El informe de la procuradora Carla del Ponte sobre la corrupción del grupo gobernante en México abre sin duda una nueva etapa en la vida política mexicana.

1. Los crímenes de Estado no son ya del todo impunes en nuestros días pues a) no hay olvido como tampoco sitio seguro, y b) la protección de Washington no es garantía de nada ante una sociedad que se subleva, y este caso es evidencia de ello.

2. La noticia del arresto del ex dictador chileno Augusto Pinochet en una lujosa clínica de Londres (18 de octubre) debe haber puesto a temblar a Ernesto Zedillo paseándose entonces por los muelles de Oporto al recordar las matanzas que se han cometido en Chiapas durante su gobierno, pero la presentación en Berna del Informe Del Ponte (20 de octubre) resulta un golpe brutal para el actual grupo gobernante y debe haber dejado mudo a Carlos Salinas en las calles de Dublín.

3. La tradicional complicidad de los gobernantes entre sí para encubrirse mutuamente está siendo frenada por la movilización de la sociedad, y éstos no tienen ya argumentos para demandar la impunidad. La petición de José María Aznar (presidente del Gobierno español) de afrontar con ``prudencia'' el caso Pinochet, ya que a su juicio ``su proceso podría inhibir a otros dictadores de propiciar el camino a la democracia'' (El País, 21 de octubre), no es más que una tontería más de las que está argumentando la derecha española y latinoamericana, temerosa de que un proceso al anciano genocida cree las condiciones para que se pongan al descubierto todas sus exacciones y de que se discuta la naturaleza de los regímenes actuales, como acontece con la llamada ``transición chilena'' que ha quedado en evidencia.

4. Los delitos ``de lesa humanidad'' por los cuales el juez Baltazar Garzón de la Audiencia Nacional de España incrimina a Pinochet (genocidio, terrorismo y torturas), ampliamente documentados en el caso particular de 94 personas secuestradas, torturadas y hechas desaparecer dentro del Operativo Cóndor, en virtud de múltiples convenios y tratados internacionales son imprescriptibles, sus responsables no pueden disfrutar de inmunidad alguna y todos los Estados del mundo están obligados a perseguirlos. Los delitos ``de lesa humanidad'' que la procuradora suiza Carla del Ponte achaca en su instrucción, no a Raúl sino a Carlos Salinas de Gortari (narcotráfico, lavado de dinero), aunados a los múltiples homicidios políticos y a la imputación de traición a la patria, son también imprescriptibles e incumben a todos los pueblos.

5. El escenario de la globalización, que muchos gobernantes corruptos del continente impulsaron con la intención de incorporarse al mundo de negocios transnacional, se ha revertido contra de ellos porque se les olvidó que se estaba creando al mismo tiempo un derecho supranacional. Y, sobre todo, porque desdeñaron la posible reacción de otras sociedades ante sus crímenes.

6. Las instancias mundiales y la comunidad internacional actúan cuando en un Estado hay la más absoluta impunidad, y ése es nuestro caso: en México prevalece la más absoluta impunidad, como se ha visto con las exacciones de los Salinas. La investigación de la fiscalía helvética constituye por eso una vergüenza para el gobierno mexicano, que debió haber investigado de oficio todos los crímenes de Carlos Salinas, que no podían encubrirse aplicando la regla de la inmunidad de los ex presidentes. El actual procurador Jorge Madrazo ha actuado como una mala comparsa del salinismo, y no puede tener más que balbuceos ante la evidencia de que pudo averiguar más una mujer a más de dos mil kilómetros que él sobre las actividades delictivas del grupo gobernante en México. La investigación de Del Ponte muestra no que hubo sino que hay un narcosistema en México.

7. La derecha mexicana, defensora de Pinochet y a la vez beneficiaria y socia de Carlos Salinas, recibió las nuevas con una mezcla de furia y temor que mal puede disimular, y ése es el caso del PAN. Acción Nacional, a través de Fernández de Cevallos y de Castillo Peraza, no tuvo otro ofrecimiento ante el salinismo que garantizarles un eventual perdón --e impunidad absoluta-- tanto a Salinas como a Zedillo, a cambio de que les facilitaran el acceso al poder a nivel regional. Castillo Peraza se la pasó varios meses argumentando que se debía perdonar --y olvidar-- los posibles ``agravios'' de Salinas. Diego fungió como consejero de Salinas y abogado en negocios de El Señor de los Cielos y ahora se sabe, a través de los suizos, que como procurador general el panista Lozano Gracia no sólo actuó como un encubridor abierto de Salinas sino que sus colaboradores recibían dinero del narco. Asociado al narcosalinismo, el PAN no ha tenido otra explicación a los mexicanos que seguir asociado a éste en el caso del Fobaproa.

8. Las investigaciones de los suizos a quien ponen en un mayor brete es, sin embargo, a Ernesto Zedillo, que situado ante la disyuntiva de proceder conforme a derecho contra quien fuera su protector y amigo o simplemente ``moverle el tapete'' para poder ser él quien decida la sucesión presidencial, ha optado por esta última ante la imposibilidad ya de seguirlo encubriendo, aunque la cuestión central para él es: ¿cómo impedir que la prensa y los organizaciones sociales exijan que se investigue al gobierno actual? Las investigaciones de los suizos llevaron de Carlos Salinas de Gortari y a Raúl Salinas Lozano (alias El Padrino), a Joseph-Marie, desde luego, y a Gamboa Patrón, a Hank, a Beltrones, a Ceja, a Colosio, a Del Mazo, a Lorenzo Zambrano, a Domiro, y a otros almirantes y generales y comandantes de la Judicial, así como a muchos empresarios.

9. ¿Cómo puede evitar Zedillo que las conexiones políticas y de negocios lleven de nuevo hasta el caso Cabal y a Gurría y Espinosa Villarreal? ¿Cómo puede ignorar las declaraciones de los hermanos Rodríguez Orejuela de que financiaron la campaña presidencial de 1994 igual que la de 1988?

10. La lucha de la sociedad mexicana contra la impunidad del poder, en todo caso, apenas empieza.