En vísperas de la discusión del presupuesto para el año próximo, las cúpulas empresariales han externado su rechazo a una eventual elevación de los impuestos, en general, así como a la eliminación de la tasa cero de IVA para diversos productos de primera necesidad. En cambio, los dirigentes de la iniciativa privada proponen incorporar al padrón de causantes a todas las personas y entidades que operan en la denominada ``economía informal'' y ejercer controles impositivos sobre actividades -como es el caso de la introducción ilegal de automóviles al país- que, por corrupción, complicidad e ineptitud de las autoridades, se desarrollan al margen del fisco.

El hecho mismo de que las cúpulas patronales expresen de antemano su inquietud ante una eventual alza de los impuestos, ya sea el ISR o el IVA, es indicativo de la existencia de tendencias favorables a tales incrementos en las oficinas gubernamentales encargadas de preparar el proyecto de Ley de Ingresos para 1999. La caída de los precios internacionales del crudo, así como las contracciones experimentadas por la economía nacional durante el presente año debido a fenómenos externos e internos, refuerzan esa posibilidad.

Sin embargo, el factor de mayor peso para que el Ejecutivo propusiera al Congreso de la Unión la aprobación de alzas impositivas sería el monumental incremento del déficit que se derivaría de una conversión de los pasivos del Fobaproa en deuda pública. Si los más de 500 mil millones de pesos de esa operación fueran convertidos en obligaciones de pago a cuenta del erario, ello significaría, inevitablemente, que una considerable porción de los impuestos que paga la ciudadanía se destinaría a saldar esa deuda. En la medida en que la recaudación fiscal resulta a todas luces insuficiente para tal propósito, la decisión de incrementarla sería inevitable. El empeño por cubrir con recursos públicos el hueco financiero causado en la economía nacional por la torpeza o la corrupción de la banca reprivatizada y de altos funcionarios gubernamentales se convierte, así, en un ataque a los bolsillos de los contribuyentes.

Ante un propósito tan manifiestamente inmoral, resulta por demás necesario dar cauce a las denuncias de juicio político planteadas ayer por las dirigencias perredista y panista contra los responsables gubernamentales del rescate bancario. Si no hay nada irregular ni delictivo en esa operación, no debería haber tampoco razón para que las autoridades se atrincheren y resistan con tanto énfasis los ejercicios de esclarecimiento.