La intensificación de movimientos de tropas por parte del Ejército Mexicano en la zona de conflicto en Chiapas ha introducido un grave factor de perturbación en el escenario esperanzador recientemente abierto por la disposición de la dirigencia zapatista a reunirse con la Cocopa y agrupaciones de la sociedad civil. Diversas organizaciones no gubernamentales de la entidad han confirmado la realización de los operativos militares de provocación y amedrentamiento contra las comunidades zapatistas mencionadas por el EZLN en comunicados dados a conocer ayer. El propio coordinador gubernamental para el diálogo en Chiapas, Emilio Rabasa Gamboa, reconoció que tales movimientos han tenido lugar, aunque los describió como ``relevos periódicos de los elementos, abastecimiento, acciones de protección ecológica, seguridad de instalaciones vitales, destrucción de plantíos de enervantes y tareas de aplicación de la Ley Federal de Armas de Fuego''.

El hecho resulta alarmante por donde quiera que se le vea. Si, como afirman la dirigencia indígena rebelde y las organizaciones civiles regionales, se trata de acciones de hostigamiento contra las comunidades zapatistas, ello revelaría la existencia de un designio, en altos niveles del gobierno federal, por impedir el desarrollo de encuentros orientados a buscar una solución pacífica al conflicto chiapaneco. Si ha de darse crédito a lo dicho por Rabasa Gamboa, en el sentido de que son meros movimientos rutinarios, ello indicaría una inexcusable falta de sensibilidad política de las autoridades. En cualquiera de los casos, el accionar del Ejército Mexicano en la zona de conflicto elimina, en los hechos, el mínimo clima de confianza y seguridad requerido para que se lleven a cabo los encuentros de la dirigencia rebelde con los legisladores de la Cocopa y con la sociedad civil y, con ello, aleja las posibilidades de lograr vías de entendimiento que desemboquen en una paz digna y con justicia.

Lo anterior se inscribe en un patrón de sucesos -que dura ya tres años y medio- en el que las coyunturas favorables para avanzar hacia la paz han sido sistemáticamente disipadas por inopinados actos de hostilidad gubernamental. Pareciera confirmarse así, una vez más, la presencia, en los aparatos federal y estatal, de segmentos interesados en cerrar los caminos al diálogo y a un arreglo pacífico para Chiapas.

La voluntad de paz ha de demostrarse, en las actuales circunstancias, con acciones efectivas de distensión.

Los círculos gubernamentales deben comprender que no será posible la firma de una paz digna en un ambiente de amenazas, hostigamientos y provocaciones contra los indígenas rebeldes.