Temen importantes funcionarios de EU que México sea descertificado en 99
Jim Cason y David Brooks, corresponsales, Washington, 23 de octubre Ť Funcionarios de alto nivel del gobierno de Bill Clinton temen que México pueda ser descertificado en marzo próximo debido a la falta de progreso en su lucha antidrogas y por una creciente tensión entre autoridades de seguridad pública de ambos países por varios asuntos.
``Este año hubo 41 votos en el Senado (de un total de cien) a favor de descertificar a México'', recordó una fuente legislativa en entrevista con La Jornada, y al corroborar la preocupación de varios funcionarios del gobierno, el informante --involucrado en decisiones de la certificación-- agregó que el próximo año influyentes senadores y en particular el líder de la mayoría en el Senado, Trent Lott, quien se opuso a la descertificación de México este año, votarían probablemente a favor debido a su irritación por las declaraciones mexicanas en torno a la operación Casablanca.
``El asunto no perjudicó la cooperación binacional'', afirmó una fuente de alto rango del gobierno estadunidense, ``pero sin duda afectó el clima en que ésta se produce''. Tanto asesores legislativos como funcionarios comparten la opinión de que México cometió un grave error cuando escaló el nivel de sus protestas por Casablanca, que culminó con la amenaza de extraditar a agentes de seguridad pública estadunidenses a México para responder a acusaciones de que habían violado la soberanía del país.
El liderazgo de las agencias federales de seguridad pública estadunidense reaccionó molesto a esa advertencia y el incidente permanece en la memoria de esos circuitos en Washington.
``Que pudieran conjurar tanta molestia sobre estos agentes estadunidenses, pero no así contra los narcotraficantes se percibe aquí como un juego de dos caras'', opinó un funcionario. Un nota del diario TheWashington Post publicada este viernes, indica que algunos en México reconocen la dimensión del daño que causó la reacción de su gobierno. ``Sobrerreaccionamos'', comentó un funcionario mexicano al rotativo.
Según la ley estadunidense, la certificación es un procedimiento con dos fases que se inicia con una determinación presidencial sobre si hay ``cooperación plena'' con los esfuerzos antinarcóticos de Estados Unidos por parte de México y de otros 30 países más. Una vez que el presidente presente la certificación de los países, el Congreso tiene 30 días para aprobar una resolución rechazando la certificación de cualquier país en esa lista. Si el Capitolio decide no tomar ninguna acción, la determinación presidencial se mantiene durante un año.
La situación no mejora; hay pesimismo hacia México
Pero incluso en el gobierno de Clinton hay un intenso debate sobre la certificación de México. ``Puedo imaginar que podría darse un fuerte impulso de Janet Reno --procuradora general-- y Thomas Constantine --director de la CIA-- a favor de descertificar, con Barry McCaffrey --zar antidrogas-- en contra'', indicó un funcionario entrevistado esta semana.
Lo más notable en esta coyuntura fue el coro de preocupación de los que este año defendieron a México contra la descertificación. Una fuente de alto rango del gobierno, involucrada en el proceso, dijo que la situación es peor este año comparado con el anterior al iniciarse los preparativos para la batalla por la certificación. ``No es porque la situación (en México) sea tanto peor, sino es precisamente porque no es un poco mejor. La mayoría de los ejemplos de avances más fáciles de presentar son los del año pasado, no contamos con muchas buenas noticias para este año''.
Esta fuente y varias más, reconocieron que el gobierno mexicano ha intentado extraditar a varios narcotraficantes a Estados Unidos, pero que esos esfuerzos han sido bloqueados por las cortes mexicanas. La nota de hoy del The Washington Post se centra en el caso de Luis y Jesús Amezcua Contreras, y cita a funcionarios mexicanos indicando que la extradición de esos sujetos podría ser una ``prueba de litmo'' para los estadunidenses al medir el grado de cooperación de México al preparar su calificación en el proceso de la certificación. ``El fallo de la Suprema Corte en México (bloqueando la extradición) ha generado algo de pesimismo'', admitió un funcionario estadunidense de alto nivel.
Esta semana, refirió una fuente legislativa, el Senado de Estados Unidos ratificó un protocolo anexo al tratado de extradición con México que permitiría el uso de las llamadas extradiciones temporales. ``Tal vez haya alguna manera de utilizar eso para registrar avances en torno al tema'', indicó un asesor legislativo, pero señalo que dudaba que eso se realizaría próximamente.
``Ambos lados están un poco desalentados'', confirmó otro funcionario gubernamental, y añadió que la extradición no es la única forma de medir el progreso. ``Podrían arrestar a algunos de los principales capos del narcotráfico sobre los que ya hay órdenes de detención'', explicó este funcionario al responder en torno al tipo de acciones serían deseables que se produjeran en México para los políticos estadunidenses. ``Por lo menos tienen que lograr encontrar a uno de los hermanos Arellano Félix; es simplemente inconcebible que no puedan hacer eso si en verdad le dedican un poco de esfuerzo real.
``Me siento como un abogado de un alcohólico que es presentado ante un juez por quinta ocasión acusado de manejar en estado de ebriedad. Sí, pues, puede decirle al juez que el acusado ha estado acudiendo a las reuniones de los Alcohólicos Anónimos y que tiene empleo, pero después de la quinta vez uno desearía tener algo más que decir'', señaló este funcionario.
Sin embargo, para otros un problema más serio es el deterioro en las relaciones entre los oficiales de seguridad pública de ambos países. Un funcionario señaló que poco después de las fricciones provocadas por Casablanca se descubrió que altos directivos de la PGR en México encargados del combate al crimen organizado, habían reprobado exámenes de polígrafo.
``La respuesta mexicana a los reprobados no fue inicialmente muy firme'', comentó. ``Primero lo negaron y después tardaron bastante tiempo antes de remover a los oficiales implicados''.
Varios funcionarios señalaron que el debate sobre la certificación es en parte en torno a los avances de México, y en parte por el nivel de cooperación.