Militares chilenos apoyan gestiones de Frei en torno al caso Pinochet

Enrique Gutiérrez, corresponsal, y agencias, Santiago, 27 de octubre Ť El presidente Eduardo Frei sostuvo hoy una reunión de más de cuatro horas con la cúpula del ejército chileno y negó haber pedido a sus colegas latinoamericanos apoyo en favor de la liberación de Augusto Pinochet, detenido en Gran Bretaña.

La reunión del mandatario con los militares, a la que asistieron el ministro de Defensa, José Florencio Guzmán, y el comandante en jefe del Ejército, general Ricardo Izurieta, provocó todo tipo de especulaciones, entre ellas la de que pudo haberse efectuado para expresar al presidente la postura de los militares en torno al caso Pinochet.

El ministro Guzmán calificó de ``delicada la situación'' ante el arresto preventivo del ex comandante en jefe del Ejército en Londres. No obstante los militares, quienes rindieron honores a Frei, dijeron que no había cuestionamientos en su contra, ya que todos apoyan los planteamientos oficiales ante lo ocurrido.

A la par, Frei negó informes de prensa en el sentido de que en Brasilia --donde asistió a la sanción del pacto de paz entre Ecuador y Perú-- habría pedido a países latinoamericanos asistentes firmar una carta en pro de Pinochet, pero que al negarse el presidente brasileño Fernando Henrique Cardoso, se habría frustrado el plan.

Frei dijo que él se concretó a explicar a sus homólogos la posición chilena de defensa de la inmunidad diplomática y rechazo a la extraterritorialidad, pero sin hacer ninguna petición. Al insistir en que no hubo pedido de ``ningún gesto'', añadió que la respuesta fue de ``acogida a nuestros planteamientos''.

En tanto que el gobierno chileno reiteró que el caso de Pinochet se complica ante el surgimiento de otras demandas de procesos y de extradición en Europa, el canciller José Miguel Insulza dijo desconocer un pedido de Gran Bretaña a sus connacionales para que no se expongan viajando a Chile y actúen con cautela.

Un juzgado de lo criminal en Santiago acogió este día una denuncia de activistas de derechos humanos en contra de Insulza, bajo el cargo de haber entregado un pasaporte diplomático a Pinochet para su viaje a Europa pese a que el ex dictador salía del país por motivos personales. El delito sería falsificación ideológica de instrumentos públicos.

En tanto que los partidos de la derecha se declaraban en movilización permanente y pedían un boicot a los productos e intereses británicos y españoles, el senador y ex almirante Jorge Martínez señaló que Chile debe prepararse para recurrir a la Corte Internacional de Justicia de La Haya si se prolonga la detención del ex dictador. Entre los pro-pinochetistas corrió la versión de que en la London Clinic había molestia por el asunto del ex militar, y que habrían pedido su traslado a otro lugar, ya que los clientes se alejaban. Pero se dijo que no habrá cambio de clínica, al tiempo que Pinochet pedía a sus partidarios ``que me saquen de aquí''.

Sin embargo, Pinochet no tiene ganas de seguir luchando y ``está entregado'', comentó su hijo Marco Antonio Pinochet, mientras que un sondeo de opinión arrojó que 62 por ciento de los chilenos quiere que se esclarezca la verdad y se juzgue a los responsables de crímenes, y los comunistas pidieron un plebiscito para una nueva Constitución.

Mientras el diputado Juan Pablo Letelier estimó que la transición no peligra, el arzobispo Franciso Javier Errázuriz fue increpado por Consuelo Castillo, nieta de una anciana escritora tratada salvajemente en la dictadura; Castillo pidió al prelado no demandar ``trato humanitario'' para Pinochet.

La Corte de Paraguay resolvió remitir a la justicia española toda la documentación sobre la Operación Cóndor de los Archivos del Terror, y el argentino Eduardo Duhalde abogó por un tribunal internacional para procesos como el de Pinochet; Javier Pérez de Cuéllar y Líber Seregni cuestionaron el aspecto jurídico del caso.

Ap, Dpa, Afp y Reuters, Londres, 27 de octubre Ť En tanto que la justicia británica decidirá este miércoles si revoca o no la orden de arresto contra Augusto Pinochet, Londres consideraría examinar en bloque las órdenes de extradición contra el ex dictador y recomendó a sus ciudadanos evitar viajes no esenciales a Chile.

