Es difícil entender por qué la averiguación suiza sobre los depósitos de Raúl Salinas no tocó nada sobre el peculado y el tráfico de influencias en favor de empresarios mexicanos. Mucho más difícil es saber por qué el procurador mexicano no ha investigado nada sobre los dineros entregados por varios hombres de empresa al acusado de ordenar la muerte de Francisco Ruiz Massieu.

Lo que dicen los testigos protegidos en Estados Unidos no explica el origen concreto del dinero, sino que nos habla de presuntas relaciones y tratos personales entre políticos mexicanos priístas y narcotraficantes, lo cual tampoco ha sido investigado en México.

Si la familia Peralta le dio dinero a Raúl Salinas, si apareció una inversión de éste mismo en una empresa panameña propiedad de Salinas Pliego, si los ``negocios'' del hermano del entonces Presidente acumularon rápidamente inmensas cantidades, la opinión pública mexicana no conoce nada: nuestro Procurador no nos informa; sólo los suizos nos dicen algo.

Existe la posibilidad de que, al menos, parte de ese dinero que se encuentra en Suiza haya procedido de mordidas entregadas a Raúl Salinas a cambio de favores del hermano Presidente.

Si existió tráfico de influencias en favor de narcotraficantes y de empresarios mexicanos, la PGR tiene la obligación de averiguarlo todo y, naturalmente, empezar por quienes tenían precisamente las influencias para traficarlas, es decir, el gobierno y, especialmente, el Presidente.

Las instituciones mexicanas encargadas de perseguir los delitos y de revisar las cuentas de los gobernantes no han funcionado correctamente; son un fracaso, pues han sido manejadas para sostener un sistema de complicidades e impunidad.

La PGR se mueve con frecuencia bajo presión política: en México existe una secretaría de Justicia, la cual está abolida por la Constitución desde 1917. El Ministerio Público se comporta como una institución de empleados del Presidente de la República.

La Contaduría Mayor de Hacienda de la Cámara de Diputados ha sido la lavandería de los malos manejos del gasto público.

La reforma que se requiere debe partir de la efectiva independencia del Ministerio Público y de la creación de una institución encargada de vigilar el manejo de ingresos y egresos públicos sin interferencias políticas y con capacidad de acción penal.

Lo que se ha hecho hasta ahora en cuanto a reformas del aparato de justicia es muy limitado. El hecho de que el Senado ratifique el nombramiento del Procurador, en realidad, no cambia el vínculo de éste con el Presidente quien, además, lo puede remover libremente.

En cuanto al órgano de fiscalización, no se ha hecho nada, pues la pretensión de Ernesto Zedillo de nombrar a los titulares de un nuevo órgano en la materia bloqueó la reforma y, ahora, no existe acuerdo suficiente todavía sobre la naturaleza de una nueva institución y la forma de designar a sus integrantes.

La ausencia de reformas institucionales es una expresión clara del deseo de mantener las cosas más o menos como hasta hoy, es decir, preservar el sistema de impunidad.

El Estado mexicano es corrupto, lo que hace una gran diferencia con aquellos otros en los que existe corrupción y se busca contrarrestarla. El sistema político mexicano ha funcionado con dinero de origen público y con esa institución basada en reglas no escritas, llamada mordida.

La democracia mexicana no será viable sin una profunda reforma institucional para luchar contra la corrupción.