La decisión de la Comisión de Conservación de Recursos Naturales del Estado de Texas, en el sentido de cancelar de manera definitiva el proyectado depósito de desechos radiactivos en la localidad de Sierra Blanca, a sólo 27 kilómetros del río Bravo, pone fin a una larga batalla -casi dos décadas- por parte de los pobladores de la región -estadunidenses y mexicanos- para evitar que sus vidas y su entorno ecológico fueran puestos en peligro por intereses comerciales e industriales.

Este epílogo no habría podido ser más positivo para nuestro país, toda vez que el proyecto cancelado representaba un serio peligro para una porción del territorio mexicano y de sus habitantes. Pese a ello, las autoridades nacionales mantuvieron, casi hasta última hora, una actitud rayana en la indiferencia y el desinterés. En contraste, importantes sectores de la población fronteriza persistieron en una movilización constante para impedir que los desperdicios atómicos fueran almacenados en un sitio cercano a sus lugares de residencia, así fuera en otro país.

En un sentido, el episodio constituye una muestra de la obligada interacción entre naciones en materia de políticas y decisiones ambientales. La ecología planetaria, en efecto, trasciende las fronteras entre Estados, y los actos de uno de ellos pueden afectar gravemente el entorno natural de sus vecinos o, incluso, de países remotos, como ocurrió con el desastre de Chernobyl la década pasada.

La significación más importante y profunda del frustrado basurero nuclear en Sierra Blanca es, sin embargo, la capacidad de interacción y cooperación que mostraron las poblaciones estadunidenses y mexicanas amenazadas por el proyecto. Este fenómeno debe cotejarse con la percepción -acaso errónea- de que los principales impulsores de la integración, al menos en el terreno económico, han sido los gobiernos y los grandes capitales de ambos países, en tanto que a las respectivas sociedades civiles se les ha caracterizado como mutuamente apáticas y poco propensas a la comunicación.

Sierra Blanca muestra que las movilizaciones ciudadanas en pro de objetivos comunes -como lo fue, en este caso, la defensa del hábitat, de la salud y de la seguridad- pueden ser un escenario importante de las relaciones bilaterales constructivas, propositivas y de mutuo respeto.