

Por su parte, el Departamento de Estado estadunidense desmintió versiones de que esté tratando de persuadir a Gran Bretaña y a España para que descarten todo proceso judicial contra Pinochet, al señalar que ese es un asunto entre dichos países y Chile. Al desmentido se sumó la embajada en Londres.

En contrapartida, un grupo de 36 congresistas estadunidenses pidieron al presidente Bill Clinton que dé acceso al juez español Garzón a la información secreta que Washington posee sobre la presunta responsabilidad de Pinochet en actividades de terrorismo internacional. Los congresistas deploraron que hasta el momento, el Departamento de Justicia sólo haya entregado informes ya hechos públicos y no los clasificados, al tiempo que analistas del Archivo de Seguridad Nacional dijeron que Washington trabajó tres años para provocar el golpe en Chile, y luego no le importaron las atrocidades cometidas.