Al mismo tiempo, el juez español Baltasar Garzón desestimó las apelaciones de la Fiscalía y decidió seguir adelante con el proceso encaminado a extraditar a Pinochet, mientras que en Madrid y otras ciudades comenzaba a circular un Manifiesto contra la Impunidad del pinochetismo y otros ex dictadores latinoamericanos.

El Tribunal Superior en lo Civil británico, tras concluir una audiencia sobre un pedido de la defensa para dejar sin efecto la orden de detención que pesa sobre el ex general chileno, de 82 años, anunció que una vez que escuchó a las partes, anunciará decisión mañana a las 14.00 horas locales, aunque trascendió que ello es un tanto incierto.

La defensa alegó que el acusado debe ser liberado porque goza de inmunidad diplomática debido a su condición de ex jefe de Estado y senador; sostuvo además que las autoridades británicas no pueden extraditarlo a España, ya que él no es español y criticó a Londres por no haber detenido la orden ``impropia'' en su contra.

El representante del ministerio del Interior británico, James Turner, expresó ante la Corte que el ministro Jack Straw tiene el deber de ser justo con ambas partes, y que no estaba en posición de actuar cuando se recibió la orden de arresto el 16 de octubre, pues en ese momento no contaba con toda la información relevante. No obstante, calificó de insostenibles los argumentos de los abogados del ex dictador chileno si se consideran la complejidad del caso y las obligaciones de Straw con las autoridades españolas, que solicitaron la detención preventiva mientras preparan una petición formal de extradición.

A su vez, los abogados del juez Garzón reafirmaron los cargos contra Pinochet relacionadas con la muerte de al menos 4 mil personas durante la dictadura militar, y asentaron que conforme el derecho internacional, el acusado es responsable de violaciones a los derechos humanos tales como asesinato, tortura y secuestro.

Mientras el abogado Alun Jones, de la fiscalía británica, señalaba que las violaciones a los derechos humanos perpetradas por un gobernante no son ``algo más allá de sus funciones como jefe de Estado'', la cancillería reafirmó su posición de que el gobierno no tiene derecho a intervenir anulando la orden de arresto.

Jack Straw, ministro del Interior, aclaró que hasta el momento Londres no dispone de ninguna demanda completa de extradición ni de España ni de Suiza, pues los jueces de ambos países sólo han iniciado el proceso de reclamación de detención de Pinochet, en momentos en que ya se habla de otros reclamos de Francia y Suecia. El plazo es de 49 días a partir del arresto, por lo que España tiene hasta el 25 de noviembre y Suiza hasta el 5 de diciembre; cuando esos países las envíen, las demandas formales de extradición irán primero a la oficina de Straw, quien podría esperar a tenerlas todas para poder definir quién presenta la mejor planteada.

Además de los países citados, se informó que tres chilenos residentes en Gran Bretaña y uno de otro país decidieron presentar una acción legal contra Pinochet como fórmula para bloquear la liberación del octogenario senador vitalicio, además de las demandas ya presentadas por Amnistía Internacional (AI) y otros organismos humanitarios.

La cancillería británica desmintió haber informado a España o a AI sobre la llegada de Pinochet en el país, y advirtió a sus conciudadanos evitar viajes no esenciales a Chile para no exponerse ante la situación ``inestable'' en dicho país, decisión que sorprendió a la cancillería del país sudamericano.

En Madrid, el juez Baltasar Garzón confirmó su pedido de extradición del ex dictador al rechazar una apelación del fiscal Eduardo Fungairiño. El magistrado dijo que le llamaba la atención que la Fiscalía llamara a Pinochet dictador, usurpador y asesino, y luego negara su competencia en cuanto al caso.

En España se preparan movilizaciones para el jueves, día en que la Audiencia Nacional se pronunciará sobre el pedido de extradición, mientras que Francia dijo que pediría la extradición de Pinochet si fuera ``necesaria y posible''.

Por su parte, el vicecanciller chileno Mariano Fernández dijo esperar que este miércoles sea liberado Pinochet, e insistió ante Londres que Chile es una democracia que exige respeto a su territorialidad y a su poder judicial.

Con todo, se anunció que dos responsables militares chilenos postergaron la semana pasada una visita a Londres, destinada a la compra de tres fragatas, debido al diferendo diplomático ocasionado por el affaire Pinochet.