En el foro Ciudades abiertas, ciudades competitivas, que formó parte de la Feria Internacional de Ciudades celebrada en Bogotá, Colombia, del 20 al 25 de octubre pasado, con participación de investigadores, técnicos y funcionarios de diferentes países de América Latina, Europa, Africa y Estados Unidos, se abordó el problema de la competitividad de las ciudades latinoamericanas, en el marco de la competencia económica que caracteriza la globalización en tiempos del neoliberalismo.

Como se esperaba, se presentaron dos posiciones distintas. De un lado quienes, ignorando el desgaste del modelo neoliberal mostrado por la profunda crisis financiera mundial y la amenaza de recesión global, sostienen que nuestras ciudades deben abrirse totalmente al capital en sus diferentes formas, privatizarse plenamente y, mediante técnicas de marketing, venderse en el mercado mundial inmobiliario y competir abiertamente con las demás ciudades de sus propios países o de los demás. Para ellos, el Estado nacional y los gobiernos locales deben aportar todos aquellos recursos de suelo, infraestructura y monetarios necesarios para facilitar a los inversionistas sus negocios. La planeación urbana, elevada al rango de ``estratégica'', es otro instrumento más de este marketing. La competitividad se alcanza cuando las ciudades atraen inversión nacional e internacional a sus diferentes actividades y áreas rentables. Conocimos y conocemos muchas de estas políticas y experiencias de competitividad urbana en América Latina y Europa.

Una segunda vertiente de pensamiento, aún poco materializada en acciones, parte de considerar que el neoliberalismo en América Latina y el mundo agudizó los procesos de empobrecimiento, informalización, exclusión social, segregación territorial, contaminación ambiental y vulnerabilidad, que hacen que nuestras ciudades sean profundamente ineficientes e inequitativas. Además de factores ligados a la estructura económica y social nacionales, esta inequidad social impide que las ciudades sean racionales, eficientes, productivas, solidarias y puedan crear las condiciones para una competitividad entendida a la vez como condición del crecimiento económico, el desarrollo social, la sustentabilidad ambiental y el mejoramiento de la calidad de vida de todos los ciudadanos.

En esta concepción, el reto de los gobiernos locales es enfrentar eficazmente los problemas sociales para crear las bases de una productividad y eficiencia crecientes y duraderas, que hagan que el conjunto de la inversión pública y privada actúe como motor de un desarrollo urbano solidario y para todos. La planeación urbana estratégica debe ser distinta del pasado, pero no reducirse a un catálogo de macroproyectos rentables para el capital o de infraestructuras de soporte a su inversión; por el contrario, debe ser un proyecto integrador a futuro, regulador, colectivo y promotor de la equidad distributiva, la justicia social, la sustentabilidad ambiental y la inclusión social y territo- rial. No se trataría de ``vender la ciudad a pedazos'' sin preguntar para que o a quienes, ni establecer condiciones, sino de orientar la inversión pública y privada hacia aquellas acciones pequeñas y grandes que dinamicen el entorno social, económico y territorial, preserven el medio ambiente y mejoren la calidad de vida de todos, empezando por los sectores pauperizados y excluidos. Debe indagarse sobre quiénes son los inversionistas, desterrarse la corrupción pública y privada, y la presencia de los que lucran especulativamente con la ciudad o la usan como cobertura de recursos ilegales; fijarse compensaciones que transfieran parte de las ganancia privada a beneficio público, revirtiendo la actual lógica de privatización de la ganancia y socialización de los costos.

Hoy, cuando el péndulo de la ideología y la práctica de empresarios y gobiernos parece retroceder del libre mercado a la regulación estatal, ante el fracaso evidente del neoliberalismo para quienes sostienen la segunda postura, es necesario no volver simplemente a versiones más o menos nuevas del keynesianismo, sino avanzar hacia proyectos diferentes a los ya caducos, que pongan como centro de sus objetivos la democratización real de las ciudades y sociedades, en lo político, económico, cultural, ambiental y territorial. En la transición en curso en la ciudad de México, es hora de abordar colectivamente esta discusión.