Intervenir en acciones legales es ``inapropiado e imposible'', aclara GB a Chile

Reuters, Afp, Dpa y Ap, Londres, 24 de octubre Ť Gran Bretaña informó a Chile que no es ``ni apropiado ni posible'' intervenir en las acciones legales emprendidas por la justicia de España para extraditar a Augusto Pinochet, quien se encuentra en calidad de detenido en una clínica londinense desde hace una semana.

Por su parte, el semanario The Observer de este domingo reportó que la policía británica frustró un intento del ex dictador chileno de escapar a su inminente arresto en Londres horas después de recibir la petición de extradición de la justicia española, pues quienes lo acompañaban planearon sacarlo del país en avión.

La publicación afirmó que la escapatoria organizada por el entorno del ex militar estaba prevista para la siete de la mañana, y que ése fue el motivo por el cual los detectives de Scotland Yard lo detuvieron a una hora tardía de la noche del viernes anterior, cuando Pinochet se reponía de una operación de una hernia discal.

La posición del gobierno del primer ministro Tony Blair fue reafirmada hoy por el canciller Robin Cook durante una audiencia que le concedió al viceministro chileno de Relaciones Exteriores, Mariano Fernández, quien le insistió en la inmunidad diplomática de que goza el senador vitalicio y que Gran Bretaña rechaza.

El enviado chileno también reiteró la postura de que su país tiene únicamente la jurisdicción para juzgar los crímenes que ocurrieron dentro de su territorio, y en ese sentido le expresó las preocupaciones del gobierno de su país por el arresto del ex general, en torno a quien también pide su liberación por ``razones humanitarias''.

En respuesta el canciller británico, quien escuchó con atención al visitante, le respondió que si bien su gobierno no deseaba que el caso fuera un estorbo en las relaciones entre los dos países, le indicó que tendría que seguirse el curso normal del debido procedimiento de ley y que ``no era apropiado ni posible intervenir''.

La víspera la cancillería chilena entregó una nota formal en Santiago el embajador británico, Glynne Evans, con nueva información jurídica en torno a la inmunidad diplomática del ex dictador, mientras que los abogados defensores de Pinochet acudirán el lunes a la Alta Corte para tratar de que se declare nulo su arresto.

Frente a la clínica donde se encuentra detenido el anciano militar continúan manifestandose unas 150 personas, entre ellos unos 35 expatriados chilenos provenientes de distintos países europeos, que demandan que el ex militar sea procesado por genocidio y otros delitos.

Enfermo y deprimido

Pinochet recién hace 48 horas fue informado de su calidad de detenido y tras conocer la verdad se vio muy afectado y deprimido, declaró en Londres el senador chileno Ignacio Pérez, del derechista Partido Renovación Nacional, quien agregó que Scotland Yard le leyó sus derechos y ``se le tuvo que decir la verdad''.

Lucía Hiriart, esposa del ex gobernante de facto, dijo que era muy doloroso para la familia pedir que se le levante su arresto por ``compasión'', y señaló que su marido, de 82 años, estaba muy enfermo como para ser extraditado a España para enfrentar cargos de genocidio, torturas y terrorismo.

En Madrid, las partes querellantes contra el ex dictador entregaron este sábado su demanda de extradición al juez Baltasar Garzón, quien obtuvo la detención del acusado el 16 de octubre.

La demanda se funda en los tres cargos señalados arriba, y es impulsada por abogados de familiares de las víctimas: Joan Garcés y Manuel Murillo.

A su vez, el juez Garzón, quien aún debe esperar el jueves el fallo de la Audiencia Nacional en torno a si es competente para demandar la extradición, pidió al gobierno de Estados Unidos sus archivos sobre el ex dictador chileno recopilados por la Agencia Central de Inteligencia y el Buró Federal de Investigaciones.

Pide los documentos sobre los nexos entre las policías secretas de Argentina y Chile en la Operación Cóndor, y en relación con los testigos en los juicios estadunidenses sobre los crímenes políticos de ciudadanos chilenos a manos del régimen pinochetista, para ampliar una petición anterior de su colega Manuel García Castellón.

Al tiempo que unas 2 mil personas se manifestaban en Madrid en apoyo a la extradición de Pinochet, los querellantes dijeron que se intentará demostrar que el acusado procuró destruir un importante segmento de la sociedad chilena.

A su vez, el secretario general del Partido Socialista Obrero Español, Joaquín Almunia, acusó al fiscal Eduardo Fungairiño de no poder distinguir entre una dictadura y una democracia.

Por su parte, la Asociación Cubana-Española demandó al gobierno de José María Aznar proceder igual que con Pinochet en contra de Fidel Castro, y en términos similares se manifestó el escritor peruano Mario Vargas Llosa al declararse alegre por la detención del chileno pero diciendo que se ha olvidado a Castro.

En Austria, Aznar pidió a sus socios europeos mayor cooperación en materia de extradiciones, ``aunque a veces produzca quebraderos de cabeza políticos'' como el caso de Pinochet, al intervenir en la cumbre europea de Portschach.

Mientras en Australia también había una manifestación contra Pinochet, la juez argentina María Servini de Cubría expresó su intención de interrogar al ex dictador chileno en el marco de la causa que instruye por los asesinatos en Buenos Aires del general Carlos Prats y su esposa en 1974.

Prats fue comandante en jefe del ejército chileno durante el gobierno del presidente socialista Salvador Allende, además de que fungió como ministro del Interior.

El presidente boliviano, Hugo Bánzer, quien dirigió un gobierno militar golpista en los años 70, negó ``a fe de hombre'' haber conocido la Operación Cóndor, que liga a su régimen y otras dictaduras sudamericanas con las acciones represivas por las que ahora se acusa a Augusto Pinochet.